¡Acá no labura nadie! El modelo K para encubrir el desempleo y una salida posible

Nicolás Villanova

OES-CEICS

El kirchnerismo supo ocultar el desempleo mejor que nadie. Su estrategia fue esconder a los desocupados bajo la forma de jubilados, pensionados, empleo público y “planes”. Sin embargo, las limitaciones de esa política no se hicieron esperar: no sólo porque los subsidios son de miseria, sino porque el incremento de los beneficiarios de planes fue de la mano de un estancamiento de la creación de empleo. Para decirlo sin vueltas: no hubo una política estatal de creación de empleo productivo, sólo se tapó el desempleo con subsidios. En materia previsional, el kirchnerismo incrementó las jubilaciones por moratorias profundizando el quiebre de la caja previsional. En cuanto a los regímenes no contributivos, tanto Néstor como Cristina utilizaron este sistema para encubrir desempleo. Lo mismo hicieron con el lanzamiento de planes sociales y con el aumento del empleo público, pretendiendo hacernos creer que se creaba “empleo genuino”. Aquí analizamos estas tres estrategias, dejamos de lado un análisis de la evolución del empleo público para próximos números. Lejos de las recetas liberales, la solución al desempleo supone la reasignación de recursos, la planificación y la creación de un Estado productivo que emplee a millones de desocupados.

Caja reventada

La estrategia kirchnerista en materia previsional se basó en la incorporación de desocupados e informales al sistema contributivo a través de las moratorias, específicamente aquellos obreros de avanzada edad que le faltaran años de aportes. De este modo, no sólo se “quitaba” a potenciales desocupados del mercado de trabajo, también se “controlaba” estadísticamente las cifras de desempleo para no registrar como “sin trabajo” a un “jubilado inactivo”. Por estas moratorias de los años 2005 y 2014 ingresaron 3,2 millones de personas al sistema previsional, las cuales hoy constituyen un poco más de la mitad de los beneficiarios del sistema jubilatorio.

Los efectos de este proceso fueron: la profundización de la inviabilidad del sistema jubilatorio y la miseria de los haberes. En efecto, el sistema jubilatorio es deficitario desde antaño. Ya en los años ´70 los aportes jubilatorios de los activos no alcanzaban a cubrir los pagos de los pasivos, en un momento donde crecía el desempleo y la informalidad, y la masa salarial se reducía notablemente. Era el inicio del agotamiento del sistema. Por su parte, la llegada del kirchnerismo al gobierno no hizo más que profundizar este proceso incorporando en el régimen jubilatorio a desocupados y obreros informales, sin resolver el problema de fondo. Con el paso del tiempo la relación entre aportante y beneficiario fue aproximándose: si en 2005 el índice de sostenibilidad era de 2,05 (por cada jubilado había dos aportantes al sistema), en 2012 esa relación se redujo a 1,61, y en 2021, a 1,44 (por cada dos jubilados hay tres aportantes). Una relación insostenible para cualquier sistema de reparto. A su vez, los bajos salarios de los obreros “en blanco” no son garantía de elevados aportes y contribuciones al fisco, toda vez que la suma de estos últimos representa un 26% promedio del salario bruto. Esto significa que, por ejemplo, los aportes y contribuciones de un asalariado registrado de la construcción garantizan 0,8 veces el valor de un haber mínimo y 0,5 veces (la mitad) el valor de un haber medio.

Las consecuencias en los haberes previsionales son obvias: una miseria. Aún cuando la caja de la ANSES hace varias décadas que no se sostiene sólo con aportes y contribuciones, sino que a eso se suman otros impuestos, los ingresos que se les paga a los jubilados son de pobreza: actualmente, el 63% de los beneficiarios del sistema contributivo, unos 4,2 millones de jubilados y pensionados con y sin moratoria, perciben la mínima, que al mes de marzo de 2022 era de 32.630,40 pesos (apenas cubría un 36% de la canasta de pobreza de una familia tipo). Como vemos, el modelo “k” reventó el sistema jubilatorio, no resolvió el problema del desempleo y agravó la situación social.

