¿Achicar o agrandar el Estado? Una crítica a la solución liberal para el desempleo

Nicolás Villanova

Vía Socialista

El problema del empleo en Argentina se mantiene en pie. Aun cuando algunos indicadores parecerían mostrar síntomas de estabilidad y crecimiento en el mercado de trabajo (recuperación del empleo registrado y caída de la tasa oficial de desocupación), lo cierto es que la existencia de más de 5 millones de obreros en la informalidad, los 1,3 millones de beneficiarios que perciben el Potenciar Trabajo, más el millón y medio de personas que no tienen trabajo, y que lo buscan activamente, muestra la persistencia de la crisis del empleo. Hoy, el consenso liberal gana terreno y propone como solución el pasaje de todos los “planeros” al sector privado. La misma opción ofrece para el empleo público. Pero ¿puede resolver el problema del desempleo el sector privado aun con la “ayuda” estatal que propone el consenso liberal, por la vía de la eliminación de los impuestos o la reducción del gasto social? Lo dudamos…

¿Contra quién resurge el consenso liberal? Evidentemente, con la fórmula que halló el kirchnerismo a la crisis del empleo hace dos décadas, ya no para resolver el problema del desempleo, sino para contenerlo. En efecto, la insurrección de diciembre de 2001 marcó un quiebre en la relación política entre la burguesía y el proletariado, sobre todo con la fracción desocupada de la clase obrera. El régimen político fue cuestionado y con él toda la institucionalidad burguesa. La crisis política tuvo como trasfondo la crisis social, con millones de desocupados en las calles. En ese contexto, el kirchnerismo tuvo que pensar qué hacer con los desocupados los cuales, en ese entonces, sumaban según las estadísticas oficiales unos 2,3 millones y según nuestras estimaciones, no menos de unos 6,7 millones. Para ello, el gobierno entrante elaboró un conjunto de estrategias para contenerlos económica y políticamente, es decir, evitar que los desocupados se mueran de hambre, impedir potenciales rebeliones y consolidar, a través de la cooptación, una base social propia. Un proceso iniciado por el kirchnerismo y continuado luego por el macrismo.

El resultado de las medidas implementadas fue la estatización de la sobrepoblación relativa, es decir, la integración al Estado de esa masa de desocupados abiertos y encubiertos, pero sin hacerse cargo de una solución real del problema del desempleo. Una parte de esa población fue contratada bajo la forma de empleo público docente, administrativo y de seguridad. Sobre todo, mucho empleo improductivo estatal. Otra fracción también fue contenida por el Estado, aunque descentralizada, en el armado de cooperativas gestionadas por los movimientos sociales y por las intendencias, en actividades superfluas y subsidiadas. Otras fracciones de la clase obrera más envejecidas y vulnerables fueron beneficiadas por las moratorias de jubilados o a través de las pensiones no contributivas, con el objetivo de tapar el desempleo. Este proceso dio lugar, por un lado, a la administración de la miseria de las políticas sociales a través del cooperativismo, la superexplotación de obreros y su empleo a bajo costo para tareas descentralizadas por el Estado; y, por otro lado, al uso político de los desocupados, algunas veces bajo la forma de clientelismo, otras, como fuerza de choque (como el caso de Milagro Sala en Jujuy). Ahora bien, ese proceso de estatización de la población sobrante requiere de mucha plata y, por lo tanto, resulta oneroso para la burguesía, razón por la cual, luego de varios años sin resolver el problema del desempleo, en la actualidad se ha ido forjando ese consenso liberal que busca “sacarse de encima” la cuestión de los desocupados en general y de los planes sociales en particular, es decir, que el Estado no se haga cargo de la contención social, o bien, que su financiamiento se reduzca al mínimo posible.

El consenso liberal resurge entonces como una propuesta de solución a la crisis económica en general y al problema del desempleo en particular. Si el kirchnerismo impuso como solución a la crisis del 2001, mediante la estatización de la población sobrante, sin crear empleo productivo y sin modificar la estructura de la economía argentina (reproduciendo los elevados niveles de pobreza e indigencia), el consenso liberal se yergue sobre este fracaso e impulsa su contrario, a saber: el achicamiento del Estado por la vía de la reducción del gasto público y los impuestos. Aquí veremos en qué consiste la propuesta liberal, qué es lo que se viene llevando a cabo y sus limitaciones.

