A la nación venezolana, a la comunidad internacional
¡Venezuela ni se regala ni se alquila!
Condena rotunda a la entrega de la riqueza venezolana a Estados Unidos o a cualquier potencia
Venezuela está frente a la consumación de una de las mayores traiciones a la patria de nuestra historia republicana. La cúpula que encabeza la dictadura tutelada de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, ha entregado ilegalmente la soberanía energética de la nación y el futuro de nuestra patria, cediendo el control mayoritario, la propiedad y la administración de más de al menos 17 campos petroleros estratégicos, al gobierno del presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, en su ambición por consumar la hegemonía extractivista sobre nuestro suelo.
Esta transacción —peor en sus términos que las vergonzosas concesiones de la época de Juan Vicente Gómez— pretende alienar y someter la producción nacional a un esquema de dominación exterior que compromete los recursos de las próximas generaciones de venezolanos. No bastó la destrucción total del aparato productivo. Ahora pretenden entregar decenas de miles de millones de barriles de crudo para ser administrados y vendidos bajo tutela extranjera, lo que constituye un despojo flagrante a la autodeterminación y al patrimonio del Estado, y una violación flagrante a la Constitución.
En primer lugar, advertimos que este acuerdo nace viciado de nulidad constitucional, por violar la Constitución en su artículo 12, que establecen que “los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público; y 13, que señala claramente que “el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional”.
Además, violan nuevamente el artículo 5 de la Constitución (ya lo hizo con la elección presidencial de 2024), al pretender suplantar la soberanía popular en decisiones de tal envergadura, que comprometen seriamente la República y sus intereses económicos, políticos y territoriales. Por tanto, advertimos al mundo que este acuerdo será irrevocablemente desconocido y revisado cuando Venezuela recupere su democracia, su independencia y su libertad.
Cien años de dependencia
Este acuerdo de 100 años es prácticamente la entrega del control económico de nuestro desarrollo a futuro. Nos pretende anclar a 100 años de dependencia. No es una duración mundialmente aceptable para adjudicar 17 campos estratégicos simultáneos. Pero el acuerdo oculta cosas que debemos desnudar.
Si Estados Unidos controla la determinación del costo y compra sin precio de mercado, captura una enorme parte del upside. Una transacción en la que compran petróleo “at cost”, es mucho más delicada que tener solo una participación. El 55% de control económico aparentemente queda del lado estadounidense, de acuerdo a lo reconocido por el interinato, aunque la República jurídicamente conserve la propiedad del petróleo en el subsuelo. Pero veamos en detalle:
- Los USD $100.000 en inversiones y los USD $209.000 millones en impuestos, suenan a propaganda. Si los impuestos son distribuidos nominalmente durante esos 100 años, equivaldría todo a apenas USD 2.090 millones anuales, sin descontar inflación ni calcular el valor presente. Sobre 65.000 millones de barriles, equivaldrían aproximadamente a USD 3,22 por barril.
- Falta saber si esa proyección es real, garantizada o puramente propagandística. No se conoce una licitación internacional competitiva previa.
- Si los mejores campos fueron asignados directamente, el resto de los inversionistas comienzan en una posición desigual.
- No existe una identificación pública del operador, de sus beneficiarios finales ni de las garantías de financiamiento.
- Un acuerdo puede respetar formalmente la propiedad venezolana y, sin embargo, transferir prácticamente todo el control económico: operación, producción, costos, comercialización y destino del crudo, lo que se hace lesivo en extremo para la República.
- La reforma petrolera mantiene que los yacimientos pertenecen a la República, pero permite operadores privados domiciliados en Venezuela, contratos de participación productiva y control operacional privado. También contempla regalías flexibles de hasta 30% y un impuesto integrado de hasta 15%. Por tanto, el argumento de “Venezuela todavía conserva 78,6%”, es engañoso.
