Nicolás Villanova
Vía Socialista
En Argentina hay 1,2 millones de desocupados que perciben el Potenciar Trabajo y mínimamente hay otro millón más que no tiene plan y que, eventualmente, hace changas para sobrevivir. Todo el arco oficial y opositor acuerda con que a los planes sociales habría que eliminarlos, con traspaso paulatino al sector privado y con ayuda del Estado, a través de exenciones impositivas a las empresas que contraten a los beneficiarios de planes. Situación que de ningún modo resolvería el problema del resto de las personas que carecen de plan y no tienen empleo fijo. También hay acuerdo en “achicar” el Estado, por la vía de la reducción del gasto social, para evitar mayores déficits fiscales.
De este modo, el consenso liberal avanza por el lado de JxC y Milei, pero también desde el campo “nacional y popular”. Mientras que Milei y Espert lo exponen abiertamente, el gobierno de Cristina y Alberto comienza a ejecutarlo con mayor o menor gradualismo. Esto se manifiesta en el ajuste contra la clase obrera, a través de la reducción de la capacidad adquisitiva del salario por efecto de la inflación y la quita de subsidios a las tarifas, entre otras medidas. En materia de gasto social, el ajuste se expresa además en las limitaciones al cupo de empleados estatales del sector público nacional, así como también el freno a nuevos planes Potenciar Trabajo. Este último se encuentra hoy en el ojo de la tormenta.
Desde su nacimiento, bajo el nombre de Plan Argentina Trabaja, hasta el actual Potenciar Trabajo, la cantidad de cupos del programa de empleo aumentó, pero el poder adquisitivo del ingreso se redujo considerablemente. Ahora, el ajuste pasa por el freno a la cantidad de nuevos cupos. Además, se puso sobre la mesa la idea de eliminar la indexación de los planes de empleo respecto del valor del salario mínimo, vital y móvil, cuya consecuencia obvia será un ajuste mayor. Recordemos que el haber que se paga por el programa de empleo representa el 50% del salario mínimo. Cada vez que éste aumenta por decreto repercute en un incremento automático de aquél.
Aunque la quita y ajuste es sustantivamente mayor, el gobierno otorga algunas dádivas, las cuales no resuelven el problema de fondo. Hay en marcha algunos bonos extraordinarios y promesas de futuras partidas presupuestarias dirigidas a las organizaciones y cooperativas de desocupados, sobre todo para garantizar un “diciembre pacífico”, o sea, sin saqueos, y un intento por mantener alguna base social de cara a las elecciones presidenciales de 2023. En efecto, el Frente de Todos lanzó el bono de 45.000 pesos (o IFE-5) a modo de “refuerzo alimentario”, a pagar en dos cuotas de 22.500 pesos cada una en noviembre y en diciembre, a personas de 18 a 65 años que no sean perceptores de planes. Al mes de noviembre de este año, se habían inscripto según ANSES unas 1.019.956 personas. A su vez, el gobierno ya prometió la entrega de partidas presupuestarias del Ministerio de Obras Públicas dirigidas a cooperativas que perciben el Potenciar Trabajo. Específicamente, el 30% del presupuesto de las obras públicas de hasta 300 millones de pesos.
Pero ¿es acaso la manera de sacar el país adelante? ¿Con ajuste y esperando a que la burguesía invierta y desarrolle una economía productiva contratando a desocupados perceptores de planes? Si no lo hizo hasta ahora, ¿por qué vamos a pensar que es factible que lo haga? ¿Puede la misma burguesía que ha venido hundiendo al país sacarlo adelante? Definitivamente, no. La única manera de resolver el problema del desempleo es agrandando al Estado, es decir, empleando a todos los desocupados en actividades productivas, tarea que sólo es posible sobre la base de la planificación de la economía.
La pregunta que surge es obvia: ¿de qué modo se financia el empleo de todos los desocupados? En este artículo mostramos algunos números acerca de cuál es el presupuesto que ya va dirigido a los desocupados y cuál es el presupuesto faltante para garantizar un sueldo al obrero desocupado empleado por el Estado en tareas productivas equivalente a la canasta de pobreza. Sueldo que no sería óptimo ni muy elevado, pero que sin duda redundaría en una mejora en la calidad de vida de la población en el corto plazo, sobre todo considerando que hoy muchos asalariados del sector registrado perciben salarios por debajo de la canasta de pobreza y que la gran mayoría de los asalariados no registrados obtienen ingresos muy por debajo de esos valores. Como veremos, no es mucho lo que falta, sólo es cuestión de planificar y organizar la economía sobre nuevas bases sociales.
