¿En qué gasta el Estado? Las transferencias a la burguesía parásita

Damián Bil

OME – CEICS

Como analizamos en otras ediciones de El Aromo, uno de los mayores gastos del Estado se encuentra en las transferencias, tanto directas como indirectas a los empresarios. A pesar de lo que señala el sentido común liberal, de las quejas por los planes sociales y del llanto de los capitalistas por el excesivo “peso” del Estado con sus impuestos, buena parte del gasto de la administración central se va en transferencias al sector privado. En este artículo, repasamos la evolución reciente de esas transferencias y explicamos por qué solo redunda en un desperdicio de recursos en beneficio exclusivo de quienes se fagocitan el país (la burguesía).

Cómo recauda el Estado argentino…

En la Argentina, la Administración central recauda mediante diversos mecanismos. El principal rubro se corresponde con los tributos nacionales, que entre 2007 y 2022 (hasta agosto) explican casi el 60% de los ingresos. Dentro de los mismos, los renglones más importantes son el IVA (casi un tercio de la recaudación de impuestos), los aranceles a la exportación (19%), el Impuesto a las Ganancias (16%), el Impuesto a Débitos y Créditos en cuentas bancarias (15%), aranceles a la importación (6%) y a los combustibles líquidos (3%), entre los más relevantes. Entre los grandes rubros, el segundo lugar lo ocupan las contribuciones y aportes a la seguridad social (28%), y más atrás se encuentran las rentas de la propiedad (casi 10% en el período) y los ingresos no tributarios (2,3%). Con un menor peso (por debajo del 2% en total) se ubican transferencias de capital y corrientes, venta de bienes y servicios de la administración pública, recursos propios de capital, recuperación de préstamos de corto y largo plazo, y venta de acciones y participaciones de capital.

Entre los principales ingresos del Estado mencionamos a las rentas de la propiedad y a los ingresos no tributarios. Las primeras se componen de los ingresos de entidades públicas o fondos estatales (como el Banco Nación y el BCRA, el Fondo de Garantía de ANSES, el Fondo de Reparación Histórica y otros) por inversiones o derechos sobre activos fijos o financieros. Los ingresos no tributarios, por su parte, son de origen no impositivo y se pueden distinguir entre los mismos conceptos como tasas, regalías, multas, aranceles de inscripción, alquileres, etc.

y cómo gasta

Los dos principales ingresos (impuestos y contribuciones a la seguridad social), tuvieron una magnitud promedio, entre 2007 y lo que va de 2022, del 16% del PBI. Recordemos que la masa de riqueza apropiada por el Estado bajo cualquier forma es, básicamente, plusvalor, es decir, resultado de la explotación, ya sea que lo pague el trabajador o el empresario. Como analizamos en otro artículo de esta entrega y discutimos con mayor amplitud para el caso del impuesto al valor agregado, no hay que perder de vista que el grueso de los recursos que recauda el Estado, aunque en la superficie algunos puedan presentarse como amputaciones a “la riqueza” (ganancias, bienes personales, sinceramiento fiscal), o al “esfuerzo” empresario (al capital) se pagan en realidad con los resultados de la explotación del trabajo asalariado. El gravamen que corresponde a derechos de exportación, que afecta principalmente a los bienes primarios (o sus derivados) y que según AFIP representó ingresos por 1,8% del PBI, grava lo que sería de alguna manera la renta diferencial. En ese sentido, la administración también recolecta plusvalor generado “afuera”, que pagan los trabajadores consumidores de los países que le compran esos productos a la Argentina.

Con estas y otras fuentes de recursos, los gobiernos definen asignaciones, prioridades, etc. De ahí las disputas constantes al discutirse todos los años la Ley de Presupuesto en el Congreso. Las partidas a gastar se pueden analizar de diferente manera. Aquí nos interesa comprender quiénes son los beneficiarios de las diversas transferencias, para entender qué sujeto social es el que aprovecha los recursos del Estado. En ese sentido, el mejor camino para ello es estudiar la información disponible en la Contaduría General de la Nación y en el sitio Presupuesto Abierto 1. En ese punto, consideramos que el abordaje más apropiado es estudiar el gasto por finalidad y detalle del objeto del mismo y por programa.

Antes de continuar, es necesario señalar que existen otros tipos de transferencia económica, en las cuales el Estado no gira necesariamente recursos, o no de forma directa, sino que se hace cargo de los costos (como podrían ser los créditos a tasas negativas con garantía de la banca pública, o las políticas de promoción industrial por regiones que eximen del pago de impuestos a las empresas allí radicadas que realicen ciertas producciones). En este texto, nos abocaremos sólo al análisis de las transferencias directas de la administración sin profundizar en esos otros mecanismos.

