Ni garantismo ni mano dura, disciplina social. Cómo resolver el aumento del delito en Argentina

Fabián Harari

Martín Pezzarini

Vía Socialista

Las rejas, las alarmas, las cámaras, las agencias de seguridad privada o un arma propia, según la posibilidad económica de cada uno, se transformaron en parte del paisaje cotidiano. La vida, en Argentina, se tornó más vulnerable. Quienes nacieron en este siglo pueden naturalizar la situación, porque no vivieron otra. Quienes tenemos un poco más de años, presenciamos, con horror, estos cambios. Sobre todo, porque esos fenómenos no describen un escenario, sino un movimiento. Dicho de otra forma: de seguir así, nos esperan cosas peores.

Cuando vamos a los diagnósticos y soluciones que nos ofrecen hasta ahora, nos encontramos con dos programas. El primero es muy conocido: la llamada “doctrina Zaffaroni”, que abarca un amplio campo que oscila entre negar el problema hasta sostener que el delito es una forma de “lucha de clases”. Según esta mirada, el delincuente es simplemente un desposeído que intenta conseguir, por la acción directa, el acceso a bienes que la economía le niega; se trata de una “guerra”, subterránea y cotidiana, contra los que lo poseen todo. Por lo tanto, la solución no es reprimir, sino “contener”.

El segundo programa también es conocido: la “mano dura”. Según esta mirada, la sociedad funciona muy bien, pero siempre hay gente que se “desvía”. El delito es una decisión individual que cada uno toma libremente. Por ende, si las leyes y la vigilancia del Estado pierden fuerza, los crímenes van a aumentar, que es lo que habría venido pasando en las últimas décadas. Entonces, la solución son leyes más restrictivas, procesos más cortos y con menores garantías procesales y un mayor despliegue del aparato represivo. En realidad, la solución no está en las leyes. Hay que buscarla en otro lugar.

El primer paso es medir el tamaño del problema. En el gráfico 1, podemos ver la notable expansión de la cantidad total de delitos en el país. En 1970 teníamos casi 270.000 y, en 2019, 1.765.000. Estamos ante un fenómeno muy considerable. Más aún si tenemos en cuenta que estamos hablando solo de los casos denunciados. Un estudio estatal que se realizó en 2017, consignó que se denunciaron solo el 53,5% de los delitos que se cometieron contra los hogares y el 33,3% de los delitos contra las personas. En cuanto a su evolución en el tiempo, vemos un incremento más bien paulatino y constante.

Se puede argumentar que el delito creció con la población. Pero en el mismo gráfico 1 podemos apreciar que la tasa de delitos cada 100.000 habitantes prácticamente se cuadriplicó. Para poner esta tasa en números más cotidianos, en un año, 2016, al menos 5,4 millones de personas fueron víctimas de algún delito. Si tomamos los homicidios dolosos (premeditados), desde el 2001 al 2019, han sido asesinadas 52.128 personas. Por lo tanto, estamos ante un problema serio, extendido y creciente. Con estas cifras, cuesta mucho creer que sea un tema menor o que sea solo un problema de los “ricos”.

¿De qué hablamos cuando nos referimos a los “delitos? Básicamente, de robos y hurtos, que suman, a lo largo de las últimas tres décadas, algo más del 60% de los delitos totales. Seguramente ese porcentaje es mayor, porque se trata de hechos con menor propensión a ser denunciados (por ejemplo, frente los homicidios, que ocupan el segundo lugar). El predominio de estos delitos es lo que envalentona a los “garantistas” a hablar de los ladrones como verdaderos “luchadores” contra la propiedad privada. Para poder convalidar semejante delirio, habría que examinar, primero, a quiénes les quitan estos “justicieros”.

