Cómo acabar (realmente) con el desempleo
Una crítica de a “economía popular” y una propuesta socialista

Pablo Estere

OES-CEICS

En momentos de creciente desocupación, la ideología burguesa se las rebusca para ocultar las verdaderas causas de la miseria que provoca el capitalismo e inventa una supuesta y novedosa realidad: la “economía popular”. En efecto, el Ministerio de Desarrollo Social tiene a su cargo el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP). La construcción de este registro permanente iniciado en julio de 2020 es un mandato de la Ley de Emergencia Social sancionada en diciembre de 2016. En su sitio web, el Ministerio declara que, con esta herramienta, “busca reconocer, formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo”.

El trasfondo teórico de esta iniciativa remite a que por fuera de la economía capitalista que conocemos existiría una “economía popular” que se regiría por otras leyes. Con estos malabares, se intenta negar uno de los mayores problemas de la clase obrera argentina actual, la desocupación, por un lado, y, por otro, camuflar instrumentos de control social detrás de supuestas soluciones “autónomas”. La elaboración del registro expresa un claro interés político por parte de los movimientos sociales integrados al régimen: el 1° de mayo de este año el Movimiento Evita marchó para promocionar la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo para “transformar la realidad de la economía popular”. El proyecto plantea nada menos que la creación de un Ministerio de la Economía Popular y la entrega de subsidios para sostener sus actividades: monotributo productivo, salario básico universal, créditos y mercados seguros mediante las compras gubernamentales.

De este modo, se cuela en el seno de la clase obrera aquello que los socialistas queremos combatir, es decir, una mayor fragmentación y división política. Y de paso se oculta la posibilidad de una verdadera solución a los problemas del desempleo. Así opera la figura del trabajador de la economía popular. Aquí analizamos los resultados del último informe del ReNaTEP.

El registro de los no registrados

Lo primero que encontramos en el informe del ReNaTEP en palabras de Emilio Pérsico, a cargo de la Secretaría de Economía Social (SES), es su diagnóstico y su “solución”. La economía popular se explica como un fenómeno global producto de las transformaciones en el mundo del trabajo que dejan a personas por fuera de las relaciones asalariadas formales y con “condiciones laborales y productivas precarizadas”. Desde esta perspectiva, no habría desocupados, sino trabajadores ocupados precarizados o excluidos del sistema capitalista, pero capaces de reinventar su propio trabajo. Como si pudiera existir una economía por fuera de la relación social capitalista. Luego, el informe indica que el Estado debe formalizar esas ocupaciones sin crear relaciones de dependencia, es decir, asalariados estatales. El Estado sólo debe financiar cargas sociales, acceso a crédito, capacitaciones y salarios complementarios. Con una retórica de expansión de derechos, igualdad, garantías y protección social, se reclama lo mismo que las PyMEs y las cooperativas: subsidios para empresarios privados. Porque la “economía popular” es un vasto y amorfo conglomerado que se destaca por su carácter privado, sea cooperativo o no. Igual que cualquier empresa parásita del Estado, los representantes de la “economía popular” quieren que el Estado los subsidie y que no se meta en sus… negocios.

Una vez lanzada la propuesta, se inscribieron en el registro más de tres millones de personas. ¿Quiénes y cómo se inscribieron? Se registró de manera on line toda persona que se “autopercibe como trabajador/a de la economía popular, mayor de 18 años (o 16 y 17 con autorización), argentino/a o con residencia permanente o temporaria, que no emplee a terceros ni trabaje en relación de dependencia y desarrolle una actividad económica independiente en alguna de las siguientes ramas de la economía popular: Servicios Socio Comunitarios; Comercio Popular y Trabajos en Espacios Públicos; Servicios Personales y otros oficios; Recuperación, Reciclado y Servicios Ambientales; Construcción e Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental; Industria Manufacturera; Agricultura Familiar y Campesina; Transporte y Almacenamiento”. Como toda inscripción por “autopercepción”, el registro da lugar a que cualquier persona se inscriba más allá de la realidad objetiva de su situación. De este modo, el registro podría contener población que no necesariamente sea desocupada encubierta y que tampoco se encuentre precarizada.

No obstante, la información consignada es contundente. Si miramos los principales resultados del último informe del ReNaTEP, entenderemos que detrás de la figura de la economía popular no hay otra cosa que la capa más pauperizada de la clase obrera. En primer lugar, es una población mayoritariamente joven: el 64% tiene entre 18 y 35 años. En términos educativos, el 61% no completó los estudios obligatorios (inicial, primario y secundario). Es decir, más del doble de la población ocupada que releva la Encuesta Permanente de Hogares (corresponde al tercer trimestre de 2021).