Un subsidio para el capital ineficiente

En una entrega anterior, habíamos detectado que, tanto bajo los primeros gobiernos kirchneristas como durante la administración de Cambiemos, la dinámica de transferencias y gastos del Estado se había mantenido de forma similar. A diferencia de lo que suponía ya en su momento la prédica general, y que hoy machaca el autoproclamado “libertarianismo”, el grueso de las transferencias no se destinaba al gasto social sino a los subsidiar de forma directa o indirecta la actividad económica. Estas erogaciones se concentraban en los subsidios a la energía (eléctrica e hidrocarburos) y al transporte. En efecto, entre 2007-2011 los subsidios a energía, combustibles y minería alcanzaron un equivalente al 1,5% del PBI, y para 2012-2015 treparon a 2,9%. Para el transporte (ferroviario y automotor), el monto se ubicó entre 1,3% y 1,5% del producto bruto. Los giros directos a actividades como industria o sector agropecuario fueron menores, apenas un 0,3% del PBI. Aunque eso representó unos nada despreciables 190 mil millones de pesos al año (a partir de aquí, todas las cifras en pesos se expresan en valores del 2022, salvo que se indique lo contrario). Por su parte, en relación con las de uso económico, las erogaciones para fines sociales fueron menores: un 1% del PBI, o 700 mil millones de pesos por año 2.

Bajo el gobierno Cambiemos, los valores relativos sobre el PBI se redujeron: 1,6% en energía, combustibles y minería; 1,1% para transporte y 0,1% directo para sectores económicos, mientras que la asistencia social fue del 0,8% del PBI. El Frente de Todos asumió con el objetivo de continuar el ajuste y, aunque la pandemia obligó a incrementar el gasto social en una situación crítica (por ejemplo, los planes de alimentación que implicaron la suma de 826 mil millones de pesos entre 2020 y agosto de 2022) llevándolo al 1,4%, mantuvo el nivel de subsidios económicos generales (2,7% del PBI entre los destinados a energía y combustibles y los de transporte) e incrementó las transferencias a los sectores económicos.

Si indagamos al nivel de los programas por los cuales se canalizaron dichas erogaciones, se puede observar que en el rubro social la mayor porción se destinó a los mencionados planes de seguridad alimentaria y al Potenciar Trabajo, que en 2020-2022 (siempre hasta agosto) representó 190 mil millones anuales. Las becas a estudiantes explican otros 41,6 mil millones al año. En total, como señalamos, 700 mil millones al año.

Esta cifra puede resultar abultada a simple vista, pero revisemos los programas económicos. Solamente los subsidios energéticos y al sector hidrocarburos promediaron 923 mil millones de pesos, más que todos los considerados dentro del área social. La asistencia financiera a empresas y entes binacionales implicó un monto de 669 mil millones, mientras que el financiamiento a la producción recibió casi 146 mil millones de pesos promedio. La formulación de la política del transporte automotor y ferroviario representó 142 mil millones más. El sector agropecuario y economías regionales, por distintos programas, acaparó 41,1 mil millones de pesos 3. En conjunto, los programas de carácter económico se llevaron, como promedio anual de 2020 a lo que va de 2022, una suma que supera los 1,94 billones de pesos. Casi tres veces más que los programas sociales y un 80% más que lo utilizado en los servicios de la deuda pública.

Precisando un poco más, existe otra vía de análisis de los datos. La clasificación por objeto ordena los gastos en bienes y servicios, transferencias, variaciones de activos que el sector público aplica en el desarrollo de su actividad. Se dividen en gastos de personal, transferencias, servicios de deuda, no personales, bienes de uso, de consumo, activos financieros y otros. Aquí nos interesa el ítem “transferencias”, puesto que es lo que el gobierno gira a públicos y privados para gastos corrientes, de capital, etc. Esta categoría representa el 78% de los gastos del Estado. Este abordaje nos permite una mayor desagregación en el estudio. Desde esta entrada, se puede ver el destino particular de las transferencias. El estudio nos arroja que entre 2019 y 2022 a energía se destinaron en promedio 1 billón de pesos al año. Para transporte, 258,5 mil millones; comunicaciones, 23 mil millones. Y directamente a la producción, ya sea para privados, por fondos fiduciarios, aportes no reembolsables, empresas estatales y demás, se destinaron 112,8 mil millones.