Toda la maquinaria estadística del Estado está puesta para averiguar quiénes son los imputados. Nunca le interesó a nadie saber sobre la condición de las víctimas. Solamente, en el año 2017 se realizó un estudio sobre el problema. Resultado: en 2016, de 3,5 millones de personas que sufrieron un robo o hurto, un tercio no tenía cloacas en sus casas y el 42% vivía en un hogar que no superaba la canasta básica total. Un poco más de un millón de hogares sufrieron algún robo. De esa cantidad, el 40% no tenía cloaca y el 45% ni siquiera alcanzaba a cubrir los gastos comprendidos en la Canasta Básica Total que calcula el INDEC para cuatro personas. Ese escenario es aún peor en algunas provincias como Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy y Santiago del Estero, donde más del 60% de los hogares que sufrieron robos y hurtos (o tentativas) no cubren el valor de esa misma canasta. Si vamos a los hechos violentos, los barrios “vulnerables” de CABA contienen al 19% de la población, pero son castigados con el 40% de los homicidios del distrito en 2021. En 2020, sobre 120.301 delitos contra la propiedad, solo 30 fueron realizados contra casas en countrys o barrios cerrados. Los robos a los bancos prácticamente desaparecieron. En 2008, uno de los años con mayores hechos de este tipo, se registraron 47, sobre un total de 769.227 delitos contra la propiedad de ese año. Queda claro que la principal víctima de la delincuencia es la clase obrera. En particular, sus capas más sumergidas. Por lo tanto, el delincuente no es un justiciero. Es simplemente un parásito que vive de quitarle violentamente al obrero la poca propiedad que este tiene. Es un agente de la degradación de la vida social en general y de las condiciones de la clase obrera en particular. Un burgués tiene muchos más recursos para defenderse. Por eso, a mayor pobreza, mayor riesgo. El hecho de que el agresor haya salido del mismo lugar que sus víctimas no cambia el sentido del problema. No se puede asociar la delincuencia a la pobreza sin más, porque las víctimas son una aplastante mayoría frente a los agresores. Oponerse a reprimir el delito y dejar que todo se solucione espontáneamente no solo es una posición liberal extrema, sino que desnuda la posición de clase de quien la enuncia: Zaffaroni y compañía no sufren lo que sufre la clase obrera.

“Bien, entonces, hace falta mano dura”, parecen decir desde la otra vereda Berni, Bullrich y tantos otros. El problema es que, a pesar de todo el llanto de estos personajes, es lo que se ha venido haciendo sistemáticamente. Desde los años ’90 hasta la actualidad, todos los gobiernos han incrementado el presupuesto en seguridad, salvo una leve caída durante el gobierno de Macri, (véase gráfico 2). Pero, también, creció notablemente la cantidad de personal abocado a ello. Por ejemplo, si tomamos todas las fuerzas destinadas a la seguridad (fuerzas federales y policías provinciales, excluyendo FF.AA., que no se dedican a esas tareas), nos encontramos que desde 1994 a 2015 se duplicó la cantidad de efectivos (de 214.821 a 429.658). Ahora bien, en relación a la población se pasó, en ese mismo período, de 637 efectivos cada 100.000 habitantes a 996, un aumento de casi el 50%. “Claro, se dirá, pero igual salen todos libres…”. Bueno, veamos entonces la cantidad de presos sobre la población en general. En el año 2000, teníamos 105 presos por cada 100 mil habitantes. En 2019, esa cifra subió a 223. Eso, tomando solo las cárceles (federales y provinciales). Si sumamos a las comisarías y alcaldías, la cifra para el último año llega a 243. Se puede decir que también habría que agregar esos detenidos al año 2000, pero su peso fue subiendo con el tiempo. Desde 2014, aumentó un 99% en el caso de las comisarías y un 182% en las alcaldías. Es decir, cada vez se pone más plata para equipar a cada vez más efectivos, para encarcelar cada vez a mayor cantidad de población, pero el resultado no cambia: cada vez hay más delitos.

Como vemos, la causa del aumento de la delincuencia no es “la pobreza” en general (Brasil y los EE.UU. son países con mayores índices), ni la “mano dura” sino un fenómeno diferente: la descomposición social y el crecimiento del lumpenproletariado. Es decir, la ruptura de relaciones sociales (económicas y morales) y el desclasamiento de una cantidad creciente de personas que pasan a engrosar las filas de grupos delictivos, con un grado de organización variable. Esa descomposición opera contra la población más desposeída y penetra en las organizaciones represivas. Por eso, la “mano dura” y la “mano blanda” no hacen más que multiplicarla. En otra entrega, vamos a dedicarnos a entender mejor ese mundo.

