Industrias farmacéuticas: Pequeñas grandes empresas, irracionalidad o eficiencia

Juan Manuel Duarte y Damián Bil *

En los últimos días el fallecimiento de Alberto Roemmers, dueño de una de las fortunas más grandes y de uno de los laboratorios más importantes del país, reactivó cierto interés por el devenir de la industria farmacéutica.

La misma tiene una extensa trayectoria en la Argentina, con ejemplos de empresas que lograron posiciones internacionales, como el caso de la propia Roemmers o Bagó. Veremos que, en las condiciones actuales, la rama tiene ciertos problemas y estos casos son difíciles de replicar.

Ya para la época de la Primera Guerra Mundial se registraba actividad de fabricación de medicamentos, incluso con la presencia del Estado a partir del establecimiento del Instituto Bacteriológico, que producía fármacos con materia prima animal. Entre la década de 1920 y 1930 se conformaron varios laboratorios de renombre, como los señalados o Roux Ocefa.

Otros hitos de esa primera mitad del Siglo XX son la producción de vitamina A en Mar del Plata a partir de 1943 (en base a hígados de cazón); alcanzando al año siguiente el segundo lugar en el mundo en la síntesis de esa sustancia detrás de los Estados Unidos. Poco después, en 1947, se constituyó el Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe (LIF), una de las instituciones públicas más importantes que sigue operando en la actualidad. Ya en los ’70, la Argentina exportaba sueros, vacunas y otras especialidades medicinales y drogas.

Para comienzos de esa década, entre las ramas exportadoras de manufacturas, la farmacéutica se ubicó en el séptimo lugar. Laboratorios de origen nacional y filiales de empresas extranjeras vendían mayormente a la región, pero llegó a exportarse un considerable volumen a destinos europeos (miembros del Mercado Común, Suiza, Irlanda), a Australia y a los Estados Unidos. En el año 1982, un equipo de científicos de Bagó logró producir y comercializar la primera droga íntegramente diseñada en el país: el talniflumato, anti inflamatorio esteroide que todavía se sigue exportando a varios destinos. La misma empresa también vendió en esos años algunos proyectos “llave en mano” a países del continente.

En los últimos años, según informes del INDEC, la producción local cubre casi las tres cuartas partes del mercado (en términos de facturación), y se exportan distintas especialidades, principalmente medicinas para el aparato genitourinario, hormonas sexuales, para aparato digestivo y metabolismo, sangre y otros órganos hematopoyéticos.

Pero más allá de esta capacidad de generar productos confiables y conocimientos, el sector tiene un problema mayor, que es su déficit crónico.

Aunque algunos laboratorios pueden insertarse en algún nicho del mercado internacional, en su conjunto la rama es demandante neta de divisas. Durante la última década, el déficit comercial anual en especialidades medicinales superó los 1.400 millones de dólares (sin incluir el subsector “drogas”). Aunque existen limitantes en los encadenamientos (industria química), otro elemento es la fragmentación de la estructura productiva, con unidades privadas y una falta de planificación de las condiciones mínimas de producción. Esta lógica ineficiente se expresó durante la pandemia, cuando en lugar de apostar al financiamiento de proyectos de desarrollo propios y organizar la producción de vacunas de forma centralizada, se privilegió el negocio particular de dos empresarios (Sigman y Richmond) como socios menores de dos consorcios extranjeros (AstraZeneca y el Centro Gamaleya).

Ciertamente, la industria farmacéutica en el mundo es un sector concentrado, dada la magnitud de inversión que precisa el diseño de medicamentos, procesos largos que deben pasar por diversas etapas de investigación, testeos y registro final para su comercialización. Expertos calculan que la inversión base para desarrollar una droga oscila en promedio entre los 1.000 y 2.600 millones de dólares, según el tipo de compuesto. En consecuencia, son grandes firmas las que dominan el escenario internacional.

Tal es así que los principales laboratorios latinoamericanos que cotizan en la bolsa de valores (de Brasil, México y Argentina) tienen una capitalización bursátil decenas de veces inferior a las líderes internacionales. No obstante, existe la posibilidad de que empresas se ubiquen en cierta posición al producir mediante copia donde haya caducado la protección por patente (o se pueda evitar), genéricos o bien drogas huérfanas, especialidades destinadas a un grupo reducido de pacientes. Por ello, muchas empresas de la región se vuelcan a bio-similares, genéricos, o nichos como la producción de insulina o enzimas para biocombustibles. A su vez, como dificultad adicional, aparecen en los últimos años empresas con bajos costos laborales, como las de la India o China, que ganan terreno a nivel global.

En este contexto, el mercado regional es de baja magnitud, ya que solo acapara el 5% de las ventas mundiales. Laboratorios europeos y de los Estados Unidos tienen el mayor peso en la región, aunque hay locales que disputan mercado y compiten en algunos segmentos; o que tienen cesión de patentes de multinacionales para operar con sus productos.