El diagnóstico liberal

A grandes rasgos, el planteo liberal sería más o menos así. La crisis económica es una crisis del Estado (o por acción de éste) y, por efecto, del déficit fiscal. O sea, el Estado gasta más de lo que realmente ingresa a las arcas fiscales, cuya consecuencia, junto con la emisión monetaria, sería la inflación. Desde esta perspectiva (según Milei), la inflación sería un problema monetario, y no un proceso causado por la escasa productividad relativa del capitalismo argentino en relación con el resto de los competidores mundiales. Por su parte, el sector privado se vería “asfixiado” para invertir y desarrollar la economía por los elevados impuestos que cobra el Estado para sostener su funcionamiento y los programas sociales y económicos dirigidos a la población en general y a los “empresarios amigos” (léase el presupuesto a la obra pública). La solución liberal redunda en un “achicamiento” de ese Estado por la vía de la reducción del gasto social y un “traspaso” de las resoluciones del problema del empleo al sector privado, proceso que iría acompañado por las reformas previsional, laboral y tributaria. Todo apunta a frenar y reducir el gasto público, disminuir los impuestos y, consecuentemente, achicar el Estado, para que el sector privado se recupere, logre invertir (con empleo flexibilizado y con menos impuestos que pagar) y emplee a los actuales desocupados, así como también, ofrezca mejores posibilidades salariales a los trabajadores estatales para que éstos cambien de empleo.

Probablemente, Milei y Espert sean quienes proponen estas medidas en forma más explícita. Aunque, el macrismo (tanto las “palomas” como los “halcones”) dice más o menos lo mismo. Incluso, el propio Frente De Todos ha planteado algunas de estas medidas como soluciones tentativas para resolver los problemas del déficit fiscal, de cara a las negociaciones por los préstamos del Fondo Monetario Internacional, no sin contradicciones en el seno del frente electoral y con recurrentes peleas internas. Sin embargo, la mayoría de estas propuestas ya están en marcha, en mayor o menor medida, de manera más o menos gradual. En un momento donde la pobreza alcanza a más del 40% de la población, la indigencia, a cerca del 10%, y el desempleo oficial se eleva al igual que el empleo “en negro”, el lanzamiento de mayores medidas de corte liberal no puede sino profundizar esta degradación social, sobre todo cuando no se sabe bien cuál sería el rol supuestamente dinámico del sector privado, pues no hay ninguna estrategia de largo plazo o un horizonte real de transformaciones económicas. Pero, a la vez, de continuar con las tendencias actuales sin modificar casi nada o sin cambiar el rumbo económico, no puede esperarse otra cosa que la profundización de la crisis económica y social, o sea, más desempleo y más empleo precario.

Un aspecto para reivindicar de Milei y los libertarios es que esbozan una propuesta estructural, tipo paquete de medidas, y que se animan a decirlo sin vueltas. Libertad Avanza habla del “plan motosierra”, un conjunto de reformas por etapas, pensado como proyecto de largo plazo para constituir otra Argentina de aquí a unos años. No deja de ser algo tentador y seductor, en un momento donde otras expresiones políticas no divulgan demasiado sus planteos. Además, parece una propuesta coherente. A simple vista, todo encaja, más o menos, pero encaja. Es muy coherente… con los intereses de la burguesía más concentrada. Sin embargo, para la clase obrera, es decir, para el conjunto de la población argentina, la propuesta liberal constituye probablemente la africanización de sus condiciones de vida, aun cuando se indique lo contrario. Y allí donde Milei no encuentra argumentos suficientes para sostener algunas situaciones inviables, entonces apela a los ideales: el cambio moral y cultural de las ideas libertarias te harán creer en que el cambio es posible. Un verdadero mamarracho, porque hablamos de seres humanos concretos.

La reducción del gasto, los impuestos y sus efectos sobre el empleo público

Comencemos por los impuestos. La idea de que los impuestos asfixian a la economía es falsa y no resiste la evidencia empírica. La rebaja de los impuestos es una medida que existe hace varias décadas en Argentina, por la vía del incremento cada vez mayor del empleo “en negro” y las permanentes condonaciones de deudas o las rebajas a las contribuciones patronales, exenciones impositivas en los programas de industrialización, entre otras medidas. Y, sin embargo, esto no evitó procesos hiperinflacionarios o el permanente déficit fiscal como resultado de las arcas del Estado, sino que, contrariamente, tuvo como consecuencia la degradación de las condiciones de vida de la clase obrera. Es más, si tan sólo la burguesía que contrata a obreros “en negro” tributara al Estado todo lo que se ahorra por no pagar aportes sociales y contribuciones patronales no habría déficit fiscal al menos desde 1993 a esta parte, con excepción de los años 2017 y 2020. Por el contrario, habría superávit. Imaginemos por un momento si el Estado cobrara todos los impuestos que no exige a la burguesía y que le perdona bajo diversas acciones, entonces, suponiendo que la causa de la crisis actual fuera el déficit fiscal, en esta parte del mundo no habría problema alguno.

