El gobierno pretende aprobar esta semana la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Es un proyecto que reforma varias leyes, como la de Expropiaciones, y los códigos procesal civil y comercial y el civil y comercial de la Nación. Las modificaciones a estas normas resultan perjudiciales para la clase obrera porque atentan directamente contra quienes más padecen las dificultades de acceso a una vivienda. El proyecto pretende acelerar el proceso de desalojo y reducir las posibilidades de defensa del ocupante.
Por otro lado, el proyecto de ley restringe las posibilidades de expropiación por parte del Estado, lo cual limita una herramienta de política pública. No solo impone mayores condiciones para poder avanzar con este tipo de acciones, sino que pretende que la misma resulta más onerosa para las arcas públicas y beneficie al capitalista expropiado, incluso eximiéndolo de pagar impuestos por la indemnización.
Estos puntos deben ser rechazados porque impiden a la clase obrera defenderse frente a la expropiación a la que la somete la burguesía, además de quitar al Estado herramientas de intervención en la economía. Es una defensa de clase, a diferencia de la defensa de la burguesía nacional que realizan ciertos sectores. La clase obrera no tiene acceso a la propiedad de la tierra y no va a tenerlo porque esa tierra la pueda comprar un burgués nacional. No es ese el problema que enfrenta. La mayoría de los trabajadores no puede comer cuatro comidas al día y cada vez más se ve privada de un techo para vivir. La dificultad de acceso a una vivienda no surgió hace tres años, pero este gobierno la agravó. Se trata de un serio problema al que solamente un gobierno socialista puede dar una solución definitiva, a partir de una economía planificada en pos de los intereses obreros.
Nos movilizamos este Jueves 6/8 a Plaza Congreso.
Vía socialista