Roberto Muñoz
TES-CEICS
A mediados del mes pasado, un nuevo episodio puso en el debate público a la “cuestión indígena” en Argentina. El disparador fue un proyecto presentado por la diputada Victoria Villarruel, integrante del bloque “Libertad Avanza”, que dirige Milei. Un proyecto breve y sencillo: derogar la Ley de Emergencia Territorial 26.160, que ordenaba al Estado realizar un relevamiento para determinar cuáles son las tierras que pertenecen a los llamados “pueblos originarios” y suspender, por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de desalojos. La fundamentación de la diputada es que tal emergencia no existe y que la normativa solo habría servido para amparar “las usurpaciones llevadas adelante por los mapuches y otros pueblos originarios”. El repudio, inmediato, provino de tres vertientes: algunos dirigentes kirchneristas, la Iglesia Católica y la izquierda trotskista nucleada en el FIT. Estos tres sectores señalaron que el proyecto de la diputada es un ataque a la lucha histórica de los “pueblos originarios” por el reconocimiento de sus derechos y la conquista de diversas leyes, que reconocen su preexistencia en los territorios que ocuparían desde tiempos remotos.
A pesar de que se avanzó poco y nada con lo estipulado en la nombrada ley, el presupuesto con que contó se fue incrementado ante cada prórroga. El reconocimiento de los “pueblos originarios” fue una vía muy pertinente para financiar la caja política del kirchnerismo, al mismo tiempo que lograba cooptar a gran parte de la dirigencia indigenista.
Milei y los suyos vienen a proponer la derogación de una ley que en realidad nunca se aplicó. No para resolver efectivamente el problema, sino para instaurar el “derecho” a que cada cual se las arregle como pueda. Y si no puede, problema de cada cual… Esa propuesta criminal no opera en el vacío, sino que es una demagogia que se monta sobre el malestar de la gran mayoría de la clase obrera que, genuinamente, se hace la siguiente pregunta: ¿Por qué millones de trabajadores desocupados y con problemas serios de vivienda deberían apoyar el acceso a tierras a grupos pequeños que dicen no tener nada que ver con la inmensa mayoría? ¿Por qué aceptar, para unos pocos, un privilegio que es negado al conjunto? Si piden por “mapuches” o “wichis” y no por obreros pobres (que es lo que son), ¿qué derecho tienen los descendientes pobres de los mapuches que no tengan los descendientes pobres de italianos, españoles o criollos? Precisamente, lo que muestran los diferentes casos es que, por debajo de los supuestos elementos “identitarios”, hay una franja de población obrera que, por la vía de las “reivindicaciones ancestrales”, intenta resolver de manera aislada problemas que son del conjunto de la clase obrera argentina: vivienda, trabajo, salud. Frente al particularismo y el exclusivismo progresista, que excluye a las grandes mayorías, Milei plantea un igualitarismo bestial: nada para nadie…
¿Cuestión indígena en Argentina?
Los llamados “pueblos originarios” han cobrado una notable visibilidad política en América Latina en las últimas décadas. En el caso de Argentina, a partir la década del ‘80, surgen múltiples organizaciones que se reivindican como representantes de esta población en diferentes provincias del país. Junto a ellas, también se desarrollan diversas ONG dedicadas al asesoramiento de aquéllas. Este proceso fue acompañado por la sanción de una serie de normas legislativas e instituciones estatales específicas, tanto de orden nacional como provincial, destinadas a abordar a las personas delimitadas bajo esta denominación identitaria. De esta manera, se estableció constitucionalmente la pre-existencia de los “pueblos indígenas”. Con esas herramientas legales, hacia fines del siglo XX, se pasó a considerar al “indígena” como un ciudadano singular con derechos especiales y, para ser reconocido como tal, se fijó oficialmente un criterio marcadamente subjetivista, basado en la auto-percepción. ¿Quién es “indígena? Quien dice serlo…
Con este nuevo criterio, todo aquel que pudo, intentó escapar de la miseria declarándose “indígena”. Lógicamente, las fuentes estadísticas comenzaron a reflejar una explosión demográfica de esta población, que pareció justificar ese despliegue normativo. Los “indígenas” representarían a una franja, aunque minoritaria, nada despreciable de los habitantes del país, alcanzando casi el millón de personas en 2010. En consecuencia, han cobrado gran visibilidad en la vida social y política argentina.
