Una solución obrera para el problema “mapuche”

Roberto Muñoz

TES-CEICS

A principios de octubre un nuevo episodio en el ya largo conflicto en la zona de Villa Mascardi adquirió repercusión nacional. Todo el arco político tuvo la necesidad de sentar, otra vez, posición al respecto. Gerardo Morales le explicó vía twitter al presidente que ante el “accionar sedicioso y delictivo” del grupo mapuche, debía tomar “las riendas de esta inadmisible situación personalmente y de inmediato”. Pichetto aprovechó un acto de Encuentro Republicano Federal (su pata peronista dentro de Juntos por el Cambio) para indicar que “necesitamos a las Fuerzas Armadas en el sur argentino”. También el hecho propició la renuncia de la titular del Ministerio nacional de la Mujeres, Géneros y Diversidad, por considerar que el nuevo desalojo, realizado esta vez por un Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad organizado por Aníbal Fernández, chocaba “con los valores que defiendo como proyecto político”. Finalmente, Alberto Fernández viajó a la zona y se reunió con representantes mapuches.

El conflicto

El conflicto se remonta, recordemos, a noviembre de 2017, cuando alrededor de 30 personas –autopercibidas mapuches- que se habían instalado en tierras pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi, fueron desalojadas por orden de la justicia federal. Días después del desalojo, el grupo Albatros de Prefectura asesinó por la espalda a Rafael Nahuel e hirió a otras dos personas –una de ellas, soldado voluntaria en la Escuela Militar de Montaña de Bariloche-, que también habían participado de la ocupación y habían logrado escapar al momento del desalojo. Resultó ileso Fausto Jones Huala, hermano menor de Facundo, que por ese entonces estaba detenido en Esquel, luego de que el macrismo, valiéndose del instrumental legal heredado del kirchnerismo, lo catalogara como el líder de una organización terrorista.

Las familias que habían llevado adelante la toma provenían del barrio Virgen Misionera, en las afueras de Bariloche, hacia el oeste de la ciudad, que presenta las mismas características de la zona de “El Alto”: gran concentración de clase obrera ocupada estacionalmente o abiertamente desocupada, viviendo en pésimas condiciones. En la región patagónica, el problema de la vivienda muestra números por demás de elocuentes: en Río Negro y Neuquén se estima que existen cerca de 100 mil personas viviendo en tomas. Solo en Bariloche existen 14, de distinta antigüedad, en las que viven alrededor de 8 mil personas. En otras localidades de la zona la situación es similar o aún peor: 5.000 en El Bolsón, 6.600 en Neuquén, 18 mil en Cipolleti, y 33 mil en Neuquén capital.

En el caso que nos ocupa, la toma logró continuarse a pesar de la represión de 2017 y en estos cuatro años se ha extendido del predio fiscal original hacia terrenos privados, totalizando alrededor de 28 hectáreas. También se agrega un elemento que, sin ser novedoso, porque está presente no solo en otras zonas de la Patagonia sino en gran parte del país desde hace algunas décadas, parece colocar el conflicto por encima o por fuera del problema de la vivienda que atraviesa a una enorme masa de la población obrera argentina: las familias se organizaron en comunidad como mapuches y llevaron adelante la toma como una recuperación territorial, reivindicando el derecho constitucional que establece la pre-existencia de los llamados pueblos originarios y que habilita a reclamar espacios territoriales que les pertenecerían de manera ancestral. ¿Por qué la ocupación es específicamente en estos predios? La justificación, según los ocupantes, la brindaron los espíritus que se expresan a través de Betiana Colhuan Nahuel. En 2017, a sus 16 años, Betiana fue erigida en machi (autoridad espiritual con supuestas capacidades sanadoras) y habría tenido una suerte de epifanía que le marcó la importancia de asentarse en los predios que ocuparon en Villa Mascardi. Precisamente allí funcionaría un rewe, lugar donde la machi conectaría con las energías espirituales necesarias para sus actos sanadores. La madre de Betiana lo explica mejor: “una machi es una curandera. Nace con ese espíritu, está dentro de la panza. Es una mujer que ayuda espiritualmente. Es como ir al médico (…) Puede frenar un cáncer no avanzado, hacerte caminar si no caminás” ¹. Las antropólogas que viven entre Bariloche y Estados Unidos a base de proyectos de investigación que consisten en reproducir la “cosmología mapuche”, dicen –y con ello aseguran también su propia reproducción- más o menos lo mismo, pero más largo: “Betiana es machi no porque ella lo decidió, tampoco porque hubo una votación o porque su familia así lo quería. (…) Aceptar que se tiene un espíritu especial no es nada fácil, porque implica mucho esfuerzo, demasiado trabajo y una vida dedicada a cumplir el rol. Betiana era una niña cuando diferentes autoridades ancestrales de su pueblo le fueron anunciando el diagnóstico a la familia: esa niña, que iba recién a la escuela primaria, tenía el espíritu de machi y debía levantarse como tal para no enfermar (…) Hoy es machi en conexión con su rewe levantado en el territorio de su comunidad Lafken Winkul Mapu.” ². Por eso la comunidad no acepta la propuesta de relocalizarlos en otros terrenos cercanos, que desde el gobierno les habrían hecho en estos días. Es decir, no hay una explicación racional del problema. Por un lado, queda claro que el Estado no se hace presente con la necesidad de una salud pública (científica) para la población. Por el otro, cuesta creer que gente que se dedica a la investigación “científica” y es sostenida con la plata de todos nosotros sostenga la existencia de “espíritus”…