Ahora bien, el consenso liberal propone una rebaja de los impuestos y en simultáneo una reducción del gasto público. Algo que ya se impulsa por lo menos desde el año 2017 a esta parte, pues en términos reales, el gasto social consolidado se redujo entre ese año y el 2020 un 26%. Además, el ajuste fiscal de la administración nacional es notable: entre 2017 y 2022 el gasto social se redujo un 11,6%. Por lo tanto, si la propuesta liberal sugiere la reducción del gasto social entonces debemos señalar que sería una profundización de lo actuado en los últimos años, o bien, un recorte brutal en el fisco. Paralelamente, y casi como por arte de magia, los liberales prometen que no echarían a ningún empleado estatal. Nos dicen que bajarían el gasto público, pero sin costo social alguno. Cabe destacar que, algo de todo esto ya se impulsa en la actualidad. En este sentido, el Frente De Todos, a través del Ministro de Economía, Sergio Massa, puso un freno a la incorporación de nuevos empleados estatales del sector público nacional, lo que significa un límite al empleo público y, consecuentemente, un menor gasto para los años siguientes. Por su parte, la expulsión de beneficiarios de planes de empleo del Potenciar Trabajo en los años 2022 y 2023 va en ese sentido.

La reducción del gasto público tal cual lo proponen los liberales no deja de ser un planteo interesante toda vez que supondría un recorte de una parte del presupuesto dirigido directamente a la burguesía. En este sentido, se propone eliminar a los subsidios económicos, a la obra pública, así como también, el gasto considerado como “robo de la política”. Por ello se reduciría la dieta de los legisladores, disminuiría la cantidad de legisladores y concejales, se eliminarían los fueros de los políticos y se revisarían los sueldos de los jueces. También se dejaría de pagar los subsidios a las empresas estatales las cuales contratan a unos 60 mil obreros (según datos del 2022). Suena muy interesante, sólo que no se habla de cómo reinvertir ese gasto, sino que iría de la mano de la reducción de los impuestos. Por lo tanto, no sería plata destinada directamente a crear puestos de trabajo productivos, sino que, indirectamente, se esperaría que los empresarios privados, por propia iniciativa, crearan nuevas fuentes de trabajo con los impuestos que dejarán de pagar. Se trata de toda una incógnita porque, en los hechos, y como ya dijimos, a pesar de la reducción de los aportes sociales y contribuciones patronales que se desarrolla desde antaño, las condonaciones de deudas impagas y la evasión fiscal, no hubo creación de empleo sustantivo en el sector privado.

También es cierto que algunos intelectuales del liberalismo, como por ejemplo Roberto Cachanosky, señalan como parte de ese presupuesto correspondiente al “robo de la política” el gasto destinado a las pensiones no contributivas y asistenciales a la invalidez, argumentando que se trataría de un subsidio para intercambiar por votos. Si bien es cierto que la asistencia social genera condiciones de clientelismo político, también es real que esas pensiones van dirigidas a una fracción de la población desocupada. En consecuencia, si se eliminara de cuajo el presupuesto en esas pensiones crecería rápidamente el desempleo.

Pero, una rebaja de los impuestos y del gasto social, ¿acaso no tendría consecuencias directas en el empleo público? Uno de los impuestos que Milei dice que pretende eliminar (entre muchos otros que no menciona explícitamente) es el correspondiente a los ingresos brutos, o sea, uno de los recursos que tienen las administraciones provinciales para financiar, entre otros, los servicios públicos descentralizados por el Estado nacional. Una parte de los salarios de los empleados estatales provinciales se cubre con los recursos que genera ese impuesto, razón por la cual, su eliminación tendría un efecto expulsivo. Del mismo modo, el dirigente de Libertad Avanza menciona que dictaría una reforma en la coparticipación federal, aunque señala que desde su punto de vista habría que eliminarla debido a que muchas provincias “pagan” y otras “gastan”, es decir, hay jurisdicciones que aportan mucho más con recursos propios a la coparticipación y otras que dependen de aquéllos para sus partidas presupuestarias. Es cierto. Incluso, hay provincias que reciben recursos coparticipables de origen nacional, los cuales representan más del 80% de sus gastos, como, por ejemplo, Chaco, Catamarca y Formosa. No menos cierto es que una parte importante de estos presupuestos son utilizados para el funcionamiento de los servicios estatales, salarios y programas sociales provinciales. Por lo tanto, su eliminación o reducción significaría una expulsión de obreros por la vía de la reducción o desaparición del salario.

