El ajuste y la deuda educativa

El Aromo Tercera Época – N° 14 – 17 de noviembre de

Romina De Luca

Vía Socialista

Como todos los años, hace un par de meses el Gobierno nacional difundió el presupuesto 2027. Si consigue terminar de alinear a los “aliados”, el martes 17 habría dictamen de comisión, para aprobarse en plenario el 25 de noviembre. En materia educativa, el gobierno busca defender su presupuesto como “alcista”. En efecto, el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, sostuvo que se destinaría una partida de $9,8 billones para la función educativa y que, a diferencia de las gestiones anteriores, se trataba de un gasto estratégico y medible. En su informe al parlamento, Torrendell señaló que, hasta 2023, el 34,5% de los recursos nacionales, en apoyo la educación básica, se distribuía entre más de 200 programas educativos, destinados a las provincias “sin impacto pedagógico evaluado”. A su vez, señaló que otro 20% se dirigía a equipamiento digital y un 21% a incentivos salariales, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que, según el secretario, tampoco podía ser medible pedagógicamente y, fue, oportunamente eliminado, como si el salario y las condiciones materiales en las que la docencia ejerce su labor no tuviera nada que ver con lo “pedagógico”…

Defendió el eje puesto en el Plan Nacional de Alfabetización que, a decir suyo, ya mostró mejoras en las pruebas Aprender 2025. Como señalamos en otra oportunidad, un árbol no construye el bosque y en Educación, lo que importa es ver tendencias. Por eso, el secretario debería ser más cauteloso frente a los resultados de las pruebas Aprender, aunque muestren una ligera mejora en lengua. Además, como bien señaló Alejandro Morduchowicz, exigiría cierta cautela el celebrar los recursos dirigidos al Plan Nacional de Alfabetización, cuando estos son apenas un magro 0,06% del PBI. Esto implica que la Secretaría de Educación destina el 8,3% de todo su gasto al único programa propositivo que puede exhibir en su gestión, reforzado con apenas menos de un punto porcentual, de 2026 a 2027. Más aún, cuando proponen ampliar el continente del programa, alcanzando la alfabetización en matemáticas. Además, el 80% del gasto del Plan de Alfabetización está destinado a sostener la 5° hora de clase, lo que implica que, incluso en sus términos, queda mucho camino por invertir allí, si se planificara seriamente el asunto. Por eso, si alguna certeza trae el debate sobre el presupuesto 2027 es la de la continuidad del ajuste. Veamos.

Los números

Pese al optimismo de Torrendell, incluso sectores no hostiles al gobierno como “Argentinos por la Educación” reconocen que el gasto nacional en materia educativa pasó de 1,42% del PBI, en 2023, a una proyección, en el mejor de los casos, de 0,79% para 2027. Los números hablan por sí mismos, aunque incluso ese sector destaque la recuperación interanual real estimada del 5,6% para el sector en lugar de la secuencia a la baja y prefiera celebrar los logros del poco financiado Plan Nacional de Alfabetización.

El principal componente en el gasto nacional es el rubro universitario y su recorte desde 2023 implicó una caída del 0,71% del PBI a, en el mejor de los casos, 0,53% para 2027. El largo conflicto con las universidades ha visibilizado el ajuste en el nivel que acumula una caída salarial para el personal docente y no docente del 47%, desde 2015, amontonándose un 25% de la caída entre 2023 y 2026.

Menos interés mediático despertó el ajuste a la educación obligatoria por parte del Estado Nacional. En efecto, eliminó la mayoría de las erogaciones de Nación a las provincias y pasó la motosierra: desde 2023, redujo el porcentaje del PBI del 0,32% a un magro 0,08% para 2025, valores similares a los de 2026 y proyectados para 2027. Un verdadero congelamiento del gasto. Se trata de la mayor expresión de la descentralización educativa: el Estado nacional tiene poco que aportar a las responsables del sistema, esto es, a las provincias. Son éstas las que se deben hacer cargo. Una lógica que el proyecto de Ley de Libertad Educativa promete profundizar, pero ya a nivel de cada escuela.