Que no se vea

Otra estrategia del kirchnerismo para encubrir desempleo fue la ampliación de las pensiones no contributivas (PNC), haciendo pasar a un desocupado como un “inactivo”, y el relanzamiento de los planes sociales en ocupaciones improductivas, desligándose así de la solución a la desocupación. Al igual que la universalización de las jubilaciones, el sistema de PNC se impulsa en la década de 1940 y con el correr de los años amplía el ingreso de beneficiarios. Se trata de las pensiones por vejez, ex combatientes de Malvinas, las pensiones de leyes especiales (otorgadas a presidentes y vicepresidentes del país, jueces de la Corte Suprema, premios Nobel y Olímpicos, sacerdotes, obispos, familiares de desaparecidos, entre otros). De todas las PNC, la abrumadora mayoría corresponde a las “asistenciales” por invalidez, luego por madres de 7 o más hijos y a la vejez (hoy reabsorbida por la Pensión Universal para el Adulto Mayor impulsada por el macrismo durante la reforma del año 2016, administrada por la ya desfinanciada caja de la ANSES).

Hasta el 2003, los criterios de acceso a estos beneficios eran por “cupo” y atados al presupuesto nacional. Sin embargo, la llegada del kirchnerismo modificó los requisitos haciéndolos más flexibles: antes había que demostrar una incapacidad para trabajar igual o mayor al 76% para obtener una pensión asistencial por invalidez; mientras que, la llegada de Néstor flexibilizó ese criterio ponderando más la “vulnerabilidad social” y relativizando la falta de capacidad laboral. Es decir, el kirchnerismo transformó esa pensión en un subsidio al desocupado y en un seguro por desempleo al obrero informal despedido. Algo semejante ocurrió con la pensión para madres de 7 o más hijos, cuyas perceptoras son desocupadas e indigentes.

El resultado es contundente: entre 2004 y 2015 la totalidad de las PNC pasaron de 363 mil beneficiarios a 1,5 millones. Las pensiones por invalidez pasaron de 89.407 a 1.058.835, representando en 2004 el 25% del total de las PNC, y en 2015, el 70%. Por su parte, los beneficios a las madres de 7 o más hijos se incrementaron de 64.654 a 332.880. No resulta casual que las provincias que perciben una mayor cantidad de PNC sean las más pobres y con mayor desempleo. En términos de porcentaje de beneficiarios sobre el total de la población, las jurisdicciones con mayor cantidad de pensionados para el mes de marzo de 2022 son las siguientes: Santiago del Estero (9,7%), Chaco (8,4%), Formosa (8%), Misiones (7,3%), Corrientes (6,4%), Salta (5,1%). A su vez, el kirchnerismo se encargó de que los montos percibidos fueran de indigencia. En marzo de 2022, la pensión por invalidez era de 23.261 pesos la cual cubría apenas un 58% de la canasta de indigencia de una familia tipo y un 26% de una canasta de pobreza. Por su parte, el monto pagado por la pensión a madres de 7 o más hijos, de 33.074 pesos, representaba un 83% del valor de la canasta de indigencia y un 37% del valor de la canasta de pobreza.

