Romina De Luca
Vía Socialista
Hace más de un mes que las escuelas de todo el país aparecen, en la plana pública, atravesadas por la violencia. El tiroteo en la escuela de Santa Fe, a fines de marzo, dio lugar a una escalada de episodios de distinta índole. Escenas de violencia física entre estudiantes, pero centralmente las amenazas de posibles tiroteos convirtiendo a las escuelas en morgues parecieran repetirse sin parar. Las autoridades oficiales decidieron llamar este proceso “efecto contagio” de un supuesto desafío virtual que había aparecido en redes y se habría viralizado. En este cuadro, reclamaron a los medios de comunicación que no “espectacularicen” el proceso y evitaran su difusión. Sin embargo, a esta altura el fenómeno requiere una explicación un poco más profunda y se plantee una propuesta real. Veamos
Violencia escolar: qué hay de nuevo en un fenómeno viejo
Si bien es cierto que no hay tiroteos en las escuelas argentinas todos los días, el episodio de San Cristobal debe ser leído en un contexto más general. Por un lado, porque, entre mayo de 2024 y de 2025, en nuestro país se reportaron 140.000 casos de acoso escolar según la ONG Bullying Sin Fronteras. Las pruebas Aprender de 2024 reportaban que 1 de cada 3 estudiantes del secundario reconocía que en la escuela lo dejaban de lado, el 14% haber sido agredido por redes, un 20-23% que le habían sacado sus cosas. Pero más importante es la perspectiva histórica. Si revisamos los datos recopilados por los diarios, observaríamos que éstos recogen una pequeña porción de los casos acontecidos en las escuelas. Mientras el análisis de la prensa nos permitió contabilizar 876 casos para el período 1969-2010, los organismos educativos y dependencias policiales reportaban 3.393 casos. Se debe tener en cuenta que no existen datos oficiales de manera sistemática y que los pocos datos existentes implican la existencia de casos “reportados” lo que excluye las distintas formas de violencia molecular y naturalizada que atraviesa a las escuelas.
Más allá del número en sí, lo importante es destacar la relación entre la descomposición social y la emergencia de formas de violencia escolar como asaltos, ataques de patotas, agresiones físicas, robos, casos de portación de armas, episodios que tienen lugar en contextos de descomposición familiar, de violencia en las calles y en los barrios donde se implantan las escuelas. Afecta a las relaciones escolares, por eso, los protagonistas son estudiantes versus estudiantes o ataques de estudiantes a docentes o de las familias a docentes. Y evoluciona al calor de la degradación social: desde los noventa observamos que los casos de violencia escolar aumentan tanto ya sea en sus formas leves como graves -los que implican lesiones. En ese cuadro, a la escuela se la ha convertido en un espacio de mera contención y guardería social lo que erosiona tanto las relaciones como los vínculos que allí se desarrollan y facilita que la violencia se despliegue.
Lo que sucede es que los protocolos dispuestos por las distintas jurisdicciones se muestran inútiles y comparten una matriz común: trasladar el problema a las familias, mantener las clases (o recuperar los días perdidos), dar intervención a los organismos de supervisión escolar y a las fiscalías/policía a los fines de sancionar o imputar a los menores o a sus familias por amenazas, revisar a las/los estudiantes al ingreso a la escuela, cobrar multas. Se trata de recetas que provienen de quienes no garantizan equipos de orientación y/o gabinetes en cada escuela para poder atender los problemas de salud mental de las y los adolescentes, intervenir frente al bullying, detectar casos de violencia familiar, de vulnerabilidad, entre otros. También de quienes no crean los espacios de derivación fuera de la escuela si ella tuviera las herramientas para accionar.
En general, el sindicalismo de izquierda salió a denunciar la intervención policial como un giro punitivista que desconoce la violencia social. Suponen, equivocadamente, que el reclamo por seguridad es un problema de la “derecha” y no de la clase obrera. Una forma simplona de entender la violencia social. Efectivamente, la violencia social se cuela en las escuelas y encuentra terreno fértil hoy cuando se impone una mirada asocial, individualista, en el marco del “consenso liberal” que impone un igualitarismo bestial degradando las condiciones de vida de todos. Pero tenemos que reconocer que, en barrios obreros degradados, las y los estudiantes concurren a las escuelas armados, muchas veces, como formas de autoprotección o para resolver sus propios conflictos. La degradación de los vínculos y el individualismo no debería asumirse como algo dado. Entonces ¿qué hacemos? Si históricamente se exigió transporte gratuito para que la docencia ingresara a escuelas en espacios no seguros, tal vez lo mismo equivaldría para estudiantes y/o exigir herramientas para que las escuelas sean espacios seguros y libres de armas: scaners, lockers para dejar las pertenencias que no sean inmediatas a la tarea escolar, personal no escolar capacitado para manipular armas en el caso que aparezcan como la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados). Todo esto, es más concreto que la autoorganización juvenil o pedirle a la docencia que voluntariamente se haga cargo de las armas o del problema. Al mismo tiempo, se trata de construir una alternativa para el aquí y ahora: un programa realista para intervenir en la escuela y en la sociedad argentina. Para la escuela: equipos de orientación y gabinetes con personal suficiente en todas las escuelas ya sea para detectar o aspirar a recomponer vínculos sociales, atención primaria de la salud para estudiantes y familias, infraestructura escolar que contemple la construcción de espacios seguros para que estudiantes dejen sus pertenencias y gabinetes de salud, parejas pedagógicas en todos los grados y aulas son algunas de las medidas posibles. Recomponer el lugar de la escuela en la sociedad ayudaría a la reconstitución de sus vínculos.