Sobre el anuncio del gobierno del salario mínimo garantizado
Ianina Harari
Vía Socialista
El Aromo Tercera Época – N° 11 – 3 de octubre de 2026
El gobierno dio a conocer un proyecto para imponer un piso salarial en las negociaciones paritarias. La propuesta es que las categorías más bajas de cada convenio no bajen de $1.070.000 brutos ($880.000 netos aproximadamente). De esta forma, el gobierno promete que se produciría un aumento, al menos para los salarios más bajos de quienes están registrados. Esta medida muestra una vez más la política intervencionista que tiene en las negociaciones paritarias, donde, contrariamente a los principios liberales que dice defender, mantiene topes a los aumentos y se niega a homologar aquellos que superan la pauta prevista. Esta vez, según dice, buscará elevar el piso salarial. Parece una medida progresiva, pero que en la práctica no va a solucionar uno de los principales problemas que enfrentan los trabajadores: la pauperización galopante.
Un primer problema es el alcance de la medida, que tiene dos límites. El primero es que solo alcanza a los asalariados formales, que cada vez ocupan una porción más chica del mercado laboral. Durante el gobierno de Milei se perdieron 384.200 puestos de trabajo en blanco y este sector representa a menos del 40% del mercado laboral, dado el crecimiento del empleo informal y del monotributo. Además, la medida excluye a las trabajadoras de casas particulares, cuyos salarios se encuentran entre los más bajos de la economía. El gobierno no aclaró si la medida incluirá los salarios estatales, teniendo en cuenta que también están deprimidos. En la administración pública nacional el salario de la categoría más baja, sin antigüedad, se ubica en $567.661,92 para septiembre. Suponemos que no, porque la paritaria se cerró hasta diciembre y no se habló de este punto. Es lógico después de las declaraciones del presidente, que festejó la caída salarial de los estatales como una promesa de campaña cumplida.
La otra limitación es que, más allá de estas exclusiones, la medida tampoco modificaría demasiado la situación de quienes sí estarían alcanzados por ella. La gran mayoría de los salarios de las categorías más bajas de los convenios colectivos del sector privado ya se encuentran por encima de esa cifra, con pocas excepciones. Por ejemplo, para los gastronómicos la escala salarial comienza en $990.555, por lo que el aumento nominal sería casi de $80.000. En una situación similar se encuentra el convenio de camioneros. Otro sector donde podría modificar algo es en el de la construcción, que se encuentra golpeado por el recorte de la obra pública y la crisis, además de que se trata de uno de los sectores con más incidencia de trabajo en negro. Por lo tanto, tampoco pareciera que el impacto fuera a ser muy importante.
Un problema adiciones es que, incluso si la misma se aplicara, muchos convenios se mantendrían con salarios iniciales por debajo de la línea de pobreza, dado que son pocos los que tienen escalas que empiezan por encima de ese valor. El monto del salario mínimo que el gobierno propone para las paritarias se ubica por debajo de la canasta básica total para un hogar promedio, que es lo que determina la línea de pobreza. El INDEC calcula que una familia necesitó en agosto unos $1.605.497 para no ser pobre y $726.469 para no ser indigente. Ningún salario debería ubicarse por debajo de la línea de pobreza. Lo que ofrece el gobierno ($880.000 en mano) se ubica por encima de la línea de indigencia, pero es casi la mitad de la de pobreza.
En marzo de este año (último dato disponible), el 41% de los asalariados registrados ganaban por debajo de la línea de pobreza de ese mismo mes. Ese porcentaje es mayor para los trabajadores estatales y para los informales, cuyos salarios tienden a ubicarse por debajo de los registrados. En lo que va de la administración libertaria, los salarios estatales son los que más perdieron, alrededor del 30%, y se encuentran en niveles históricamente bajos. Por ello, un 27,4% se ubica por debajo de la línea de indigencia. Si tomamos el cálculo de ATE Indec para determinar cuál debiera ser el salario mínimo, el problema empeora. Los trabajadores de ese organismo toman la canasta básica y le agregan cuestiones elementales que no se incluyen en ella, como el alquiler. De esta forma, estiman que para cubrir sus consumos básicos un hogar necesita $2.558.677 y ese debería ser el salario mínimo. Esta cifra es casi el triple de lo que propone el gobierno y alrededor del 75% de los asalariados formales gana menos que eso. Como se observa, una parte importante de los salarios formales son de pobreza y el monto que propone el gobierno no es suficiente para revertirlo.
Mientras anuncia esta medida que no tiene ninguna relevancia para frenar el deterioro del nivel de vida de los trabajadores, sigue pisando las paritarias. En sus tres años de gobierno, los libertarios se encargaron de imponer un estricto tope a los aumentos paritarios, siempre por debajo de la inflación, y se negaron a homologar convenios que lo superen. Así, se aseguraron de mantener pisados los salarios para que actúen como ancla inflacionaria. Dado que esta política va a continuar, cualquier aumento real que se pueda conseguir con una medida como la del salario mínimo garantizado va a diluirse rápidamente.
La política del gobierno de Milei ha sido exitosa en lograr un ajuste histórico en los salarios. No se trata de una novedad, sino que es la continuidad y la profundización de un proceso que lleva décadas en la Argentina: la creciente pauperización de la clase obrera. La tendencia a la caída salarial es constante y el gobierno no hace más que profundizarla. El salario real promedio es hoy la mitad que en la década del 70, y no es solo culpa de Milei. Todos los gobiernos contribuyeron a esa caída histórica y al deterioro del mercado de trabajo, transformando a los asalariados registrados en una minoría. La pauperización de la clase obrera es una tendencia persistente que no va revertirse bajo el capitalismo. Solo la planificación socialista puede lograr un desarrollo económico en el que los trabajadores logren mejores condiciones de vida.