En Argentina, a diferencia de lo que sucede en Brasil o México, predominan capitales nacionales. El Estado representa casi dos tercios de la inversión en investigación y desarrollo; y en su conjunto la misma no alcanza a lo que se precisaría en países líderes para desarrollar una droga nueva. Las altas erogaciones de este apartado en los capitales más importantes de la rama a nivel internacional funcionan como un límite, aunque como señalamos también generan nichos específicos. Estas condiciones plantean un problema para la Argentina, ya que es muy difícil competir en los rubros que precisan elevadas inversiones para innovación.

Pero aquí existe una herramienta que podría brindar rápido alivio, constituyéndose como inicio de una futura reestructuración general del sector: la estructura de laboratorios públicos existente. En ese ámbito, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos tiene registrados, en diecisiete jurisdicciones, casi cincuenta establecimientos productores de algún tipo de fármacos o especialidad médica, destinados en su mayor parte a proveer al sector público.

No obstante, es muy heterogéneo: como trabajaron las investigadoras Abrutzky, Bramuglia y Godio del Instituto Gino Germani, mientras algunos destacan por sus modernos equipamientos o tienen autorización de ANMAT para comercializar en todo el país, como pueden ser la Comisión de Energía Atómica donde se producen fármacos para medicina nuclear (exportando radioisótopos a varios destinos), el LEMSE de Rosario, el mencionado LIF de Santa Fe, Laboratorios Puntanos de San Luis o el de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba; muchos otros tienen dificultades básicamente presupuestarias, que inciden en una dotación de instrumental obsoleto, falta de personal calificado e impedimentos para capacitar, la dificultad de acceder a las habilitaciones de la ANMAT para comercializar en todo el país, debido a que no cuentan con instalación adecuada, correctos procesos productivos o protocolos de seguridad; lo que los restringe al mercado provincial o incluso al del municipio donde operan.

A su vez, como también señalan las investigadoras de la UBA Román y Di Salvo, varios de los laboratorios producen las mismas especialidades, en pequeña escala, lo cual resulta poco racional en términos económicos. En este panorama, los problemas señalados sumados a la dependencia de la demanda puntual para la que producen y a la falta de coordinación eficiente entre distintas unidades dan como resultado una elevada capacidad ociosa, incremento de costos y baja productividad.

La falta de planificación redunda en un desperdicio de recursos productivos, la posibilidad de reducir el precio de los medicamentos, abrir posibilidades de exportación y con todo ello mejorar las cuentas fiscales. Es que la actividad pública también se desenvuelve en la lógica de la acumulación capitalista: si bien su producción se destina a la población necesitada en general, con un fin social; a excepción de ciertas especialidades o de los que exportan, no hay una perspectiva integral de la producción y de la asignación de recursos para potenciarla. Mientras, el negocio queda en buena medida en manos de privados, subsidiados por los mecanismos de licitación pública. Al punto que el LIF de Santa Fe señalaba que los precios de los medicamentos que producen son casi un tercio menores que el de los privados que comercializan (y a veces venden a la administración provincial) las mismas especialidades.

La actividad necesita una reorganización radical, que privilegie la salud de los habitantes por sobre los negocios particulares de los empresarios, siempre con el norte de la eficiencia productiva. Solo eso va a permitir aprovechar la capacidad instalada de forma adecuada, expandir la fabricación y la productividad, disminuir costos (y precios, combatiendo la inflación de forma real), conseguir renglones de exportación reduciendo la presión sobre el dólar al reducir la salida de divisas (y, por qué no, consiguiendo ingresos netos del exterior). Lo cual permitirá en un futuro incrementar la escala e invertir en investigación y desarrollo de nuevos productos que permitan sostener esta dinámica.

El empresario individual que opera en la Argentina no tiene la capacidad de hacer esto. Incluso los laboratorios “modelo” que logran insertar productos en el mundo, son pequeñas empresas en términos internacionales. En ese contexto, no se puede dejar librado a la decisión particular de un individuo la solución a los problemas de la rama, porque ellos no la tienen. La fragmentación propia del sistema capitalista y la ausencia de una política científica racional, provoca la subutilización del esfuerzo de miles de trabajadores del sector y las capacidades adquiridas a lo largo de décadas. Es mediante el elemento planificador de un Estado de nuevo tipo (no este Estado subsidiario de los empresarios), que puede pensarse en una dinámica superadora. El país tiene un punto de partida en un extendido sistema de unidades públicas.

Es necesario poner en marcha, de forma adecuada, planificada, centralizada, este mecanismo a capacidad plena, para la producción de medicina barata y de calidad para la población y para exportar. Hay infraestructura y capacidad científica para intentarlo. Solo ello permitirá asegurar una mejor salud a la población, a buen precio, y empezar un saneamiento económico en el corazón del problema argentino (la producción y la productividad del trabajo); que de no realizarse por este mecanismo se descargará, otra vez, en forma de mayores ajustes contra la población trabajadora.

*Publicado en Las 24 Horas de Jujuy, 17/08/22

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.