¿Se viene otra reforma laboral?

Ianina Harari

Vía Socialista

La burguesía reclama permanentemente reformas laborales. Como vimos, hace décadas que la ley de contratos de trabajo se viene modificando sin resultados favorables. No se logró crear más empleo en blanco, ni bajar la desocupación como producto de la flexibilización. No obstante, los empresarios argumentan que hacen falta más reformas para promover la contratación de personal en blanco.

En el último coloquio de IDEA, un foro donde anualmente la burguesía se reúne a debatir sus necesidades, el reclamo volvió a ponerse sobre la mesa. El argumento que esgrimen es conocido: la legislación laboral argentina atemoriza a los empresarios y desalienta contratación de personal registrado. En el coloquio de IDEA desfilaron economistas ligados al kirchnerismo y al macrismo. Ambos coinciden en esta necesidad ¹.

Los cambios que pretende el empresariado suponen la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, pero ante la dificultad para tratar una reforma de esta ley, hubo acuerdo en que es necesario avanzar con cambios en los convenios colectivos de trabajo. De hecho, desde antes de su asunción, Alberto Fernández declaró públicamente en varias ocasiones que ese era su objetivo. Sin embargo, el fracaso de su gobierno le impidió contar con el respaldo político para avanzar con los cambios que prendía implementar en el marco de una recreación del Congreso de la Productividad. Por su parte, Juntos por el Cambio, que cuando gobernó no pudo hacer tratar la reforma laboral en el Congreso, renueva sus propuestas en este campo ². Los libertarios comparten, en general, sus planteos, mostrando que son más de lo mismo ³.

Ni justicia

La principal queja de la burguesía planera es lo que llaman “la industria del juicio”. Según argumentan, la normativa actual alienta a los trabajadores a entablar juicio con la perspectiva cierta de ganarlos. Por tanto, uno de los reclamos es modificar las multas a las empresas que no tienen bien registrados a sus trabajadores. Es decir, que no se sancione a quienes cometen fraude laboral. Esto está pensado específicamente para salvar a las pymes, que son las principales responsables del empleo no registrado y, por lo tanto, las más afectadas por los juicios. El proyecto macrista de reforma laboral preveía la eliminación de la indemnización que los trabajadores no registrados percibían al denunciar su situación, que en los hechos era la forma que tenían de acceder al cobro de indemnización por despido. Otra propuesta que se baraja es que las multas sean cobradas por el Estado y no por el trabajador, de forma tal de desalentar el juicio, lo cual dejaría al afectado sin compensación por haber trabajado en negro, sin aportes, sin obra social, con salarios por debajo de los de convenio, y en condiciones de trabajo sin ninguna regulación. Es evidente que se trata de un rescate a las pymes que no pueden subsistir pagando salarios que no sean de pobreza, menos aportando para la salud y la jubilación de sus obreros. Quieren ser burgueses, tener trabajadores a su cargo, pero no pueden costearlos, y entonces reclaman su derecho a sobre explotarlos.

El reclamo sobre las indemnizaciones también se extiende a los trabajadores registrados. Lo que buscan es mayor libertad para despedir, con el menor costo posible. La clase obrera argentina logró que el costo del despido sea elevado respecto a otras partes del mundo. Lo que se quiere es reducir el monto, algo que ya hicieron distintos gobiernos mediante la modificación del cálculo indemnizatorio, más precisamente de su base. Hasta ahora, se calcula un sueldo por año estimado sobre “la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año”. Como no se explicita qué ítems están incluidos y cuáles no, su interpretación permite la inclusión de todas las sumas que percibiera el trabajador. El proyecto macrista pretendía excluir las horas extras, el aguinaldo, las comisiones, premios o bonificaciones de la base salarial sobre la que se calcula. Además, se buscaba disminuir el plazo para accionar judicialmente, que actualmente es de dos años.

Hay un proyecto más ambicioso, que busca eliminar la indemnización y reemplazarla por un modelo que ya existe en la industria de la construcción: el fondo de cese laboral. Rige en ese sector desde 1967 (Decreto Ley nº 17.258) y fue incorporado luego al estatuto de la actividad en 1980 (Ley nº 22.250). Los obreros de la construcción hace décadas han perdido el derecho a cobrar una indemnización y en lugar de ello, los patrones simplemente depositan en una cuenta un porcentaje del salario que, acumulado mes a mes, será lo que el obrero se lleve cuando finalice la relación laboral. Esto está “justificado” en la naturaleza transitoria de la actividad (aunque ello podría cuestionarse). Este fondo es administrado por un instituto creado a tal fin, compuesto por el sindicato y la cámara patronal, que puede disponer de ellos. Es evidente que ello constituye una caja para los dirigentes sindicales y una fuente de negocios conjuntos con el empresariado.

Una variante de esta idea es el proyecto llamado “mochila austríaca”, que levanta un sector de Juntos por el Cambio. Consiste en que el empresario pague un seguro de garantía de indemnización sobre la nómina salarial que, en caso de despido, el trabajador cobraría mes a mes hasta agotar los meses de antigüedad. Si, por el contrario, el empleado cambia de empresa, se lleva consigo el derecho a la indemnización y la antigüedad acumulada. Esto tiene un doble beneficio: la burguesía se ahorra la indemnización y el Estado, el seguro de desempleo.