Este fenómeno podemos observarlo desde distintas vertientes. Por un lado, se ha hecho habitual que medios de comunicación nacionales envíen equipos periodísticos a Chaco, Formosa o Salta para mostrar el hambre, que las diferentes iglesias realicen colectas regulares para paliar ineficazmente la acelerada pauperización de las condiciones de vida de esta población. Por otro, las propias organizaciones indigenistas llevan adelante una intensa actividad reivindicativa, que incluye la participación en las instituciones estatales que se ocupan de la temática, hasta la acción directa para recuperar territorios que consideran propios, pasando por recurrentes movilizaciones y actos. Esto los ha convertido muchas veces en blanco de una feroz represión, pero también les ha permitido captar la atención y tejer alianzas con sectores “no indígenas” que hacen propia su causa. Ante la crisis capitalista, todas las variantes del progresismo y la izquierda encuentran un horizonte posible en la identidad indígena y su supuesta autonomía, su presunta racionalidad particular, sus formas de producción y reproducción aparentemente alternativas y “enfrentadas a la lógica del capital”. Esto ha provocado comportamientos de lo más variados. Desde posicionamientos programáticos hasta la reivindicación de experiencias individuales exóticas. Organismos de derechos humanos, ONGs, iglesias y partidos de izquierda organizan visitas a las “comunidades”, con el fin de conocer y acompañar su lucha. Instituciones y mesas de diálogo estatales para contener y gestionar problemáticas que serían específicas. Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que cuelgan de sus balcones una whipala a modo de declaración de principios, festejos en el día de la Pachamama a 10 minutos del Obelisco, encuentros para consumir ayahuasca de la mano de un chamán con casa en Adrogué, etc. Estas manifestaciones dan cuenta del nivel con que se discute la existencia de una “cuestión indígena” en la Argentina.
A ese entramado, hay que agregar que el asunto se ha convertido en la materia prima de una verdadera industria de las ciencias sociales. Desde la antropología, la ciencia política, el derecho, la sociología, la educación y la lingüística se ha producido una abundante bibliografía sobre la temática. En la mayoría de los casos, se parte de una perspectiva que, fascinada con las prácticas culturales, niega las relaciones de producción en las que se insertan estos sujetos. Abandonando el análisis de clase, todo se reduce a la reconstrucción del mundo de experiencias en los propios términos en que lo hacen los sujetos bajo estudio, sin tener en cuenta la posición objetiva que ocupan dentro de la estructura social.
Precisamente, cuando se recupera esta última perspectiva y se estudia en términos concretos su inserción social, es claro que detrás de la figura del indígena se oculta a una de las fracciones más pauperizadas de la clase obrera. Obreros desocupados u ocupados de manera precaria y estacional que, bajo su condición de población sobrante para el capital, adoptan una identidad cultural mistificada. Obreros históricamente ocupados en diversos sistemas agroindustriales, como el del algodón o el azúcar, que tras su mecanización son expulsados en masa. Al no encontrar otras opciones laborales, surgen las propuestas de recuperación de territorios, de la vuelta al campo, de la restauración de formas de organizar la vida que, suele pasarse por alto, además de paupérrimas, son incapaces de dar cabida más que a grupos muy reducidos. Las actividades de subsistencia que realizan, más allá de las particularidades que puedan tener, no difieren sustancialmente de las estrategias que otras capas de la clase obrera despliegan en otros ámbitos ante la desocupación. Tampoco hay que perder de vista que esa “conciencia étnica” no surge espontáneamente, sino que es el resultado de la intervención de distintos sectores de la burguesía –Estado, Iglesias, ONGs, agrupaciones políticas y académicos- que propician de esta manera un resultado importante –para ellos-: la fragmentación de la clase obrera.
Lo hemos explicado repetidas veces: las miserables condiciones de vida de esta población no están marcadas por su situación de “excluidos” en un espacio donde no estarían plenamente desarrolladas las relaciones capitalistas de producción. Por el contrario, son la manifestación del pleno desenvolvimiento de éstas, que integran a esta fracción de clase, en tanto población sobrante para el capital. De hecho, reproducen su vida fundamentalmente a partir de la percepción de planes sociales -los mismos planes sociales que reciben los desocupados en general- el empleo estatal precarizado y changas. Por eso, la consigna de la autodeterminación solo puede implicar hundirlos aún más en la miseria. Un programa verdaderamente preocupado para revertir de manera inmediata la pauperización severa que atraviesa esta población no debe centrarse en el respeto cínico de supuestas pautas culturales y la cesión de tierras marginales para tareas de subsistencia, sino en la reinserción dentro del proceso productivo de esta población, del mismo modo que proponemos para el conjunto de la clase obrera desocupada: incorporarlos como empleados de un Estado verdaderamente productivo. No para tareas ridículas como cuadrillas de despegadores de stickers de los postes de luz, sino en empresas productivas, en ramas cuyo destino sea la exportación o que reemplacen el consumo interno de productos exportables (véase las propuestas en este mismo número). Una solución concreta contra la barbarie concreta.
Mientras escribimos esta nota, los medios salteños informan sobre la muerte de una bebé de dos años por desnutrición, que vivía en una “comunidad wichí” en la localidad de Embarcación. Una muerte más de las cientos que ocurren por este mismo motivo en la zona todos los años. La familia denunció que no reciben ninguna asistencia alimentaria. Los responsables de los hospitales de Embarcación y de Orán confirman la denuncia. La pobreza y no la cultura obligó a la familia a velar los restos de la nena con el cuerpo envuelto en cartones. El intendente envió un camión que sirve como recolector de basura, para poder trasladarlo hasta la ciudad… Contra esta brutalidad en la que nos hunden todas las variantes políticas de la burguesía, desarrollamos un programa con soluciones concretas para el conjunto de la clase obrera, una Vía Socialista.
Publicado en El Aromo Nueva Época N° 2 – Junio 2022