El Aromo – Tercera Época – N° 12 – 17 de octubre de 2026
José Almeida
Vía Socialista
Con la llegada de El Niño prevista para los próximos meses, crece la incertidumbre sobre su posible impacto: distintos organismos meteorológicos anticipan que este año el fenómeno podría manifestarse con mayor fuerza que en ocasiones anteriores, lo que reaviva el temor a inundaciones en las regiones más expuestas. El Niño es la fase cálida de El Niño-Oscilación del Sur, asociada con el calentamiento del Pacífico ecuatorial y cambios en la circulación atmosférica. En el nordeste argentino y la Cuenca del Plata suele aumentar la probabilidad de lluvias superiores a las normales. No determina por sí solo una inundación: sus consecuencias dependen también del territorio y de la acción estatal.
El informe de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), la agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de monitorear el clima, los océanos y la atmósfera, del 10 de septiembre de 2026 indica que El Niño se está fortaleciendo. Estima una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte durante la primavera y el verano del hemisferio sur de 2026-2027, y un 75 % de probabilidades de que entre octubre y diciembre llegue a valores excepcionales dentro del registro iniciado en 1950. El organismo aclara que los impactos asociados son más probables, pero no están garantizados. Esa incertidumbre no justifica la inacción: obliga a preparar distintos escenarios antes de que llegue el agua.
El riesgo alcanza a toda la provincia
El AMGR (Área Metropolitana del Gran Resistencia) concentra una parte importante del peligro, pero los posibles efectos abarcan todo el Chaco. En el este pueden combinarse lluvias locales, saturación del suelo y niveles elevados del Paraná y el Paraguay. En el centro y sudoeste pueden anegarse campos, cortarse caminos y aislarse parajes. En el norte y noroeste deben vigilarse las cuencas del Bermejo y el Teuco y la accesibilidad rural.
Los efectos dependerán de cuánto y dónde llueva, la humedad del suelo, los niveles de cada cuenca y el mantenimiento de canales y caminos. Cada municipio necesita conocer sus zonas críticas, centros de evacuación y recursos. El Gobierno provincial reconoce que el riesgo no se limita a Resistencia y anunció bombas en cinco puntos estratégicos y trabajos sobre canales y caminos. Falta traducir esas definiciones en planes públicos para cada localidad.
Una ciudad construida sobre el agua
Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas se desarrollaron sobre una llanura aluvial de pendiente mínima, atravesada por ríos, riachos, lagunas, paleocauces y bajos naturales. En el borde oriental se encuentran el Paraná y el riacho Barranqueras; el río Negro atraviesa el sector norte del AMGR, mientras el riacho Arazá y otros canales forman parte del drenaje del sur. Las lagunas urbanas no son terrenos vacíos: almacenan y regulan el agua.
La geografía no produce por sí sola el desastre. El riesgo aumenta cuando se ocupan bajos, se rellenan lagunas, se impermeabiliza el suelo y las obras no acompañan el crecimiento urbano. Investigaciones de la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) muestran que la expansión desordenada del AMGR acumuló déficits de infraestructura y aumentó la vulnerabilidad de la población asentada en áreas de riesgo.
El sistema hídrico metropolitano combina canales, conductos, lagunas de retención, terraplenes, compuertas y estaciones de bombeo. Cuando los cursos receptores están bajos, parte del agua puede salir por gravedad. Con el Paraná o el riacho Barranqueras elevados, deben cerrarse compuertas y el bombeo se vuelve decisivo.
El escenario más peligroso combina lluvias intensas, suelos saturados, desagües insuficientes, Paraná alto, aumento del río Negro y bombas limitadas o sin energía. En esas condiciones, el agua acumulada dentro de las defensas no puede salir. Especialistas estimaron que, ante un escenario extremo, hasta un 30 % del AMGR podría resultar afectado. Es una hipótesis condicionada, no una predicción, pero debe orientar la prevención.
Las inundaciones de 1982-1983 y 1997-1998 demuestran que el problema es conocido. Las defensas redujeron la exposición frente a ciertas crecidas del Paraná, pero no eliminaron el riesgo: una ciudad protegida del agua exterior puede inundarse por lluvia si fallan el drenaje y el bombeo.