Por ahora, lo que nos importa es que el proceso en el que se inscribe ese fenómeno es el de la pérdida de una disciplina social. ¿Qué significa eso? Uno hace o deja de hacer cosas porque evalúa los límites que la sociedad impone. Por ejemplo, durante décadas, una persona en Argentina tenía un trabajo estable con el cual mantenía su casa y su familia, disfrutaba de ratos de ocio con sus amistades y difícilmente se hubiese sumado a una banda armada para asaltar a sus vecinos, porque implicaba poner en juego todo lo que tiene (Puccio, por ejemplo, era un marginal). Sabe que debe acostarse y levantarse a determinada hora. Tiene su día prácticamente pautado: desayunar, llevar a sus hijos al colegio, ir a trabajar, volver, hacer las compras, etc. Pero además, la propia gente que lo rodea también está estructurada de esa forma y cada uno opera como un límite a su semejante. Es una disciplina social. ¿Y quién la impone? Los responsables de que todo eso pueda hacerse. Dicho en otros términos: el capital. Más allá de cualquier consideración, hay algo que está ordenando la vida.

En las últimas décadas, este sistema social ha dejado de ofrecer ese orden. El capital ha expulsado masas enteras de la producción y no les ha ofrecido ningún horizonte. Entonces, cuando se pierde esa estructuración, se rompen esas relaciones y aparecen otras, ligadas a negocios marginales en relación a la economía y con características muy poco estructuradas, más cercanas a una anarquía general, que recluta formal o informalmente elementos que se apartan de la clase obrera (se desclasan). Esos desclasados componen lo que se llama lumpenproletariado y es lo que ha crecido en el país en todo este tiempo: capas de la población que viven del delito, dentro y fuera del Estado, como un segundo Estado, un Estado “negro”. Son las barras bravas del fútbol, los que roban para la policía, los que trafican droga, participan de la trata de personas para prostitución, las patotas sindicales y políticas, etc. A su alrededor, un vasto mundo de jóvenes que se van arrimando al “sistema” delincuencial.

Esa tendencia no se revierte aumentando o disminuyendo las penas o los efectivos, sino construyendo una nueva disciplina social. Un nuevo organizador de la vida y un horizonte para cada persona. Ya que el sector privado no puede, corresponde al Estado tomar a toda la población desocupada o subocupada, pero no para reproducir sus condiciones, sino para ponerla a producir. Eso, rápidamente, detiene la tendencia a la descomposición. Ese reclutamiento compite contra el del delito. Claro, eso también requiere “mano dura”: la disciplina laboral lógica y el ataque contra las organizaciones delictivas. Pero, también, de “mano blanda”: reeducar y reencauzar a aquellos elementos que puedan ser rescatados para una vida social plena. Un proyecto que ponga al país a trabajar realmente y, por lo tanto, requiera de cada uno de nosotros, es lo único que puede volver a recrear los lazos sociales, allí donde hacen falta. ¿Se va a terminar definitivamente la delincuencia? Seguramente no. Ninguna sociedad está exenta de eso. Pero sí, primero, evitar que siga creciendo a estos niveles y, segundo, disminuir su tamaño considerablemente: un país en el que sus habitantes ya no vivan en peligro; una sociedad que desarrolle mejores relaciones entre los seres humanos. Eso es lo que se propone Vía Socialista.

Gráfico 1: Cantidad de delitos y tasa de delitos cada 100.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia sobre Dirección Nacional de Política Criminal. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Gráfico 2. Evolución del presupuesto ejecutado por el Estado Nacional en Seguridad según naturaleza del gasto (1976-2018). Precios constantes 2019

Fuente: Elaboración propia sobre informes del Ministerio de Defensa.

Publicado en El Aromo Nueva Época N° 3 – Julio 2022