Jesús Noel Hermoso
Bandera Roja-Venezuela
Los venezolanos hemos padecido el horror demasiado tiempo. Pero antes que los terremotos, la placa tectónica de la venezolanidad ya estaba fracturada. No es hipérbole, son cifras. El doblete sísmico vino a desbordar lo que ya había copado de dolor y sufrimiento a nuestra nación, entre otras cosas, con el éxodo de cerca del 30% de la población. Familias despedazadas por la siniestra estafa de una dictadura delictiva que se adueñó del Estado. Pero la comparación es aterradora.
La riqueza de una nación (Adam Smith dixit) es la suma de lo que produce su trabajo. No hay economista que pueda llevar la contra en esto. A esa riqueza se le suma la ventaja que brinda la naturaleza y la disposición de sus ciudadanos a bien aprovecharla. Partiendo de allí y sin entrar a valorar los asuntos de la distribución y naturaleza de la apropiación de esa riqueza, el núcleo fundamental del tesoro nacional venezolano, fue destruído mucho antes por una catástrofe inigualable: el chavismo.
Cataclismo industrial y laboral
En esta entrega solo vamos a revisar las dos fuentes principales de la riqueza nacional: La fuerza laboral y el petróleo. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, en Venezuela había cerca de 13 mil industrias vinculadas a la manufactura. La fuerza laboral activa en esa rama superaba holgadamente los 500 mil obreros directos tanto en el sector privado como en el público. Para 2026 apenas quedan en pie menos de 3 mil industrias, con menos de 120 mil obreros activos en las plantas industriales sobrevivientes. Esto representa una caída de las fuerzas productivas cercana al 80%, sin tomar en cuenta el crecimiento poblacional y de mercado, que amplía sustancialmente este porcentaje.
Pero el doblete telúrico que acabamos de vivir no ocasionó daño en la infraestructura industrial. Apenas cerró temporalmente el 20% del parque industrial, ya nuevamente activo según Conindustria. Sin embargo, la muerte de miles de venezolanos bajo los escombros de la corrupción, el abandono total de la planificación y la desinversión social y habitacional, han arrebatado un número muy elevado de venezolanos en capacidad de trabajar. Y aún así, los terremotos no superan la cifra ocurrida con el éxodo de venezolanos de su propia tierra que, para 2026 y según la cifra oficial que brindan los gobiernos del mundo, alcanza los 7.8 millones, excluyendo la migración irregular que podría elevar este número de forma sustancial. La masa laboral perdida antes, ya era descomunal.
Adicional a esto, antes de los terremotos los trabajadores habían perdido totalmente su ingreso real y nominal. En 1999 el salario promedio de un obrero era de $350, con efectos directos sobre su patrimonio a través de contrataciones colectivas y prestaciones sociales, aguinaldos y otros beneficios. En 2026 el salario promedio de un obrero según cifras privadas alcanza precariamente los $210 pero no supera los 14 meses de ingreso al año; el salario mínimo oficial no supera los $0.2 y el resto del ingreso se diluye en bonificaciones que no tienen ningún efecto sobre el patrimonio del trabajador. La desregulación total del trabajo ha sido una hecatombe.
El deslave petrolero
El petróleo sigue siendo nuestra principal fuente de ingresos y aunque sea manido, es fundamental recordar la reducción significativa de la producción, que para 1999 rondaba los 3.2 millones de barriles diarios (bpd) y para este 2026 se acerca a menos de la mitad, con 1.25 millones de bpd y la meta de alcanzar 1.5 millones bajo el control tutelar del imperialismo estadounidense. Pero las cifras deben cruzarse, además, con el crecimiento poblacional y el urgente incremento que debe existir en inversiones del Estado. Aquí el asunto empeora. Pero veamos.
Primero, los ingresos netos aproximados por renta petrolera en 1999 rondaban los $16.500 millones. Ahora en 2026, la estimación del Gobierno es de $22.000 millones. Sin embargo, existen números que descomponen más estos ingresos. Para 1999 el precio promedio del barril era de $16 y para 2026 fluctúa entre $65 y $75; esto implica que, aunque el precio del barril se multiplicó por más de 4, el ingreso apenas subió un 33%, lo que proporcionalmente representa una caída de más de 3 veces el ingreso real latente. Una pérdida del 70% de ingresos en comparación con 1999, sin contar los terremotos.