En cuanto a la distribución geográfica de los inscriptos, el 35,9% reside en la provincia de Buenos Aires. La región que le sigue en cantidad de inscriptos es el NOA, con 23%, y luego se ubican el NEA con 15,5% y Centro con 15%. En 9 provincias de estas regiones (Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) hay más inscripciones al registro de la economía popular que al empleo asalariado privado y registrado.

Otro aspecto para considerar es la elevada dispersión (y, por ende, fragmentación) que persiste en este mundo de obreros precarios. Por ejemplo, en relación con la organización del trabajo, el informe señala que la mayor cantidad de los registrados realiza sus actividades en forma individual (59,6%), mientras que el 40,4% lo hace de manera organizada. Dentro de este submundo organizado, las organizaciones comunitarias y sociales representan un 50%; las cooperativas comunes, un 15%; las cooperativas de liberados, un 1,5%; los pequeños emprendimientos (familiares o no familiares), un 15%; y las empresas recuperadas, un 0,7%, entre otros. Solidaria con esa tendencia a la dispersión de la que hablamos más arriba, más de la mitad de los trabajadores registrados hasta el momento declaró su principal lugar de trabajo en domicilios particulares propios o ajenos (56,6%). También trabajan en la calle (17%), en un establecimiento (8,1%), o bien, en una obra en construcción, sobre todo los que se vinculan con esta labor (3,1%).

Por último, otra característica que diferencia a la denominada “economía popular” del conjunto de la economía es que se centra en las actividades peor remuneradas. El 62,4% de las inscripciones al ReNaTEP corresponde a Servicios Socio Comunitarios (28,8%) y Servicios Personales y otros oficios (33,6%). Dentro de Servicios Socio Comunitarios, la ocupación con más inscripciones es Trabajador/a de Comedores y Merenderos Comunitarios (64,7%). Como es de suponer, la gran mayoría de estos trabajadores lo hace de manera colectiva mediante organizaciones comunitarias o sociales (76,5%). Por su parte, en el rubro “Servicios Personales y otros oficios”, las principales ocupaciones son: limpieza, cocinero/a, jardinero/a y peluquero/a. En términos absolutos, las ocupaciones más mencionadas fueron las siguientes: Trabajador/a de Comedores y Merenderos Comunitarios (526.782); Servicios de Limpieza (211.708); Agricultura (130.516); Vendedor/a Ambulante (88.140); Albañil (78.737); Auxiliar en obras de construcción (72.378); Peluquería/Depilación/Manicuría/Masajista (71.432); Asador/a, Cocinero/a (66.736). Otra de las ocupaciones más mencionadas fue la actividad del reciclaje, aunque de manera fragmentada en las figuras de “cartonero”, “reciclador”, “operario de planta”, “promotor ambiental” y “reciclador de basura”, las cuales sumadas dan como resultado unas 57.501 personas.

Como vemos, el perfil de la población registrada pone en evidencia que se trata de obreros que trabajan en empleos muy precarios y superfluos para el capital, los peores pagos de la economía, que existen relaciones de dependencia (aun cuando los propios inscriptos en el registro no sean conscientes de ello), en ocupaciones donde opera la dispersión y predomina el trabajo individual. Se trata de enormes capas de desempleo encubierto, oculto bajo la figura de la economía “popular”.

Una propuesta burguesa (e inútil)

Como vemos, la propuesta de los “piqueteros” burgueses, es decir, aquellos que no piensan cambiar el sistema capitalista sino adaptar al trabajador a su miseria y, en el camino, construir organizaciones de control social, que refrendan, con su voto y su movilización a favor de los partidos políticos del sistema, es simplemente financiar sus propias actividades. Sucede que esas actividades se refieren, centralmente, al asistencialismo de la masa de desocupados: legalizar la changa y pagar un sueldo a los compañeros que atienden los comedores populares. Es decir, financiar el aparato privado que surgió con la privatización de la asistencia social.

Por otra parte, se trata de “repartir plata”, es decir, de asistir a emprendimientos (que como vimos, serían mayoritariamente individuales, es decir, micro-emprendimientos) económicamente inviables (de allí la exigencia de compra obligada del Estado) y, por lo tanto, puramente parasitarios.