El pasaje al sector privado

No obstante, el dirigente de Libertad Avanza asegura que no echaría a un solo obrero estatal, sino que propondría un retiro voluntario y una indemnización, pues el trabajador se iría por su cuenta al sector privado, donde habría mejores salarios. Pero ¿habría demanda de empleo? No se sabe. Lo único que se puede interpretar es la posibilidad de que con una rebaja de impuestos y consecuentemente del gasto social los obreros estatales verán reducidos sustantivamente su salario. De allí que, sin posibilidades de reproducir sus condiciones de vida por ausencia o rebaja de sueldos, o sea, objetivamente despedidos, los obreros buscarán trabajo donde haya y de cualquier cosa, pues sin una fuente de ingresos permanente, no hay forma de sobrevivir. Esto significa que las medidas del consenso liberal establecen por efecto, y sin decirlo, una rebaja del salario y crean una gigantesca competencia entre obreros ocupados y desocupados por un contrato en cualquier tipo de empleo en el sector privado. Vaya como ejemplo los obreros que se emplean en Rappi o Glovo muchos de los cuales son venezolanos empobrecidos expulsados de su país y abiertamente desocupados quienes, carentes de una fuente de ingresos, se emplean en las peores condiciones laborales.

Luego, Milei señala que el Estado sólo debiera financiar a las fuerzas de seguridad y a la justicia, el resto de los servicios dejaría de ser sostenido por el fisco. ¿Y qué pasaría con la salud y la educación? ¿Y con los obreros que se emplean en esos sectores, los docentes, los médicos? La salud sería totalmente privatizada para no ser “doblemente” pagada, nos dice Milei. En un país con más de un 40% de la población empobrecida y con salarios cada vez más bajos, ¿quién puede pagar una atención en salud? ¿Cuántos médicos dejarían de tener empleo por el simple hecho de que la población no puede pagar por su atención? Quizás Milei tenga en mente para el ámbito de la salud una propuesta parecida a la que tiene en materia educativa. Aunque no queda del todo claro si se trata de la educación universitaria o de la educación básica y común (primaria y secundaria), la propuesta de los libertarios consiste en un sistema de voucher, según el cual, el Estado reasigna toda la plata que hoy va dirigida directamente al funcionamiento de los establecimientos o bajo la forma de salarios de los docentes, a la población. Luego, los asistentes al mundo educativo eligen a qué Institución asistir y pagan con ese voucher entregado por el Estado. ¿Qué sucedería con este sistema? Si la institución tiene mucha matrícula será financiada, y la que no lo tenga, desaparecerá. Los docentes no serán pagos y tendrán que buscar trabajo en otro lado. Los estudiantes, lógicamente, deberán tener buenas calificaciones, de lo contrario, dejarán de tener la posibilidad de asistir a la institución. Conclusión: varios docentes y médicos se quedarán sin empleo. ¿Esto garantiza un buen sistema educativo? No necesariamente. Simplemente, la propuesta mueve algunas variables económicas en el gasto social.

En relación con los planes sociales, el consenso liberal señala algo semejante a lo propuesto para el empleo estatal. Milei nos dice que no dejará de pagar ningún plan, que con el tiempo los beneficiarios se irán traspasando al sector privado y registrado de la economía y, consecuentemente, no habrá más “planeros”, pues se crearán más puestos de trabajo con mejores salarios. Sin embargo, no hay nada nuevo en esta política hacia los beneficiarios de programas de empleo. En este sentido, el kirchnerismo primero (a través del Programa de Inserción Laboral), el macrismo después (a través del Empalme) y ahora el Frente De Todos, vienen llevando a cabo esta estrategia que no ha dado ningún resultado favorable. Al contrario, ha sido todo un fracaso (menos del 2% del total de beneficiarios fueron traspasados al sector privado en los años que llevan estos programas). Va de suyo que el ajuste en el rubro de los planes sociales y programas de empleo ya está en marcha desde hace rato. En primer lugar, los montos pagados han visto reducir su poder de compra desde el momento mismo de su sanción (una caída del 65% entre 2010 y 2022). En segundo término, el Frente De Todos no sólo puso un límite a nuevas altas en el programa Potenciar Trabajo, sino que, además, ha comenzado a reducir su cantidad. En dos tandas, una a fines de 2022 y otra en febrero de 2023, se expulsaron a casi 160 mil beneficiarios.