- Matemáticamente, 65.000 millones representan aproximadamente el 21,45% de 303.000 millones. Pero estratégicamente no basta. No todos los barriles tienen el mismo valor. De hecho, esos 17 campos podrían concentrar: a) Los recursos más certificados y comercialmente recuperables. La infraestructura existente. b) Los mejores accesos a puertos, oleoductos y mejoradores. c) La producción que puede recuperarse más rápidamente. d) El crudo con menores costos o mayor atractivo para las refinerías estadounidenses.
Todo indica que no puede asegurarse que el “otro 78,6%” constituya una oportunidad equivalente. Podemos estar frente a una entrega mayor a la que se puede ver. A la entrega del corazón comercial del sistema mientras dejan enormes reservas mucho más costosas y lentas de desarrollar.
Además, Venezuela tiene que impedir que los 17 campos se conviertan en un monopolio de facto sobre toda la cadena. Los espacios potenciales son: Campos maduros y proyectos brownfield fuera del paquete. Contratos de participación productiva. Empresas mixtas y farm-ins. Recuperación mejorada de crudo. Diluyentes, mejoradores y mezcla. Terminales, almacenamiento, oleoductos y electricidad. Reparación naval, tanqueros y logística marítima. Comercialización y offtake de la participación venezolana. Gas natural, petroquímica y refinación. Servicios petroleros, ingeniería, mantenimiento y tecnología.
Pero el contrato, por ahora, es desconocido. No sabemos si, además, concedieron exclusividad sobre transporte, comercialización, infraestructura, financiamiento y destino del petróleo.
Venezuela no reconoce ese acuerdo
Es evidente que “el mayor acuerdo petrolero de la historia” es solo propaganda que enmascara una cesión total de territorio y riquezas nacionales. Es un acuerdo írrito que equivale constitucional y políticamente a Traición a la Patria. Por tanto, y ante esta gravísima agresión a nuestra soberanía, diversas organizaciones sociales y populares, la Alianza por la Soberanía y la Democracia (ASD) y los adherentes firmantes de este pronunciamiento, declaramos:
1. Rechazo total al saqueo energético: Condenamos y desconocemos enérgicamente cualquier acuerdo o contrato leonino negociado a espaldas del país que suponga la entrega de territorio, pozos, yacimientos e infraestructura petrolera.
2. Convocamos a conformar con todas las fuerzas políticas del país, un gran Frente Nacional en Defensa de la Soberanía Nacional y Popular, que tenga una forma orgánica y que permita concitar las más variadas expresiones políticas y sociales con sentido nacional y en defensa de la República, la Constitución y la democracia en nuestro país.
3. Convocamos a organizar y realizar, sin esperar lo anterior, una gran Movilización popular en las calles de Venezuela en rechazo a esta entrega: Hacemos un llamado patriótico a todas las organizaciones e individualidades a realizar lo antes posible la organización unitaria de una gran movilización popular, pacífica pero firme, en las calles de todo el país, para expresar nuestro repudio absoluto al pacto de sumisión entre la cúpula de Caracas y el gobierno de Trump.
3. Referéndum Consultivo Constitucional: Exigimos de manera inmediata la activación del mecanismo constitucional del referéndum consultivo para que sea el soberano —el pueblo venezolano— quien decida y frene la entrega del botín petrolero y el remate de la nación.
4. Devolución de la autodeterminación y la Soberanía Popular: Las vías para rescatar la dignidad y el futuro del país es el restablecimiento pleno de la soberanía, que por lo pronto tiene dos formas únicas de realización. a) El reconocimiento de las Elecciones Presidenciales de 2024 en la que resultó electo Edmundo González Urrutia y por tanto, el restablecimiento del hilo constitucional y la instauración de su gobierno; o b). La convocatoria inmediata de Elecciones Generales libres, transparentes y democráticas, con garantías de participación plena de todas las organizaciones, candidaturas y participación ciudadana libre y sin limitaciones distintas a las establecidas en la Ley.
¡El petróleo pertenece al pueblo venezolano y no al Gobierno usurpador y tutelado de los Rodríguez ni a potencias extranjeras!
¡No al despojo colonialista!
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31 de Agosto de 2026