Segundo, Los ingresos en 1999 por materia de renta petrolera entraban netos al fisco nacional a través de Pdvsa. Hoy, los ingresos petroleros están comprometidos por deudas, laudos internacionales y socios privados, además de que el Estado Venezolano ha cedido mediante leyes recientes y entrega directa, la administración de esos recursos a manos de los EEUU. De hecho, es tan grave la entrega de lo poco que ingresa por petróleo al país, que los senadores demócratas en EEUU han lanzado una campaña e impulsan una Ley que busca hacer públicas las cifras controladas discrecionalmente por el Gobierno de Donald Trump, que se estiman en más de $8.000 millones.
En ninguna de las causas de esta destrucción aparecen las sanciones estadounidenses contra Venezuela ni las acciones de la oposición. Estamos ante la destrucción total del Estado venezolano, de la mano del chavismo y desde sus propias entrañas. Este ha sido el verdadero cataclismo.
Un desastre que nadie quiso ver
El Estado venezolano está devastado. Lo poco que queda se encuentra secuestrado por los peores hombres y mujeres del país. El doblete sísmico que nos golpeó no hizo más que desnudar la verdad. La muerte institucional no comenzó el 29 de junio de 2026, pero fue en ese sacudón y su honda crisis que se reveló nuestro lado más primitivo como República. La bondad y la maldad se desbordaron y, en ese claroscuro (parafraseando a Gramsci) quedó expuesta la verdadera magnitud de la tragedia.
No es algo especulativo. La catástrofe no solo destruyó ciudades y vidas, también alteró la mente colectiva de nuestra sociedad. El cerebro desactivó, como suele suceder en momentos críticos, el “piloto automático”: la amígdala tomó el mando, la supervivencia se impuso y emergieron, con ella, tanto la capacidad de adaptación como las vulnerabilidades más terribles de la especie.
Una tragedia de esta magnitud generalmente tiene efectos neurobiológicos y psicológicos, no solo en la población que la padece de forma directa, sino en la que participa por proximidad o apego social. En la psicología de emergencias se distinguen dos respuestas: La adaptativa, que potencia el altruismo, la cooperación y la creatividad para salvar vidas. Y la desadaptativa, que reduce la empatía y exacerba el egoísmo, el acaparamiento y la violencia por la sobrevivencia.
Haber vivido sendos terremotos tan devastadores ha producido, como nunca antes, un efecto mucho más complejo que la destrucción urbana y la pérdida de tantas vidas. Y es necesario abordar esta perspectiva para entender de qué crisis estamos hablando y por qué es más profunda de lo que se imagina. Los terremotos han mostrado lo bueno y lo malo de los venezolanos, pero con un patrón sumamente inquietante: lo peor provino principalmente del Estado.
En La Guaira vimos lo mejor de la sociedad. Los más pobres, los más golpeados, los más subestimados, los “locos de la cuadra”, han sido también los más heroicos. La escena en el que un grupo de mujeres arrebató billetes de $100 a policías delincuentes y los rompió, uno a uno, es un símbolo de bifrontismo en esta tragedia. Mientras unos policías se querían enriquecer, las mujeres no usaron los billetes para comprar comida ni insumos: los destruyeron. En ese gesto, la dignidad del pueblo venezolano se volvió incalculable.
Pero ¿qué situación lleva a unas mujeres a romper tal cantidad de dinero, quién sabe de qué forma obtenido, y qué lleva a esos funcionarios a robarlos mientras miles mueren bajo los escombros?
El Estado, en general, actuó corroboradamente indolente. Desde la ausencia total de maquinarias y de actividad de rescatevhasta casi el tercer día, hasta el decreto de luto, 8 días después del doblete sísmico, toda la respuesta del Gobierno muestra una indolencia inaudita, inhumana. Ni siquiera hay un registro fiable sobre la situación de la niñez que permita corroborar o descartar denuncias de desapariciones y/o secuestro de niños y niñas rescatadas. Ni hablar del triunvirato gobernante, cuya principal preocupación ha sido la de actos protocolares y de adulación al Gobierno de Donald Trump.