En esta ocasión, en el operativo de desalojo desatado a principios de octubre tras el incendio de un puesto móvil de vigilancia de Gendarmería, fueron detenidas 7 mujeres – una de ellas embarazada muy cerca de entrar en trabajo de parto- y sus hijos. La mujer embarazada, la machi y otra más quedaron detenidas en Bariloche y las cuatro restantes fueron trasladas a la cárcel de Ezeiza. A los pocos días, sin embargo, fueron devueltas al sur y una de ellas fue liberada y sobreseída. Se trata de una docente de Trelew que demostró que no formaba parte de la ocupación sino que justo estaba allí para recibir los servicios sanadores de la machi. Del resto de las mujeres, al momento que escribimos esta nota, dos fueron liberadas tras 21 días de huelga de hambre mientras que a las otras cuatro les dictaron prisión preventiva domiciliaria.

En la semana siguiente al desalojo, en la madrugada del 14 de octubre, encapuchados ingresaron a la empresa Conevial ubicada en Villa Langostura, maniataron al sereno e incendiaron 4 máquinas. Al retirarse habrían dejado una nota firmada por la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) exigiendo la libertad de “los presos políticos mapuches”. Se suele señalar a Jones Huala como líder de esta difusa organización sobre la que existe todo tipo de elucubraciones, desde que directamente no existe a ser una suerte de internacional radicalizada de los mapuches, con inserción a ambos lados de la Cordillera, o incluso ser una creación de los servicios de inteligencia para deslegitimar los reclamos territoriales.

El problema

Ya hemos explicado los orígenes, desarrollo y el alto grado de institucionalización estatal del movimiento indigenista en la Patagonia. En Río Negro en particular ese activismo indigenista logró la sanción de una Ley Integral Indígena en la década del ochenta, que entre otras cosas, estableció la conformación del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), dependencia estatal todavía vigente conformada por cuatro representantes de las comunidades indígenas y tres funcionarios del gobierno. Toda comunidad que se reivindique indígena y pretenda acceder a los derechos adquiridos tiene como primera condición que encontrarse registrada ante este organismo. Así, hoy la provincia cuenta con más de 120 comunidades reconocidas. Se trata de familias o grupos de familias organizados bajo esta forma. Hay grupos asentados en espacios urbanos y otros con residencia rural. Entre los primeros encontramos docentes, empleados públicos y obreros desocupados. En las comunidades rurales también pendulan entre el empleo transitorio y la desocupación. Algunos se dedican a la cría de ganado menor, otros utilizan sus predios con fines turísticos. Estos últimos suelen ser aquellos que han avanzado en la regularización de la titularización de sus tierras. Lo hemos explicado repetidas veces, las miserables condiciones de vida de la mayoría de esta población no están marcadas por su situación de excluidos en un espacio donde no estarían plenamente desarrolladas las relaciones capitalistas de producción. Por el contrario, son la manifestación del pleno desenvolvimiento de éstas, que integran a esta fracción de clase, en tanto población sobrante para el capital. Compañeros que habían sido desplazados del medio rural a las ciudades –ya sea por haber sufrido desalojos de tierras fiscales o, más marcadamente, por la falta de oportunidades laborales- y, principalmente, jóvenes obreros que directamente nacieron en espacios urbanos y hoy, ante la desocupación abierta, ensayan esta salida. Tan es así que la mayoría de los integrantes de la comunidad desalojada reproducen su vida fundamentalmente a partir de la percepción de planes sociales -los mismos planes sociales que reciben los desocupados en general- el empleo estatal precarizado y changas. El caso que nos ocupa de Villa Mascardi no difiere del resto en el sentido de ser un grupo que por la vía de las “reivindicaciones ancestrales”, intenta resolver de manera aislada problemas que son del conjunto de la clase obrera argentina: vivienda, trabajo, salud. Pero difiere en que se trata de una comunidad de creación reciente que no está registrada en el Codeci ni pretende estarlo. La comunidad en cuestión no gestionó la inscripción formal ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni pidió ser relevada, como indica la ley que regula la materia.