Lo que ya se paga a los desocupados
Saber la cantidad exacta de desocupados resulta una tarea compleja debido a la inconsistencia de las estadísticas burguesas. Por ello, y con las salvedades del caso, elaboramos dos cuentas para conocer cuál es el financiamiento dirigido hoy a los desocupados y cuál es el presupuesto que hace falta para contratar a todos los desempleados en un Estado productivo con un sueldo equivalente a la canasta de pobreza. Cabe destacar que todas las cuentas fueron elaboradas en base a los datos del año 2021. Se trata de una aproximación que permite trazar un horizonte. La “opción 1” supone la existencia de 3.267.723 personas desocupadas; mientras que, la “opción 2” registra a 2.231.554 de desempleados. En ambos casos se incorpora a: desocupados abiertos sin planes sociales, desocupados perceptores de planes y beneficiarios del Seguro por Desempleo.
El Estado, a través de la ANSES y sobre todo del Ministerio de Desarrollo Social, destina un presupuesto a la masa de desocupados. No todas estas partidas van dirigidas a las mismas personas. Pero, si las tomamos en conjunto y las dividimos por el total de los desocupados, el resultado nos presenta un estado de situación para pensar una estrategia de empleo productivo de corto y mediano plazo. Por otra parte, si bien para la economía de un país es una partida escasa, no es menos cierto que el consenso liberal se “agarra” de este presupuesto para señalar de dónde habría que achicar para reducir el déficit fiscal. Entonces, ¿en qué gasta el Estado en materia de desocupados?
En primer lugar, el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social destina un monto de dinero dirigido al programa Potenciar Trabajo. En 2021 la partida asignada a “ayuda a personas” o “asistencia directa”, es decir, el pago de los montos de los planes, fue de unos 220 mil millones de pesos (a dólar informal se trató de unos 1.309 millones de dólares) 1. Aclaramos que se trata del rubro “ayuda a personas” porque bajo este programa también se destina otra partida presupuestaria en gastos inútiles que más adelante sumaremos como parte de lo que se podría pagar directamente a los desocupados, la cual redunda en pagos por “administración de programas”, remuneraciones de la “conducción” de quienes se encargan de estos programas, “viáticos”, o bien, aparecen rubros “sin discriminar”.
En segundo término, la otra partida importante que paga el Estado a los desocupados es la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. En el primer caso, un monto de dinero dirigido a los hijos escolarizados; mientras que, en el segundo, una partida bajo la forma de tarjeta para la compra de alimentos. Si bien es cierto que ambos presupuestos no van dirigidos únicamente a los desocupados, sino que también se subsidia a trabajadores de bajos recursos ocupados en la informalidad, para la elaboración de la cuenta hemos estimado cuál es la partida específica dirigida a las personas desocupadas. El resultado es el siguiente: por la tenencia de la Tarjeta Alimentar el Ministerio de Desarrollo Social destinó en 2021 a los desocupados unos 141.500 millones de pesos; mientras que, la ANSES pagó por la AUH a las familias de desocupados un equivalente a 148.000 millones de pesos (se trata de 841 y 880 millones de dólares anuales, respectivamente).
En tercer lugar, otra partida que se destina fundamentalmente a las personas desocupadas es la que se le paga a los comedores y merenderos, por un lado, y el complemento alimentario, por otro. Un presupuesto que llega bajo la forma de alimentos y bolsones aproximadamente a 1,3 millones de personas, según el monitoreo elaborado por SIEMPRO. Son dos partidas que en materia de “ayuda directa a las personas” sumaron en el año 2021 unos 20.300 millones de pesos (120 millones de dólares). Finalmente, incorporamos la partida presupuestaria dirigida a los beneficiarios del Seguro por Desempleo, es decir, personas que tuvieron empleo “en blanco” y que fueron expulsadas de sus trabajos. A esa población se le paga un beneficio y un monto de dinero en materia de asignaciones familiares. La suma total dirigida a estos desocupados en 2021 fue de 18.200 millones de pesos, o sea, unos 108 millones de dólares (ver Tabla 1). Con todo, estamos hablando de un presupuesto de unos 548 mil millones de pesos, o sea, unos 3.260 millones de dólares.
Con estos datos sobre la mesa y partiendo del supuesto del pago de un sueldo equivalente al valor de la canasta de pobreza, el presupuesto faltante para emplear al conjunto de los desocupados oscila entre los 7.300 y los 12.200 millones de dólares. En términos de porcentaje de PBI estos valores representan entre los 2,66% y 4,45% (ver Tabla 2). Se trata de un presupuesto elevado, sí, pero que bajo la forma de un Estado productivo incrementaría notablemente las reservas, y que a su vez elevaría considerablemente el nivel de vida de buena parte de la población.