Como describimos, el gasto social se expande a medida que crece la población sobrante, por la quiebra y la ineficacia del capitalismo argentino. Eso quedó en evidencia durante la pandemia, cuando debieron expandirse los programas de suministros alimenticios, subsidios al desempleo, planes, y otros. No obstante, este tipo de erogaciones está lejos de ser la porción más sustanciosa de la torta. Quitando los gastos previsionales y de funcionamiento del Estado (administración, defensa, salud, educación, etc.), el grueso se utiliza para destinos económicos. Casi un 15% del total de los gastos gubernamentales se destina a esos fines. Una parte nada despreciable va directo a las arcas de empresarios privados, a partir de distintos programas de subsidios, planes de fomento, o giros directos (no reembolsables) del Estado. El grueso de las transferencias económicas, en energía y transporte, que se defienden como un subsidio a los menos pudientes, son en realidad transferencias indirectas a los capitalistas, ya que mantiene un tope a los salarios que pagan los empresarios. Esto porque esos servicios (energía y transportes, básicamente) entran en el consumo obrero; y además porque los capitalistas que los consumen para la producción como insumos básicos también los consiguen abaratados. A tal punto que el capital que acumula en el país, mientras apoya discursivamente las medidas de ajuste, se resiste en lo concreto a una quita que perjudique su actividad, ya que implicaría un aumento de los costos. Por eso las idas y vueltas de los gobiernos en implementar la “sintonía fina”. Mientras, el Estado les cubre el diferencial de las tarifas a las empresas proveedoras con transferencias. O sea, ellos ganan mientras la economía argentina y el grueso de los trabajadores descienden por una pendiente que, en estas condiciones, no tiene fin.

¿Qué hacer?

Del análisis no se desprende ninguna novedad. Con el gobierno del Frente de Todos no cambió la dinámica. Los empresarios siguen siendo los mayores beneficiarios de la acción estatal, ya sea parasitando las empresas estatales o recibiendo de forma directa los subsidios que pagamos todos. Eso no ha conducido a ningún camino de expansión económica, sino todo lo contrario: el país, quebrado, se hunde de manera acelerada, su peso en el mercado mundial se reduce, con un papel cada vez más marginal, mientras su clase dominante se rapiña las migajas que quedan. La solución no está por acá. Mientras se siga manteniendo este esquema, este sistema social, el resultado será el mismo. Despilfarro para una burguesía parásita y mayor pobreza y degradación social.

Un gobierno socialista debe reordenar todas las prioridades en la asignación de subsidios. En el corto plazo, con una Argentina quebrada, cada peso cuenta. Es necesario impulsar un plan de recuperación energética a partir del desarrollo nuclear, apoyados en otras fuentes que permitan generar insumos rápidos y económicos o bien aumentar exportaciones (energías renovables, exportación de hidrocarburos). En ese camino, a medida que se expanda la capacidad de producción de energía, abaratando la generación de la misma, e incrementando además los ingresos de la población mediante una mayor producción de riqueza, se podrán ir redirigiendo recursos a otros objetivos. Va de suyo que, en este proceso, las “ayudas sociales” se volverán superfluas porque la población podrá sostenerse a partir de un genuino aumento de la productividad y de la capacidad general de la economía. A su vez, deben finalizar los subsidios a sectores pseudo-productivos, parásitos, que solo sirven para despilfarrar recursos. Las transferencias a estas actividades deben ser reemplazadas por la centralización de los medios productivos en grandes empresas estatales, o de carácter mixto en algunas instancias, que produzcan a gran escala con vistas a la exportación. Esto debe ir de la mano de una planificación muy extrema y cuidadosa, a partir de un Plan Nacional de Trabajo Científico y Productivo que determine rubros e inversiones estatales prioritarias para la investigación, el desarrollo tecnológico y la producción de bienes y servicios. Solo de esta manera podremos construir una Argentina que no se fagocite su futuro, sino que se plantee como un lugar vivible. Una Argentina socialista.

Gráfico 1. Porcentaje del PBI de gastos seleccionados, promedios anuales por períodos, 2007-2022 (hasta agosto)

Fuente: elaboración propia en base a Presupuesto Abierto, Ministerio de Economía

Gráfico 2. Porcentaje del gasto total por finalidad y función, promedio anual entre 2015 y 2022 (hasta agosto)

Fuente: elaboración propia en base a Presupuesto Abierto, Ministerio de Economía


Publicado en El Aromo Nueva Época N° 6 – Octubre 2022

  1. https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/cgn/cuentainversion y https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/.
  2. Cabe aclarar que no consideramos dentro de la asistencia social a las erogaciones del sistema previsional, el rubro de mayor egreso en los gastos de la administración pública; como así tampoco utilizamos para el cálculo de transferencias económicas a gastos que el presupuesto contabiliza en ese apartado, como programas vinculados al medio ambiente, comercio, u obras de infraestructura como por ejemplo las realizadas por cuenta y cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.
  3. Entre otros, pueden mencionarse los programas “Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible”, “Programa Federal de Reconversión Productiva y Apoyo a la Actividad Ganadera”, “Políticas para la Agricultura Familiar”, etc.

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