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En la madrugada del martes 3 de marzo se derrumbó el estacionamiento del subsuelo y el patio interno del Sector 2 del complejo Estación Buenos Aires, en Parque Patricios.
El derrumbe no tuvo víctimas fatales de casualidad: se produjo durante la madrugada mientras todos dormían, y el desmoronamiento estuvo localizado en una zona donde no hay viviendas. Sin embargo, a los daños materiales del estacionamiento subterráneo -alrededor de 70 autos aplastados- se suma el peligro de derrumbe que ahora afecta al conjunto de la estructura habitacional, obligando a evacuar a sus habitantes (300 familias, incluyendo las de un sector lindero), quienes fueron alojados en hoteles con la incertidumbre de no saber si perderán o no sus viviendas.
El complejo es un desarrollo del Programa PRO.CRE.AR que involucró a tres gobiernos nacionales en su planificación, construcción y adjudicación: Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández. También estuvo involucrado el Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad, así como distintos bancos públicos, como el Nación, el Ciudad y el Hipotecario. Todos ellos son responsables de lo que hoy sucede en el barrio.
Todos los edificios presentan vicios de obra de distinta naturaleza: filtraciones, grietas y desprendimientos de mampostería, algunos de los cuales generan peligros concretos como el que ocasionó el derrumbe del Sector 2. Sin embargo, tanto las empresas constructoras como las distintas instancias gubernamentales involucradas abandonaron sus responsabilidades tras entregar los departamentos.
Hoy, casi todos los consorcios del complejo se encuentran en juicio contra las constructoras y el PRO.CRE.AR, reclamando la reparación de las fallas estructurales. Pero el hecho de tener que recurrir a la justicia dilata las soluciones, mientras la estructura continúa deteriorándose.
La situación se agravó cuando el gobierno nacional, ya con Javier Milei a la cabeza, resolvió disolver el PRO.CRE.AR, retirando al Estado de su responsabilidad en las reparaciones. Este proceso condujo al derrumbe en el Sector 2.
La empresa involucrada, Constructora Sudamericana (COSUD), recién se hizo cargo de los arreglos ahora, años después de finalizada la obra. Se encontraba realizando reparaciones para resolver las filtraciones y el deterioro estructural en las cocheras cuando se produjo el derrumbe. Es claramente responsable no sólo por los vicios de construcción originales y por haber demorado los arreglos, contribuyendo al deterioro de la estructura, sino también por no haber previsto el riesgo de colapso mientras realizaba las reparaciones.
Asimismo, debe dar explicaciones la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que debía supervisar la obra para evitar precisamente lo que terminó ocurriendo.
Todos estos elementos muestran que, con el derrumbe de Estación Buenos Aires, estamos frente a un nuevo crimen social, como lo fueron Cromañón, LAPA o Kheyvis.
Un crimen social es un “accidente” o una “tragedia” que poco tienen de fortuito. Son el resultado de la propia dinámica de la sociedad capitalista, en la que los empresarios buscan maximizar su ganancia reduciendo costos, aún a costa de poner en riesgo la vida de trabajadores, usuarios o público. Y en la que el Estado -un Estado de clase al servicio de la acumulación empresaria- deja hacer a la burguesía, permitiendo la elusión de todo mecanismo de control. En este caso, esa dinámica es clara: las constructoras abandonaron las obras con problemas estructurales apenas cobraron, y el Estado hizo la vista gorda, sin asumir su responsabilidad en la planificación y el control de un programa público de vivienda.
Exigimos que el Estado nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las empresas constructoras asuman su responsabilidad tanto financiera como legal y otorguen una solución inmediata, no solo a las familias que debieron abandonar su vivienda por el derrumbe, sino a todos los habitantes del complejo Estación Buenos Aires.
Exigimos que se analicen las fallas estructurales de cada edificio y se realicen las reparaciones necesarias para evitar un nuevo derrumbe. El relevamiento debe extenderse a los distintos complejos habitacionales construidos en el marco del PRO.CRE.AR que presenten vicios de obra similares.
El proceso de relevamiento y reparación debe estar dirigido por expertos en la materia -nombrados en selección pública-, controlado por una Comisión de Vecinos surgida en asamblea y financiado enteramente por el Estado.
Es necesaria la formación de una empresa constructora estatal que, además de resolver los problemas habitacionales, dé trabajo permanente, registrado y en condiciones, a profesionales y obreros de la construcción.
La política de vivienda en la ciudad debe planificarse de manera centralizada. No puede dejarse a merced del mercado. Para eso, tenemos que organizarnos.