¿De dónde sacar más plata?
Como mencionamos, el gobierno ya prometió la entrega de una parte del presupuesto de la Obra Pública a las cooperativas de beneficiarios de planes de empleo de cara al 2023. De modo que, con ajustes en marcha, este presupuesto redundará en más partidas a los desocupados perceptores de planes sociales. A su vez, hay otros presupuestos que podrían reasignarse a los desocupados. Por ejemplo, el sostenimiento del aparato del Estado supone elevadísimos montos de gastos completamente inútiles, o bien, destinados a sostener a la burguesía parásita sin ningún beneficio real para el conjunto de la población. Aquí esbozamos algunos sucintos datos sólo a los efectos de pensar de dónde se puede obtener más presupuesto y reasignarlo en partidas productivas que eleven el nivel de vida de la población, pero que de ningún modo agotan las posibilidades de mayores partidas.
Por empezar, si estimamos la partida presupuestaria en materia de obra pública que se reasignará en 2023 a las cooperativas de desocupados y deflactamos hacia un año atrás, el resultado sería que el 30% estipulado para las obras que hoy suponen un monto de hasta 300 millones de pesos (que en 2021 hubieran sido de hasta 190 millones), hubieran representado un presupuesto anual de 20.700 millones de pesos (equivalentes a 123 millones de dólares). Suponiendo que todo ese presupuesto o buena parte de él fuera a parar a las cooperativas bajo la forma de salarios no sería nada despreciable, aunque ese monto representa un 6,11% de todo el presupuesto de Obra Pública.
Por otro lado, buena parte del gasto destinado a los desocupados brota del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora bien, una parte va dirigido a “ayuda directa a personas”, mientras que, otra parte es gasto de “administración” o “coordinación” de los programas, o bien, partidas que no se sabe a dónde van a parar y aparecen registradas como “sin discriminar”. Sólo de los programas Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar, complemento alimentario y otros rubros se destinaron a gastos que no son dirigidos directamente a los beneficiarios una suma equivalente a 51.600 millones de pesos, durante el 2021. Si a esto le agregamos el gasto dirigido a ayuda de personas que no son los programas anteriores, pero que de alguna manera se vinculan con los desocupados, como son los montos dirigidos a los comedores escolares y a otros rubros, en total suman otros 20.300 millones de pesos. En total serían unos 72.000 millones de pesos, los cuales equivalen a 427 millones de dólares. Alguno se preguntará que pasaría con los empleados del Ministerio de Desarrollo Social si todo su presupuesto va a parar a los desocupados. Se trata de 7.550 empleados (entre planta permanente, transitoria y contratados), los cuales serían reasignados a otras actividades del Estado, sin afectar su salario.
Luego, nos encontramos con que varios ministerios designan alguna partida que de manera directa o indirecta va a parar a los desocupados. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo designa una partida presupuestaria a rubros tales como “acciones de empleo”, “seguro y capacitación” e “inclusión laboral de jóvenes”. El Ministerio de Educación destina un monto a las becas PROGRESAR (la mayoría son hijos e hijas de desocupados e informales). Por su parte, la Jefatura de Gabinete de Ministros destina un presupuesto a la “coordinación de proyectos socio comunitarios” del programa “El Estado en tu Barrio” para el Fortalecimiento de Dispositivos Integrales de Abordaje Territorial”. Incluso, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca asigna una partida presupuestaria a la “Formulación de Políticas para el Desarrollo de la Agricultura Familiar y el Desarrollo Territorial” y programas de “Inclusión Socio-Económicas”. Al sumar todo este presupuesto estamos hablando de unos 58.600 millones de pesos en 2021, es decir, 348 millones de dólares.
Los gastos del Senado de la Nación resultan inútiles si tenemos en cuenta que ya existe la Cámara de Diputados y unos cuantos funcionarios burgueses dirimen sobre los destinos de la sociedad capitalista. ¿Cuánto presupuesto fue a parar al Senado en 2021? Unos 19.300 millones de pesos (115 millones de dólares), de los cuales la abrumadora mayoría fue destinada a salarios de funcionarios y de sus asesores. Pero es no es todo. Otra partida fue a parar a las “Impresiones y publicaciones parlamentarias”. Fueron 1.429 millones de pesos (8,5 millones de dólares) en gastos que podrían haberse evitado con publicaciones virtuales. En otro orden, los salarios a curas, párrocos y sacerdotes se llevaron unos 279 millones de pesos (1,6 millones de dólares). Gastos que pueden reasignarse en el empleo de desocupados.
