Una crítica racional a la Ley de Glaciares
Maximiliano Lescano
Vía Socialista
En la madrugada del 9 de abril de 2026 se aprobó en diputados la reforma de la Ley 26.639, que desde 2010 establecía los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente peri glacial, desde el Estado Nacional, limitando la explotación minera a escala industrial. Uno de los hitos importantes de la ley es la redefinición y descentralización de decisión sobre cuáles, cómo y con qué fin estos ambientes pueden ser explotados. Previamente, la definición, monitoreo y clasificación del ambiente glaciar estaba a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), a través del Inventario Nacional de Glaciares, el cual no solo sirve como categorizador y relevador de glaciares y crio formas, sino que también permite comprender su función hídrica y conexión con otros sistemas naturales.
La clave de este nuevo proyecto es el aumento en la autonomía de las provincias para la toma de decisiones sobre qué glaciares cumplen con una función hídrica relevante, lo que permite llevar a cabo actividades mineras (principalmente cobre y oro).
Un retroceso
Previo a esta reforma, la protección de glaciares, la evaluación ocurría de forma más uniforme y amplia, ya sea si cumplían una función hídrica estratégica o no. La reforma implementada, sin embargo, adolece de poca claridad y dispersión sobre cómo llevar a cabo una evaluación estandarizada, homogénea y repetible, ya que depende de la evaluación y definición propia de cada provincia, lo que deja a decisión de cada jurisdicción sobre si se puede retirar del inventario o no.
Dentro de las modificaciones, se encuentra en los artículos 3 y 3 bis. El artículo 3 dispone que el IANIGLA selecciona ambientes glaciares que actúan como reservas hídricas estratégicas o como recursos de agua para cuencas. Sin embargo, el artículo 3 bis establece que todos los ambientes glaciares incluidos en el inventario van a ser protegidos solo hasta que la autoridad provincial verifique estas funciones. Es decir, cada provincia puede hacer su propia evaluación de impacto ambiental y, según sus propios criterios, quitar a un cierto glaciar de la ley.
Una de las consecuencias de esta medida es la falta de mirada general y nacional sobre el flujo de los recursos hídricos. Cuando cada provincia pone sus propios estándares provoca una distorsión en el monitoreo del impacto ambiental de forma conjunta, ya que el flujo de estos recursos obviamente no reconoce fronteras. Una boca de mina puede estar localizada sobre glaciares de escombros, cuya agua sea estacionalmente depositada sobre cuencas que pasan por varias provincias. Por ejemplo, la Cuenca del Río Colorado abarca desde los Andes de Mendoza pasando por Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. En consecuencia, no solo se acentúa la autonomía de las provincias y la desigualdad entre las mismas, sino que puede ser foco de futuros conflictos legales entre provincias.
Por lo tanto, se consolida un modelo de país balcanizado dónde cada provincia decide según los intereses del gobierno de turno, desentendiéndose del impacto que esto pueda tener en el conjunto de la región y el país.
Milei busca que el crecimiento de los sectores minero y petrolero aporten divisas al país dándole a su gobierno mayor estabilidad macroeconómica, mientras espera que la lluvia de inversiones, en algún momento, genere nuevos puestos de trabajo y repare el daño que la apertura comercial generó: desde 2023, se perdieron al menos 180.000 empleos registrados.
En este contexto, las mineras aprovechan las bondades del gobierno que, no contento con los beneficios que ya brinda el RIGI, pretende liquidar uno de los pocos límites a la devastación ambiental. Debe tenerse en cuenta que está reforma se da en medio de una fuerte disputa por el dominio del mercado mundial entre EE.UU y China. En esa disputa, el control de minerales críticos es central.
Por un ecologismo desarrollista
El movimiento ambiental expresó un contundente rechazo a esta reforma reaccionaria a partir de movilizaciones, intervenciones en el Congreso y amparos legales que buscan frenar esta entrega. La pelea no está perdida. Desde aquí, queremos aportar al debate programático y estratégico.
El ecologismo no puede abstraerse de las necesidades de desarrollo productivo de la sociedad argentina que, desde hace 50 años, sufre la profundización del atraso económico y la pobreza.
Es necesario superar las posturas decrecionistas (con gran peso en el movimiento ambiental) y construir una agenda que plantee soluciones ambientales a partir de un salto cualitativo en las fuerzas productivas del país, del aprovechamiento racional de los recursos naturales y de un Estado planificador. La salida capitalista sólo ofrece devastación y miseria a las grandes mayorías de este país. Te proponemos sumarte a construir un ecologismo desarrollista para transformar radicalmente el destino de nuestro país.