¿Y en qué condiciones irán a parar los empleados estatales y los beneficiarios de planes sociales al sector privado? Para ello, el consenso liberal propone la reforma laboral, algo que también ya está en marcha, pero sería más profunda que la actual. ¿De qué modo se pondría en marcha la “nueva” reforma laboral según los liberales? Con mayor flexibilización. ¿Más de la que existe actualmente? Sí. Pero eso sí, con Seguro de Desempleo por gremio. Un sistema parecido al que ya existe con los empleos más precarios de la economía registrada actual, a saber, la construcción y las ocupaciones rurales. Es decir, un sistema de seguro de desempleo con fondos de los propios trabajadores (como el ya existente Fondo Nacional de Empleo) del estilo de los, otra vez, ya vigentes programas interzafra e intercosecha, los cuales, en momentos de desempleo abierto por el paro de la actividad, otorgan un beneficio que constituye una migaja para la familia obrera. Un sistema brutalmente empobrecedor.

Lo viejo y lo nuevo

Cualquier “retoque” que se haga en el gasto social tal como lo proponen los liberales tendría consecuencias en una infinidad de programas sociales como el PROGRESAR, la AUH, los programas alimentarios, es decir, el programa liberal consiste en un ajuste que va contra el sostenimiento actual y precario de millones de familias obreras. Un ajuste que ya está en marcha, pero que se profundizaría. A esto debe agregarse la propuesta de Milei de reforma previsional por la vía del aumento de la edad jubilatoria y la modificación de su régimen de movilidad que debiera adecuarse a la evolución del PBI para no generar un mayor déficit fiscal. Cabe destacar que el Frente De Todos ya viene enarbolando un ajuste feroz contra los jubilados (caída del 18,5% del presupuesto dirigido a jubilaciones y pensiones entre 2017 y 2022) y que el cupo de las pensiones no contributivas frenó su curso ascendente desde el año 2015 a 2022. Consciente de tremebundo ajuste, Libertad Avanza propone la creación del Ministerio de Asistencia Social (luego de la eliminación de unos cuantos) el cual debiera atender “las probables repercusiones de la ‘motosierra’ durante la ‘transición’ y garantice que ‘la gente morfe’”.

Sin embargo, toda la estrategia liberal carece de medidas concretas que resuelvan el problema del empleo. La causa de los problemas de la economía y del empleo en Argentina no remiten a una cuestión monetaria o de déficit fiscal, como señalan los liberales. Ni siquiera es un problema de la deuda externa o la inflación. Todas estas no son otra cosa que manifestaciones de la escasa productividad del capitalismo argentino (comparada con otras economías del mundo) y, consecuentemente, la baja escala de producción. Es decir, la Argentina padece un problema de crecimiento, que no es otra cosa que de producción de valor. El capitalismo argentino pierde terreno en la economía mundial porque no produce valor como producen sus competidores. Por lo tanto, la única solución posible radica en incrementar la producción de valor, o sea, de escala y de productividad. Sólo así se resuelven los problemas del trabajo, creando empleo productivo y no superfluo o subsidiado por el Estado. Mientras que el kirchnerismo impulsó la estatización del desempleo sin crear empleo productivo, el consenso liberal pretende hacer que el sector privado, casi como por arte de magia y por su propia voluntad, genere puestos de trabajo, ayudado por algunos cambios en materia impositiva, laboral y jubilatoria desde el Estado. La solución liberal sólo redunda en ajustar algunas variables macroeconómicas para que los empresarios del sector privado inviertan (si tienen la voluntad) y la economía crezca. Pero, esta tentativa no contempla un plan concreto de creación de empleo, sino la expectativa del empresariado argentino, el que ya a esta altura del partido, con mucha condonación de deuda y evasión fiscal, no ha planteado resoluciones de largo plazo, por el contrario, ha sido parte del problema.

Además, individualmente los empresarios no pueden resolver los problemas que afectan al conjunto de la población. Sólo un Estado que planifique la totalidad de la economía puede trazar un horizonte, una estrategia y resolver los problemas económicos y de empleo: dónde invertir, en qué, con quiénes, qué vender, qué comprar, qué producir y cuánto. Ni la integración de personas por un subsidio o en trabajos superfluos, ni el achicamiento del Estado echando gente resuelven el desempleo. La única solución posible es la creación de empresas estatales que empleen a millones de obreros en actividades productivas. Hay que empezar a pensar al revés.

Publicado en El Aromo Nueva Época N° 9 – Marzo 2023