Por Ianina Harari
Vía Socialista
La condición de los trabajadores estatales
El gobierno de Milei se propuso la reducción del déficit fiscal como objetivo principal de su gestión. Lo consiguió a costa de una feroz reducción del gasto estatal. Pese a lo prometido en su discurso inicial, el ajuste no lo pagó la “casta”: no se redujo el gasto político superfluo. Un claro ejemplo son los viajes de Milei para asistir a las convenciones libertarias o el nombramiento de trolls en funciones públicas. Tampoco lo pagaron los “empresauros”, a quienes se los beneficio con exenciones impositivas y rebajas de impuestos, mientras mantuvieron negocios millonarios con el Estado. El grueso del ajuste no solo cayó en áreas que atienden problemáticas sociales, que están por fuera del interés del mercado (salud pública, discapacidad, ciencia y educación), sino que recae principalmente sobre los trabajadores estatales. En efecto, estos fueron el principal blanco de ataque del gobierno. Acusados de ñoquis, sufrieron despidos, una reducción salarial brutal y nuevas instancias de evaluación.
Despidos y renuncias forzadas
Para los libertarios, el déficit estatal es generado principalmente por un supuesto sobredimensionamiento del empleo público. De allí que la reducción de la cantidad de trabajadores estatales era la principal meta de la “motosierra” mileísta. Así, los despidos son moneda corriente y todo el tiempo la guillotina pende sobre la cabeza de los trabajadores.
En la Ley Bases se incorporaron varios artículos relacionados con el recorte del empleo estatal. En particular, se otorgó al Poder Ejecutivo la posibilidad de eliminar, fusionar o reconfigurar organismos sin necesidad de pasar por el Congreso. En paralelo, se creó un régimen especial para despedir empleados estatales, sea cual fuere su forma de contratación. De esta forma, el gobierno puede despedir trabajadores de planta permanente, además de los contratados. Para ello, se modificó la Ley Marco de Empleo Público (25.164), cambiando las condiciones de ingreso y estabilidad del empleo estatal.
Los trabajadores de planta permanente gozaban de estabilidad laboral, lo cual es vulnerado por esta ley, que establece ahora que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración queda en situación de disponibilidad por un período máximo de doce meses” (Ley n°27.742, art. 11). El personal contratado, en cambio, no goza de estabilidad laboral. Sus contratos son renovados anualmente. Pero el gobierno de Milei acortó la duración de los contratos a tres meses y en cada instancia de renovación despidió a miles de trabajadores. Además, a fines de 2024, implementó un examen de idoneidad obligatorio para los contratados como condición necesaria, pero no suficiente, para renovar el contrato. Decimos que no era condición suficiente porque en 2025 se despidieron trabajadores que habían rendido y aprobado el examen. Se trataba de un examen de competencia básicas que aprobó prácticamente el 100% de los trabajadores. Los libertarios tienen una idea muy equivocada de la composición del empleo estatal e ignoran el nivel de formación de los empleados públicos, en donde alrededor del 75% tiene título terciario o universitario, y el resto secundario completo.
A este panorama se suma la caída salarial. Los salarios estatales fueron los más castigados en los últimos tres años. Antes de asumir Milei, los salarios estatales dejaban mucho que desear, al punto que buena parte de la planta estatal se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Pero este gobierno llevó los salarios al nivel de indigencia. Paritaria tras paritaria UPCN firmó porcentajes inferiores a la inflación, permitiendo que el gobierno reduzca los salarios sistemáticamente. Así, la pérdida salarial alcanzó un 33% en promedio, con sectores que alcanzan un 40%, como CONICET. La caída salarial forzó a la renuncia de muchos trabajadores y a aceptar el retiro voluntario en algunos organismos.
Todos estos elementos colaboraron en la reducción de la cantidad de trabajadores en el Estado Nacional. En total, se perdieron 68.108 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 20% de la planta. Esa cifra se desagrega en la administración pública nacional y en las empresas y sociedades. En la primera la cantidad de trabajadores disminuyó un 19,8% (45.807 puestos) y en las segundas un 17,3% (27.888 puestos). Dentro de la administración pública, los organismos descentralizados perdieron un 29,8% de personal (16.339 puestos) y la administración centralizada (ministerios, etc) perdió un 20,2% (22.291 puestos). Entre los más perjudicados se encuentran organismos totalmente desguazados como la ex Telam que disminuyó en un 80% su planta; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un 63%. La plataforma EDUCAR, un 52%. El Polo Científico Constituyentes, un 40% y la Agencia Nacional de Discapacidad, un 34%. Se trata solo de algunos ejemplos de la destrucción de funciones estatales.
Los que sobran (de verdad)
La idea que el Estado está lleno de ñoquis se instaló fuertemente para justificar el ajuste sobre los trabajadores. Pero la reducción no se hizo sobre un análisis serio de dotaciones óptimas, de una búsqueda de mejora de procesos y simplificación de tareas mediante el uso de tecnología. Tampoco se relevó si hacía falta reubicar personal de forma de cubrir dotaciones subóptimas, dado que hay muchos lugares donde falta personal y quienes quedan están sobrecargados de trabajo. Al gobierno no le importa modernizar y mejorar la gestión del Estado para hacerla más eficiente. Lo único que busca es destruir toda función que al “mercado” no le interese de forma inmediata. Es decir, todo aquel gasto que a la burguesía les parece superfluo porque no reporta ganancia inmediata. Por supuesto que luego comprueba que hay cosas que eran necesarias, como la obra pública para el mantenimiento de las rutas para transportar sus mercancías. Todo el monto de recursos que se desplegó pos 2001 para contener esa fuerza social que parecía arrasarlo todo, desarticular al movimiento piquetero, desmovilizar a la pequeña burguesía en vías de proletarización y recomponer la hegemonía burguesa, dejaron de aparecer como necesario.
El triunfo de Milei es leído como la confirmación de que el ajuste ya es aceptado por la clase obrera y que puede vehiculizarse sin mayor conflictividad social. Efectivamente, Milei logró ajustar sin grandes conflictos sociales. Pero no fue un logro suyo únicamente, sino que estuvo ayudado por el peronismo que no solo le dio los votos que necesitó en el Congreso, sino que convirtió a los sindicatos en herramientas inútiles, sea porque los dirigentes sindicales apoyaron en gran medida algunas de las reformas, porque privilegiaron algunos negocios a cambio de paritarias de hambre (como UPCN que además destruyó la obra social con complicidad del gobierno), y porque ya no son suficientes como representantes de una clase obrera cada vez más precarizada.
La realidad es que el gobierno no vino a combatir a los “ñoquis”: vino a devolverle a la burguesía parte de la plusvalía que se gastaba en atender a una población que al capitalismo argentino le sobra y que el “mercado” no va a atender nunca. Los empleados estatales no sobran. Son un insumo esencial para motorizar la producción. Los que sobran son los empresarios parásitos y sus representantes.
Vía Socialista parte de una premisa diferente: el Estado debe ocuparse de planificar la economía y hacerse cargo no solo de tareas asistenciales, educativas y científicas, sino también productivas. Y ello supone la utilización de una masa de fuerza de trabajo mayor a la actual, pero bien aprovechada, con un aparato administrativo eficiente y actividades productivas que alcancen una productividad media para poder generar recursos propios.
16 de julio de 2026