Romina De Luca
Vía Socialista
Desde fines del 2025, el gobierno nacional dio a conocer su propuesta de una nueva ley educativa para reemplazar a la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006. Ya su nombre anticipa la filosofía: Ley de Libertad Educativa. Desde que se conoció, distintas personalidades defendieron su necesidad. Centralmente, sostuvieron que se buscaba colocar a las familias en el centro del sistema educativo. Suponen que solo así lograrían elegir libremente la escuela a la que envían a sus hijos. Dentro de sus fundamentos sostienen que, para elegir, deberán contar con información fehaciente sobre los resultados y rendimientos de cada una de las escuelas. Porque si quieren orientar la educación de su prole, deber natural y primario, deben conocer las métricas. En este cuadro, el Estado solo debe respetar y proteger esa elección y ese derecho “natural” respetando la autonomía familiar. Por eso, cuestionan que el Estado y la ley educativa que se pretende derogar, por el secreto estadístico de las pruebas de evaluación, excluye del debate público información esencial: si los alumnos aprenden o no en la escuela a la que concurren.
Hoy nos interesa debatir uno de sus supuestos: que la capacidad de elegir de las familias es “libre” y únicamente está condicionada por el acceso a la información. También que actualmente tienen nula capacidad de elección. A partir de ahí, derivan otras explicaciones, por ejemplo, que sería esa ausencia en la capacidad de elegir la que influiría sobre los resultados educativos. Suponen que, si las familias contaran con información, sacarían a sus hijos de las escuelas con malos resultados, generando un círculo virtuoso en otra institución. Apuntan a romper un supuesto loop basado en la ausencia de información. Nos surgen varias preguntas elementales ¿qué factores aparecen detrás de las elecciones familiares? ¿la capacidad de elegir se encuentra libre de determinaciones? Veamos.
Capital cultural para elegir
En 2022, Argentinos por la Educación publicó un informe sobre la base de una encuesta para determinar cuáles son los criterios de las familias a la hora de elegir escuelas. Después de todo, son las ellas las que matriculan a sus hijos en tales o cuales escuelas. Y lo cierto es que la cercanía al hogar aparece como el factor más mencionado (63,1%), seguido por las buenas referencias sobre docentes y directivos (38,6%) y por las referencias sobre la comunidad escolar (28,8%). La reputación académica aparece recién en el cuarto lugar. Esas son las prioridades de las familias del 72% de las y los estudiantes de escuelas estatales. Distinto es el caso de las instituciones privadas. Allí sí el factor más determinante es la reputación académica (50,9%), seguido de la propuesta pedagógica (48%), la cercanía del hogar (46,2%) y las buenas referencias de directivos y docentes (40,5%). Este desfasaje no se debe ni a un vicio de la normativa estatal que prioriza el domicilio en la asignación de vacantes ni a un desinterés de las familias obreras en la educación de sus hijos. Por el contrario, estudios focalizados en barrios vulnerables muestran que esas familias obreras son las que más expectativas depositan en la educación: entienden que terminar la secundaria les permitirá a sus hijas e hijos “progresar, vivir relaciones sanas, no quedar excluido del mercado de trabajo”.[i] Sin embargo, sus realidades se encuentran muy lejos de poder alcanzar esas expectativas.
¿Por qué no privilegian lo académico? Porque, para empezar, esas mismas familias tienen, tal como llama la literatura experta, un capital cultural acotado. El Censo de Población de 2022 determinó que más 3.283.000 personas de entre 20 y 39 años tienen como máximo nivel educativo primaria completa o secundaria incompleta. La mayoría debería haber terminado la secundaria obligatoria desde 2006. No se trata de un dato menor. Está demostrado que el capital cultural incide en la trayectoria de los futuros estudiantes ya que opera lo que se conoce como código discursivo: desde un mayor conocimiento de palabras, una mayor complejidad de las estructuras gramaticales, una mayor familiaridad a la variedad del vocabulario, prácticas como razonar en voz alta y preguntarse el porqué de las cosas o construir argumentos. Por eso, abandono escolar y rezago tienen mayor incidencia en la población de menores recursos. Cuando se habla de las familias y su capacidad de elegir debe recordarse que hablamos de situaciones concretas en un país concreto como el nuestro dónde 42 de cada 100 estudiantes de secundaria y 41 de cada 100 de la primaria tienen madres con secundario incompleto como máximo nivel educativo o menos, según muestran las pruebas Aprender para el sector estatal. La mayoría no tiene libros en el hogar, ni hábitos de lectura. Les importa la educación, pero no necesariamente piensan en un casting de escuelas a partir de valores construidos con un vocabulario que no dominan. Sus preocupaciones inmediatas son otras: que la escuela quede cerca.
Por eso, lo que importa aquí es que algunos tienen, entonces, una ventaja de origen social: acceden a bienes culturales de acuerdo a su mayor nivel educativo. No implica que las familias obreras de menores recursos no se involucren en las tareas de sus hijos, lo hacen más -según una encuesta de la UCA- que las familias de mayores recursos que pueden “tercerizar” el apoyo. Lo que queremos señalar es que algunos tienen una primacía que opera a la hora de servirse de información para elegir. En tal caso, disponer de información es condición necesaria pero no suficiente: si el código lingüístico de tu capital cultural no te permite develarlo no construye ninguna capacidad para elegir. Como todo, no se trata de declamar un “derecho a saber” sino entender las posibilidades de su ejercicio. Para eso hay que reconocer el estado cultural de la población argentina hoy, su deterioro, en contextos de degradación social profunda. Los ideólogos de la nueva reforma parecieran no conocer la sociedad en la que viven exportando modelos que, además, ya mostraron sus dificultades en países como Suecia o Chile.
Pobreza y ausencias como base de la elección
Debe incorporarse, además, elementos estructurales y preguntarse por qué se privilegia la cercanía a la hora de elegir escuelas estatales. Ese dato no puede abstraerse de los niveles de pobreza del pais, donde más de 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes residen en hogares pobres de acuerdo al último informe de UNICEF. Detrás de esas elecciones operan el costo del transporte, el trazado de la red urbana y también la falta de escuelas en villas y asentamientos, la mayor o menos peligrosidad en el itinere hacia la escuela, entre otros. Conviene preguntarse si esa ausencia estatal será cubierta por “particulares o privados”, ya que el Estado hoy no lo hace. El mercado no encuentra ningún incentivo allí. Por eso, suponer que la apuesta libertaria es crear “negocios” para el capital privado desconoce, del mismo modo, la sociedad concreta en la que van a operar estas políticas. Que las familias van a poder hacerlo mejor que el Estado es negar el cuadro que señalamos antes.
Si entendemos que las elecciones están condicionadas material y culturalmente, entonces, atinaremos mejor a construir soluciones. Elevar el capital cultural del conjunto de la población constituye una buena vía. Una medida que no podrán garantizar quienes cuestionan la gratuidad de la educación, en particular, en el nivel superior. Obviar ese punto de partida nos llevará al mismo lugar en el que estamos: quienes tienen capacidad para elegir, la seguirán ejerciendo mientras quienes no las tienen no las adquirirán por más que la declamemos. Eliminar la centralidad estatal solo condenará a las familias que más necesitan ese apoyo en la educación. De esto nos ocuparemos en el próximo número.
[i]“Escuelas desbordadas. Criar, crecer y educar en barrios populares”, abril de 2026, informe elaborado por Gonzalo Elizondo y Daniel Hernández del CIAS y Fundar.