La salida

La política indigenista en Argentina ha mostrado rápidamente sus límites. El reconocimiento de la preexistencia de los llamados pueblos originarios y con ella la necesidad de la restitución de territorios que garanticen la supervivencia de las formas organizacionales y reproductivas que serían propias de los “pueblos preexistentes”, habilitó la entrega tierras, en distintos puntos del país en donde es casi imposible instalarse. Cuando los terrenos en disputa tienen alguna perspectiva de ser un espacio de acumulación de capital, la norma se vuelve papel mojado. La denominada población indígena de la provincia ha ido experimentando un proceso organizativo sustentado fundamentalmente en su identificación étnica, y centrado en la reivindicación de derechos que la legislación provincial y nacional le adjudica de manera exclusiva. Construido bajo esos parámetros, los reclamos no se presentan como típicamente obreros –en el sentido de centrarse en reclamos salariales o de subsidios a desocupados. Se trata de desposeídos de todo medio de producción que exigen tierras como recurso para subsistir. Bajo el influjo de la ideología indigenista, motorizada tanto desde el Estado como desde diversas ONGs, en especial las religiosas, el reclamo se presenta en términos de derechos ancestrales. Así, la estructuración del movimiento indígena requirió el solapamiento de la condición obrera de sus miembros, para montarse sobre la defensa de una “ciudadanía especial”. De allí su demanda no solo de tierras, sino también de acceso a una educación y salud intercultural bilingüe, que tienda a quedar en manos de los propios “indígenas”. Estos lineamientos pueden explicar la falta de confluencia, tanto en sus demandas como en sus acciones, con el resto del movimiento obrero. Así ocurre en no solo en la Patagonia sino en todo el país. A su vez, habilitó la posibilidad de actividades rentísticas por parte del reducido grupo de representantes legales de las asociaciones indígenas. De hecho, otra comunidad mapuche reconocida oficialmente y asentada en la misma zona sacó un comunicado muy ilustrativo para denunciar a la comunidad desalojada: “Una machi no puede aleatoria y caprichosamente y sin fundamentos elegir radicarse aquí o allá ignorando por completo y avasallando la presencia, soberanía y autodeterminación de otras comunidades. El único lugar sagrado en toda la zona es el Rehue y está ubicado en nuestro territorio comunitario, reconocido por el relevamiento jurídico catastral de la ley 26.160. Nunca nuestros abuelos hablaron de ningún otro lugar sagrado en la zona.” ³.

La tierra no es el problema. Entregar terrenos a una fracción reducida de la clase obrera que se reivindica indígena, sin ninguna perspectiva no ya de que sirvan para un proceso de acumulación, sino de que sirvan aunque sea de soporte para el sustento de la población beneficiada, es una salida espúrea. En Mascardi, las familias que sostienen la toma ni siquiera han podido construir casas o desarrollar alguna mínima producción de autoconsumo en el lugar. Por eso, la consigna de la autodeterminación solo puede implicar hundirlos aún más en la miseria. Como explicamos en una nota reciente, Un programa verdaderamente preocupado para revertir de manera inmediata la pauperización severa que atraviesa esta población no debe centrarse en el respeto cínico de supuestas pautas culturales y la cesión de tierras marginales para tareas de subsistencia, sino en la reinserción dentro del proceso productivo de esta población, del mismo modo que proponemos para el conjunto de la clase obrera desocupada: incorporarlos como empleados de un Estado verdaderamente productivo.

Publicado en El Aromo Nueva Época N° 7 – Noviembre 2022

Una solución obrera para el problema “mapuche”

Roberto Muñoz

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