¿Y las jubilaciones de privilegio? ¿Cuántos millones se podrían reasignar si se rebajaran esas partidas a cifras más modestas? Veamos. Según la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el año 2021 hubo unos 47.000 jubilados que cobraron ingresos previsionales por encima del haber máximo establecido, el cual fue estimado en 154.661 pesos. Para ponerlo en contexto, este valor superó en más del doble el valor de la canasta de pobreza para una familia tipo. Hay muchas jubilaciones de jueces y diplomáticos que son extremadamente elevadas. Al sumar el monto que excede el haber máximo y multiplicarlo por la cantidad de jubilados que lo perciben, el resultado es una suma equivalente a los 38.000 millones de pesos, es decir, unos 225 millones de dólares. Alguno podría objetar esta reasignación de recursos y señalar que mejor sería utilizar esos montos para incrementar el haber de los jubilados pobres. Sin embargo, el problema de las jubilaciones y de todo el sistema de la seguridad social sólo podrá resolverse realmente con un aumento sustancioso del trabajo productivo.
Para sintetizar, sin contabilizar la masa gigantesca de recursos destinada a subsidiar a la burguesía a través de programas industriales, a la energía, al transporte, a la infraestructura y otros tantos, que es sin duda el mayor derroche en una Argentina improductiva e ineficiente, y tan sólo esbozando muy rápida y sucintamente algunas partidas presupuestarias que visualizamos como gastos inútiles a reasignar o que ya va dirigido a los desocupados, obtenemos como resultado un monto que en 2021 fue equivalente a 210 mil millones de pesos, cifra que representa a un 0,45% del PBI y unos 1.249 millones de dólares.
Con estos montos, que como ya dijimos son apenas un iceberg de lo mucho que se puede reasignar, el presupuesto faltante para contratar a todos los desocupados en tareas productivas del Estado se reduce a un 4% y 2,21% del PBI, según la cantidad de desocupados que se tome como válida.
Un proyecto de mediano plazo por etapas
Como vemos, existe un presupuesto que ya va destinado a los desocupados y masas gigantescas de plata que, bajo la forma de gastos inútiles, administrativos, de conducción, impresiones innecesarias, jubilaciones de privilegio que podrían reducirse, obra pública y otros tantos, se diluyen en el sostenimiento del aparato del Estado o en subsidios a la burguesía improductiva. Aún siendo conservadores, los montos faltantes para contratar a todos los desocupados en el Estado no son extremadamente abultados. Incluso, hasta podría elaborarse un plan de corto y mediano plazo, de no más de tres a cuatro años, incrementando anualmente un 1% del PBI en la creación de empleo productivo en el Estado. Lo cual redundaría en ganancias para el conjunto de la población, toda vez que, por tratarse de la elaboración de mercancías exportables o sustituibles por otras para exportar, el resultado sería una mayor inserción de la Argentina en el mercado mundial y, consecuentemente, la creación de riqueza. Riqueza que puede crearse de la mano de una vía socialista y un Estado que planifique el camino a seguir y la organización de la economía.
Anexo de tablas
Tabla 1. Partidas presupuestarias destinadas a la población desocupada (2021).
Fuente: CEICS en base a Presupuesto Abierto, Ministerio de Economía.
Durante el año 2021, el Estado pagó un presupuesto destinado a los desocupados bajo diversos programas equivalente a más de 500 mil millones de pesos, cifra que representa al valor del dólar informal unos 3.259 millones de dólares. Se trata de un 1,18% del PBI. Considerando que la cantidad de desocupados oscila entre los 2 y los 3 millones de personas, este presupuesto no representa una magnitud elevada. Aún así, los liberales, los opositores de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos quieren meter más tijera acá para reducir el déficit fiscal atacando las condiciones de vida de la población más pobre.
Tabla 2. Cantidad de desocupados y presupuesto pagado y pendiente para emplearlos (2021).
Fuente: CEICS en base a INDEC, ANSES y Ministerio de Desarrollo Social.
En base a las estimaciones, suponiendo la existencia de 3,2 millones de desocupados (opción 1), el presupuesto faltante para emplearlos productivamente en el Estado con un sueldo equivalente a la canasta de pobreza sería equivalente al 4,45% del PBI. Mientras que, suponiendo la existencia de 2,2 millones de desocupados (opción 2), el Estado debería incrementar un presupuesto equivalente al 2,66% del PBI para dar empleo productivo con un sueldo equivalente al valor de la canasta de pobreza.
Publicado en El Aromo Nueva Época N° 8 – Enero 2023