Pero si algo revela la información conocida sobre los casos de actuación primitiva, es que las reacciones desadaptativas más emblemáticas han sido protagonizadas casi en su totalidad por funcionarios del Estado, particularmente por policías y militares, las bases represivas y de sustentación de la dictadura que gobierna.
Por el contrario, los actos de mayor compasión, solidaridad, desprendimiento, amor y entrega por el prójimo, han estado destacadamente en personas desamparadas y en la sociedad civil. Los más desatendidos y, al mismo tiempo, los más nobles de este tiempo.
Un cotejo rápido con base en las informaciones más destacadas revela un tenebroso patrón:
El ya mencionado robo de divisas en las Residencias Vallarta (La Guaira). Los ciudadanos grabaron a estos agentes policiales del CICPC sustrayendo un fajo con aproximadamente $10,000 dólares en efectivo, perteneciente a una familia damnificada.
Saqueo de electrodomésticos en motocicletas oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con cajas de grandes dimensiones con equipos de sonido nuevos. También grabados y enfrentados por ciudadanos indignados.
Incursiones y hurtos en apartamentos residenciales desalojados en Catia La Mar, a los que ingresaban luego funcionarios militares. Denunciado por ciudadanos y víctimas del robo.
Captura y entrega de un funcionario militar alcoholizado mientras vigilaba la labor de remoción de escombros y salvamento de vidas que adelantaban decenas de ciudadanos.
Despojo de insumos y extorsión en puntos de control luego de la militarización de las zonas de desastre y la imposición de salvoconductos estrictos para transitar entre Caracas y La Guaira. En este caso, los agentes policiales y militares retenían o robaban utensilios de cocina, ollas, ropa, comida, equipos y calzado, bajo el pretexto de revisiones de seguridad en los accesos restringidos.
La desaparición forzada del rescatista improvisado Wilmer Antonio Cruz, apodado por la gente como “El Topo de La Guaira”, quien habría sido secuestrado por parte de presuntos funcionarios del Estado vestidos de negro, luego de criticar abiertamente al Gobierno interino por la desatención y la falta de insumos y equipos para remover los escombros y salvar más vidas.
Pero en las denuncias dirigidas contra civiles, es sorprendente que sean sustancialmente menores y menos relevantes. Se reducen a hurtos por calamidad, asociados al saqueo de casas abandonadas en la zona de desastre por parte de delincuentes comunes, el saqueo de algunos comercios en medio de la tragedia y, en dos casos extremos, abuso sexual.
Es significativo que los actos de mayor degradación humana se concentren en acciones cometidas por el Estado, funcionarios de seguridad y militares. La fuerza represiva policial y militar del Estado venezolano es, como evidencia la suma de hechos, la que peor ha actuado en esta tragedia.
Esto pone en evidencia lo que hemos señalado de diversa forma en otros escritos: estamos frente al enfrentamiento entre el Estado venezolano y sus ciudadanos: Y queda evidenciado con los efectos psicológicos y sociales inmediatos en esta tragedia.
Delincuentes contra la sociedad
Hemos dicho que Venezuela y su Estado/Gobierno ha sido tomada por asalto por una banda de delincuentes. Y estamos, además, frente al Estado más humanamente descompuesto en nuestra historia. Lo peor de la sociedad controla, por la fuerza, al resto de ciudadanos.
Esto no solo revela el grado de descomposición del Estado, sino que compromete al Gobierno de Donald Trump al poner al servicio de sus intereses particulares a esta banda de criminales, luego del 3 de enero de 2026. Esto también ha quedado al descubierto.
Pensé, al inicio, que esta tragedia podría permitir a Los Rodríguez lavarse la cara y actuar de una forma más oportuna y empática, simular siquiera una forma más humana. Y que, incluso, esto podría retrasar un tanto el anhelo de cambio que hierve en la sociedad venezolana. Pero me equivoqué. La tragedia no lo retrasó: lo aceleró. Ha dejado claro que la salida de esta caterva de delincuentes es urgente, aunque implique los sacrificios más duros. Porque los ciudadanos ya no tenemos nada que perder, salvo nuestras cadenas.
16 de julio de 2026