A su vez, el artículo 1° de la Ley de leyes dispone la obligación de equilibrio fiscal, lo que habilita la discrecionalidad, si cualquier variable de la proyección cambia. No se trata de un dato menor: ACIJ estimó que, entre 2023 y 2027, de cumplirse todas las variables y supuestos del presupuesto, el sector educación y cultura perderá 44% del gasto, centralmente por el ajuste universitario, mientras que ciencia y tecnología acumula una caída del 38%. Si la inflación es mayor, el equilibrio fiscal hará que la cartera de Pettovello implemente a gusto y piacere la reasignación de fondos. Dentro del rubro servicios sociales, los únicos sectores que recuperan algo son Salud y Seguridad social, aunque se trata más bien de un cambio contable del PAMI, que crea un efecto de aumento cuando modifica la forma en que el tesoro transfiere recursos, más que una suba real.

En realidad, tal como ocurrió desde la asunción de Javier Milei, los principales beneficios que reciben niñas, niños y adolescentes por parte de la cartera de Capital Humano refieren a la asistencia social: AUH, Prestación Alimentar, Programa 1000 días, salario familiar y becas Progresar, entre otros. Luego de la licuación del 20% operada en 2023, el gobierno sostuvo los valores desde 2024, mayormente gracias a los que atan su valor a la inflación. Por cierto, el gobierno ya dispuso que ese rubro también pase por la motosierra, al eliminar el ajuste automático por inflación para la AUH y Asignación Familiar. Es decir, ni la contención social queda exenta del ajuste.

La inclusión educativa, si ya era una quimera antes de la asunción de Javier Milei (dada la ausencia de recursos reales), ahora será directamente nula. El proyecto de presupuesto elimina el sistema de nomencladores único para prestaciones básicas y lo ubica en una negociación individual entre personas y prestadores. Así quienes dependen de obras sociales y la población de menores recursos verán su acceso más que limitado dada la esperada reducción en los prestadores que migrarán allí donde reciban mejoras aranceles.

Finalmente, en lo qué refiere a recursos para Educación Sexual Integral, el recorte es tan brutal como la violencia que se ejerce cotidianamente sobre las mujeres: 98% de caída acumulada desde 2023 para la ESI y una asistencia de capacidad de apenas 900 docentes, sobre un sector que tiene más de un millón cuarto de trabajadores. Centralmente, mujeres.

No les importa

El gobierno sostiene que no se trata de destinar más recursos al sector educación sino gastar mejor. Pero lo único que tiene para mostrar es ajuste liso y llano: su programa estrella recibe menos de un décimo porcentual del PBI, la educación básica y obligatoria no recibe recursos del Estado nacional, se contrajeron más los salarios docentes gracias a la eliminación del FONID, se eliminaron las erogaciones para la ESI y se privatizaron aún más los mecanismos para la inclusión educativa. No extraña: el gobierno propone blanquear que ese financiamiento le corresponde a las provincias y así lo escribió en la Ley de Libertad Educativa. Hay que decirlo: el Gobierno nacional no estuvo solo en materia de ajuste todos estos años. Por su parte, las provincias también ajustaron el salario de sus docentes. Sin grieta, la caída oscila entre 5% y 50%, tal como calculó Morduchowicz, y en el distrito educativo más grande del país, la provincia de Buenos Aires gobernada por Axel, la caída es de un 30% en diez años. No perdimos el paraíso en diciembre de 2023: el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo acumuló una perdida de 5% del PBI hasta 2020 para el sector. Sin embargo, lo que queda claro, de aprobarse el nuevo presupuesto, es que se profundizará la tendencia a la baja de recursos, que si bien no son condición suficiente para mejorar el sistema, sí son necesarios. Y lo cierto es que ese desinterés para el sector atraviesa la grieta.

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