Lo primero que habría que preguntarse es por qué la burguesía acepta esta propuesta proveniente de los “movimientos sociales”. Porque es obvio que le conviene, si no, no lo haría. Alguien podría pensar que esto es propio del kirchnerismo, pero no es así. El gobierno de Larreta logró a fines de 2020 que la Legislatura porteña aprobara, con el apoyo del bloque de Todos, el Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social (Rupepys). Se trata de una versión local del ReNaTEP que busca financiar “unidades productivas” mediante donaciones de privados y con líneas de créditos especiales del Banco Ciudad. El hecho de que tanto el Frente de Todos como Cambiemos lancen la misma política expresa que la burguesía encuentra estas propuestas como funcionales a sus intereses. En principio, el control social, que es muy efectivo a partir de estas organizaciones. Pero, por otro lado, el Estado burgués, a través de las “cooperativas” y micro-emprendimientos, sólo reproduce la condición de población improductiva, bajo la forma de entrega de subsidios miserables o apelando a la caridad privada, sin ningún tipo de planificación de la actividad. Es decir, se limita a mantener los bolsones de desempleo que presionan constantemente sobre los salarios de la población ocupada. Además de control social de los desocupados, estas iniciativas son coherentes con el control salarial de los ocupados. Demás está decir, que las potencialidades electorales de este electorado cautivo, suma más atractivo para los partidos burgueses.

Tan importante como esto es la completa inutilidad económica de este proyecto. Porque estos emprendimientos, incluso los cooperativos, no producen nada que pueda competir seriamente ni siquiera en el mercado interno nacional, es decir, se encuentran por debajo de la paupérrima productividad del trabajo local, ni hablemos del internacional. Es decir, se trata de emprendimientos que no colaboran, en modo alguno, a la reconstrucción de la economía nacional, sino que actúan como un nuevo freno a su desarrollo.

Una solución para todos

Aunque se presente como “popular”, en realidad, estas propuestas son impopulares. En el sentido de que van en contra de la unidad de la clase obrera. Si hablamos de tres millones de miembros de la “economía popular”, estamos hablando de una minoría, cuando la confrontamos con los doce millones de obreros activos, es decir, que trabajan en empleos remunerados. Esos doce millones ven, todos los días, achicarse su salario por culpa de la presión impositiva y la inflación. Una parte de esa presión impositiva y de la inflación (no toda, la mayoritaria es el subsidio a la burguesía, véase el artículo de Gonzalo Sanz Cerbino en este mismo número de El Aromo) deviene de las necesidades financieras de un Estado quebrado. Una parte de esa quiebra proviene del hecho de que la población desocupada, en aumento, debe ser mantenida por la población ocupada, lo que hace que esta última viva cada vez peor porque tiene que mantener una cantidad mayor de población inactiva. Está claro que ni ocupados ni desocupados (ni los jubilados) tienen la culpa de esta situación. Son víctimas de una política de la burguesía que los enfrenta unos contra otros y los utiliza en su juego político. Es necesario pensar una política global sobre la desocupación que no implique su persistencia bajo otra forma (de “desocupado” a “empleado en la economía popular”), sino que se integre a una actividad económica real que colabore en la mejoría del conjunto de los trabajadores y de la economía del país. Así como lo plantean la burguesía y sus “movimientos sociales”, es una “solución” para pocos, condenada al fracaso y puramente electoralista.

Los socialistas exigimos acabar con el subsidio a la burguesía improductiva. Pero tampoco podemos aceptar que se dilapiden recursos en actividades como la de la “economía popular”. La solución supone ocupar la población en tareas productivas y de gran escala, centralizadas y eficientes. Estas tareas productivas, con esas características, sólo las puede planificar el Estado. Podemos dar muchos ejemplos de estas tareas de un Estado productivo. Por ejemplo, en Argentina podría lanzarse una gran empresa nacional de reciclaje que permita reutilizar todos los productos desechados como materia prima (papel, cartón, plástico, latas de aluminio, metales y otros tantos). También se podrían usar para la producción de energía o calefacción para los hogares, como lo hacen países como Suiza, Suecia y Noruega, que llegan a reciclar niveles cercanos al 100% de la basura desechada. Se podría hacer mucho más eficiente el trabajo cartonero por la vía de la concentración de obreros en plantas, a cambio de un salario por tiempo, bajo convenio, y que el Estado se encargue de vender los insumos reciclados a las empresas. Esto sólo es posible si se planifica la actividad y se organiza sobre la base de las necesidades del conjunto de la población. Es decir, de una solución para todos. Un mayor despliegue de esta idea puede verla el lector en “Una propuesta indecente”, texto de Eduardo Sartelli, que acompaña esta edición de El Aromo.


Publicado en El Aromo Nueva Época N° 1 – Junio 2022

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