Este martes 30, junto con las demás organizaciones del FTEL y el MPL, mantuvimos una reunión en la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, donde presentamos un conjunto de problemáticas que afectan a los trabajadores de la educación, tanto activos como jubilados.
De la reunión participaron 16 diputados de todo el arco político provincial. Allí solicitamos la derogación del artículo 10 de la Ley VII N° 103, que legaliza el robo a los jubilados al recortar sus haberes mediante la no aplicación automática de las movilidades, dejándolas supeditadas a la decisión del Poder Ejecutivo. El mismo gobierno que regala contratos millonarios a su círculo de amigos, como Augusto Marini, o que sobrefactura la compra de mesas y sillas para las escuelas, habla de “orden fiscal” mientras ajusta a miles de trabajadores que dedicaron su vida a educar. Todo esto cuenta con el blindaje de los legisladores y se sostiene sobre negociados poco transparentes que terminan perjudicando a los jubilados.
Además, planteamos en conjunto la situación de precariedad en la que desarrollamos nuestro trabajo: salarios miserables, violencia en las escuelas y edificios en condiciones deplorables.
Como organización, llevamos el reclamo por la efectiva implementación de la Ley Provincial de Educación Inclusiva, que reglamenta el trabajo con niñas, niños y adolescentes con discapacidad en las escuelas de la provincia. La norma contempla la creación de gabinetes interdisciplinarios, la asignación de fondos, mecanismos de seguimiento y articulación para la elaboración de los PPI, capacitación docente, entre otras medidas. Sin embargo, la inclusión brilla por su ausencia en Misiones.
Esta situación se agrava aún más con el ajuste sobre las escuelas especiales, que no cuentan con los recursos suficientes para responder a la creciente demanda. Equipos incompletos, falta de cargos, escasez de recursos didácticos y una insuficiente oferta de formación para NNyA, entre otras, son parte de la realidad cotidiana de la modalidad en la provincia. En este contexto, la educación de los estudiantes con discapacidad termina recayendo sobre las familias, que muchas veces no cuentan con los recursos económicos para afrontar el costo de equipos externos.
Recordemos que según datos del IPEC (2024), el 38% de los hogares de la provincia se encuentra en situación de pobreza y el 20,1% en la indigencia. A esto se suma el desmantelamiento de la ANDIS por parte del gobierno libertario. Hoy, el trabajo con la discapacidad en las aulas no pasa de la letra muerta de una ley que no se cumple, dejando como resultado docentes desbordados y estudiantes estafados en su derecho a una educación de calidad.
Frente a nuestros reclamos, los diputados presentes asumieron el compromiso de volver a convocarnos para continuar trabajando sobre estos temas. Sin embargo, sabemos que las palabras pronunciadas en una reunión se las lleva el viento. Por eso, es fundamental acompañar cada uno de estos reclamos con la movilización activa de los trabajadores en toda la provincia. Solo la organización y la movilización independiente podrán inclinar la balanza a favor de quienes defendemos la educación pública y los derechos de sus trabajadores.