Aunque aquí no se agota el asunto, la estrategia de encubrir desempleo a través de la entrega de planes sociales en ocupaciones superfluas mantuvo la fórmula subsidio de miseria, “mejora” en las estadísticas de desempleo, conflictividad social atenuada. Si bien el kirchnerismo no inventó nada de esto, pues los planes sociales con contraprestación los impulsa Menem con la reforma laboral de inicios de los ’90 y los profundiza Duhalde luego de 2001 con el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, lo cierto es que Néstor hereda esta estructura y reasigna recursos bajo otros subsidios (Familias por la Inclusión Social y Manos a la Obra). Si bien la cantidad de “planeros” merma en momentos de recuperación económica, esta tendencia comienza a revertirse a partir del lanzamiento del Plan Argentina Trabaja en 2009 (luego denominado Hacemos Futuro bajo el macrismo), Ellas Hacen (2013) y Proyectos Comunitarios (2017), todos ellos reabsorbidos hoy por el Potenciar Trabajo. A un año de su implementación, en octubre de 2010, el programa Argentina Trabaja llegó a los 143 mil beneficiarios. Al mes de diciembre de 2021 el Potenciar Trabajo llegaba a 1.276.705 personas, con montos promedio de 16 mil pesos los cuales cubrían tan sólo un 48,5% de la canasta de indigencia y un 21% de la canasta de pobreza.

Como vemos, la estrategia y sus consecuencias son perfectamente visibles: tapar el desempleo con subsidios de miseria agravando la crisis social.

Una solución posible

El kirchnerismo no puede resolver el problema del desempleo. Gobernó por 12 años, ahora cogobierna en el Frente De Todos y tanto Cristina como Alberto son parte del problema. Con emisión y ajustando a la clase obrera registrada con más impuestos sólo lograron mayor pobreza y desocupación. Por su parte, los liberales lanzan recetas de fantasía: proclaman eliminar los planes de un plumazo o gradualmente y esperar a que algún empresario invierta para crear puestos de trabajo. El macrismo asume como válida esta opción. Todos coinciden en que sólo un ajuste y un ataque a las condiciones de vida de la clase obrera redundarían en una mejora del sistema. Pero, en ningún caso se resuelve el problema, toda vez que la solución queda supeditada a la voluntad de un empresariado que no quiere invertir en un país poco rentable, y al que sólo le interesa arañar algo de los subsidios que el Estado transfiere a la burguesía por la vía de los pocos dólares que ingresan a través del sector agrario y dos o tres empresas exportadoras.

Una solución real al problema del desempleo sólo puede planificarse a partir de la existencia de un Estado productivo, es decir, socialista. Con el empleo, en primera instancia, de un millón y medio de desocupados en empresas del Estado que produzcan mercancías exportables sin demasiada necesidad de calificación (puede ser piscicultura, cría de cerdos, material reciclable para producir energía). ¿Y cómo se financia todo esto? Para pensar el problema veamos algunos números. Proyectado a todo el 2022, el financiamiento de las pensiones por invalidez supone una erogación anual de 1.450 millones de dólares (a dólar blue actual), por madre de 7 o más hijos, unos 563 millones de dólares anuales, y el Potenciar Trabajo, unos 1.510 millones anuales. Sumados son unos 3.500 millones de dólares al año. Este monto representa un 1,6% del PBI (de 2021). O sea, poco y nada para una economía como la argentina. Suponiendo una inversión anual para dar empleo a la mitad de esa cantidad de beneficiarios (no todos son desempleo encubierto), algo así como 1,35 millones de personas, elevándole un salario a 75 mil pesos mensuales (muy por encima de lo que actualmente perciben), estamos hablando de unos poco más de 5.000 millones de dólares por año (un 2,6% del PBI). Otro tanto para los gastos de inversión en maquinaria y equipo (supongamos un equivalente a la masa salarial) y estamos hablando de un presupuesto del 5% del PBI, que es mucho menos de lo que representa el gasto público consolidado en previsión social. Pensemos que buena parte de ese gasto ya existe en la forma de subsidios, jubilaciones y pensiones improductivas, por lo tanto, lo que hay que poner es bastante menos que esa cifra, probablemente unos tres mil millones de dólares. Una inversión de estas magnitudes en empresas estatales y productivas garantizaría empleo a millones de personas, elevaría sus salarios y ampliaría sustantivamente la caja de la seguridad social, con mejoras en las jubilaciones.


Publicado en El Aromo Nueva Época N° 3 – Julio 2022

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