No todos se inundan de la misma manera
Hablar solamente de “catástrofe natural” oculta lo esencial. El Niño, la lluvia y las crecidas son fenómenos naturales; pero la ubicación de las viviendas, el estado de las defensas y la existencia de un plan de evacuación son resultados de decisiones sociales y políticas. Como señaló el investigador Rodolfo Leyes, “si se puede prevenir no hay una catástrofe, sino un crimen social”. Es una definición política: cuando el peligro fue advertido, se conocen las zonas vulnerables y hubo tiempo para actuar —el riesgo se conoce desde mayo de 2026, cuando se conformó la Mesa de Alerta Temprana ante El Niño, sin que se conozcan avances significativos en obras de defensa hídrica en ese lapso—, las pérdidas evitables no pueden cargarse exclusivamente a la naturaleza.
Tampoco todos enfrentan el mismo riesgo. Las primeras víctimas suelen ser las familias más pauperizadas de la clase obrera, empujadas por los bajos salarios, el desempleo, la precarización, el precio de los alquileres y el déficit habitacional hacia terrenos baratos, bajos o cercanos a lagunas, canales y riberas. No viven allí por una elección libre, sino porque el mercado del suelo les niega alternativas mejores.
Para esas familias, una inundación puede significar perder la vivienda, muebles, documentos, medicamentos y herramientas. Quienes viven de ingresos diarios también pierden su sustento. En el contexto del ajuste de Milei y Zdero, los recortes en obra pública, vivienda, salud y asistencia reducen la capacidad de prevenir y responder.
Un plan no puede limitarse a disponer bombas. Debe priorizar a familias con niños, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas y asegurar transporte, alimentos, medicamentos y alojamiento.
El Comité existía, pero faltan respuestas públicas
La reunión difundida el 18 de septiembre no constituyó por primera vez el Comité Provincial de Emergencia. El comunicado la define como una “nueva reunión”; Zdero afirmó que el Comité funciona desde el comienzo de su gestión y su coordinadora, Carolina Meiriño, que la planificación comenzó a principios de 2026. La publicación no identifica a los asistentes ni permite establecer si fue el primer encuentro con intendentes opositores.
El Gobierno informó limpieza de canales, preparación de bombas, monitoreo y coordinación interprovincial. Sería incorrecto afirmar que no se hizo nada. Sin embargo, el mismo comunicado reconoce que falta información de una parte importante de los municipios y que todavía se trabaja en el plan de contingencia, el centro de monitoreo y el protocolo provincial.
Hasta el cierre de esta nota no se difundió un documento integral con mapas de riesgo, centros y rutas de evacuación, estado de las bombas, disponibilidad de combustible y grupos electrógenos, responsables, cronogramas de mantenimiento, obras prioritarias y presupuestos. Puede existir información interna, pero mientras no sea pública no puede ser controlada por los municipios, las organizaciones y la población. La transparencia también es prevención.
Lo que proponemos
Vía Socialista exige un plan provincial de contingencia público, con responsables, plazos y recursos; mapas de riesgo y centros de evacuación por municipio; mantenimiento verificable de canales, compuertas, bombas y terraplenes; protección de lagunas y bajos; estudios hidrológicos y geotécnicos para cada obra; y una política habitacional que impida seguir empujando familias hacia áreas inundables.
También se necesita logística prevista —transporte, combustible, grupos electrógenos, alimentos, agua, medicamentos y refugios—, protocolos especiales para poblaciones rurales y sectores ubicados fuera de las defensas, y participación de trabajadores, universidades, organizaciones sociales y comunidades afectadas.
Prepararse para el peor escenario razonable no significa afirmar que ocurrirá. Significa evitar que la improvisación multiplique los daños. La cuestión no es solamente cuánto lloverá, sino en qué condiciones esa lluvia encontrará las defensas, las bombas, los caminos, los barrios y los servicios públicos.
La amenaza es conocida. Si las zonas de riesgo están identificadas y, pese a ello, las obras y los protocolos no se realizan, las consecuencias no podrán presentarse como una desgracia imprevisible. La inundación puede tener un origen natural; el desastre, cuando pudo prevenirse, es un crimen social.