Los costos laborales

Los costos laborales son una de las mayores preocupaciones de la burguesía planera. Es el principal argumento que utilizan para justificar el negreo de trabajadores. Uno de sus objetivos es la reducción de las contribuciones patronales. También, en este punto, todos los gobiernos fueron colaborando en reducir lo que las patronales pagan por cada trabajador. En especial, la burguesía más parásita: las pymes. Durante el menemismo, el kirchnerismo y el macrismo se redujeron las cargas patronales con un beneficio especial para las pymes, que son las responsables del trabajo en negro. Cristina no solo rebajó las cargas para los trabajadores que registrasen las pymes, sino incluso para empresas más grandes (al margen que buena parte de las pymes trabaja como tercerizada). El problema con este tipo de medidas es que desfinancian la ANSES. Un ejemplo aún más extremo fue cuando Cristina permitió la extensión de los convenios de corresponsabilidad gremial que regían en el ámbito rural a cualquier actividad, lo cual permitía un régimen de aportes reducido.

Se supone que la rebaja de los costos laborales va a estimular la creación de empleo registrado. Otra vez, se espera que las pymes blanqueen a sus trabajadores a partir de estas iniciativas. Sin embargo, ninguna logró el objetivo: el trabajo no registrado no desciende. Massa tiene un proyecto que no solo busca rebajar más las cargas patronales, sino incluso pagar parte de los salarios ⁴. Esto se haría mediante un plan para que los actuales perceptores de planes sociales sean contratados en blanco y el plan que cobran sea parte del salario. Con ello, el empresario no solo ganaría con rebajas en las contribuciones patronales, sino con salarios subsidiados. Esto es algo que también se baraja en Juntos por el Cambio.

Las “nuevas figuras”

Entre las reformas que reclama la burguesía, se destaca también el pedido de “modernizar” o “adecuar” la normativa a las “nuevas formas de trabajo”. En ese sentido, se pide la creación de nuevas figuras laborales y modificación de otras ya existentes. Por ejemplo, el proyecto del macrismo apuntaba a favorecer la tercerización laboral bajo diferentes modalidades: ya sea contratando empresas o monotributistas para tareas específicas de forma temporal. Ello ya existe, pero para incentivar esta modalidad se pretende excluir de la responsabilidad solidaria a la empresa contratante para una serie de actividades. Hasta ahora, la empresa principal es responsable por las condiciones laborales del personal de la empresa que subcontratara y cualquier tercerizado podía accionar judicialmente con ella. La idea es que esto no se aplique para las principales actividades que suelen ser tercerizadas (limpieza, mantenimiento, gastronomía, informática).

Complementariamente, otro proyecto trunco del macrismo que se podría reflotar es la formalización de la contratación de “trabajadores autónomos”, lo que también permitiría evitar demandas por fraude laboral. Esto se lograría excluyendo del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de Trabajo a los trabajadores autónomos “económicamente vinculados”. Es decir, a quienes “presten servicios” de manera habitual y directa para una persona o empresa.

Lo que se busca con esto no es más que formalizar las modalidades que hoy están extendidas en el mercado laboral y que eluden la formalización de la relación de dependencia, facilitando la desvinculación de trabajadores.

Más de lo mismo

El consenso que gestó la burguesía como salida de la crisis tiene como principio la necesidad de un ajuste profundo sobre la clase obrera. Existe un acuerdo en todo el arco político patronal y de la burocracia sindical de que hay que moderar los aumentos salariales para frenar la espiral inflacionaria, que hay que terminar con los subsidios a los usuarios particulares, que hay que eliminar los planes sociales. También, de la necesidad de reducir los costos laborales mediante algún tipo de reforma, sea por la vía de reformar la Ley de Contrato de Trabajo, los convenios colectivos o ambos. Eso también es parte del ajuste que se viene. Un ajuste que busca elevar la tasa de explotación, degradando más las condiciones de trabajo de los obreros. Por supuesto, nada de esto se hace en nuestro beneficio. Está probado que ninguna de estas medidas es eficaz para combatir la desocupación y el trabajo en negro. Pero no es esto lo que en realidad les importa. No les importa salvar a la clase obrera de la miseria en la que está hundida, sino sacar a flote a una burguesía inútil para todo propósito, que no solo no tiene la potencia para sacar al país de su decadencia histórica, sino que ni siquiera pueden mantener su estatus de burgueses por su cuenta. Quieren que los obreros nos ajustemos para que ellos puedan mantener empresas que, en realidad, están quebradas. Si queremos escapar al destino que nos deparan, hay que construir otra alternativa. Un ajuste sobre los que verdaderamente sobran: los burgueses planeros. Una vía socialista para sacar al país del pantano y alcanza un desarrollo que nos permita tener una vida que valga la pena.

Publicado en El Aromo Nueva Época N° 7 – Noviembre 2022

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Ianina Harari

Vía Socialista

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