Artículo de Ianina Harari publicado en el suplemento Cash de Página/12
Tras décadas de reformas laborales, ya hay evidencia suficiente para concluir que la expansión y la contracción del empleo no dependen del tipo de legislación laboral, sino de los ciclos económicos. Las reformas laborales de Menem y De la Rúa eliminaron conquistas obreras y no evitaron la desocupación récord.
El gobierno se anotó un triunfo legislativo con la votación en el Senado de una reforma laboral que continúa en la misma línea de la Ley Bases. En contra de lo que plantea el oficialismo, las medidas propuestas repiten recetas que no funcionaron y solo van a profundizar las tendencias presentes en el mercado laboral hace décadas: precarización, informalidad, caída salarial y mayor desprotección judicial.
A esto se suma el ataque a la organización obrera y el reforzamiento de la disciplina patronal. Todo ello implica un debilitamiento de las conquistas obreras en pos de mejorar la rentabilidad empresaria. Las medidas no tienen nada de novedoso y muchas responden a reclamos que el empresariado argentino mantiene desde mediados del siglo pasado. Lejos de ser modernizadora, busca volver a la época previa al surgimiento de la legislación laboral.
Ni más empleo ni menos informalidad
El gobierno plantea una serie de objetivos que se cumplirían con esta reforma y así se solucionarían algunos de los problemas que aquejan a los trabajadores. El principal es la creación de empleo asalariado registrado y la disminución de la informalidad laboral.
La idea que vende el Ejecutivo es sencilla: va a ser más fácil contratar en blanco porque bajará el costo laboral y los empleadores no tendrán miedo a un juicio laboral. Tras décadas de reformas laborales ya hay evidencia suficiente para concluir que la expansión y la contracción del empleo no dependen del tipo de legislación laboral, sino de los ciclos económicos. Las reformas laborales de Menem y De la Rúa eliminaron conquistas obreras y no evitaron la desocupación récord.
Las herramientas que se incluyen en la ley para generar empleo registrado ya se han mostrado inútiles en el pasado. Por ejemplo, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral copia la política que ya aplicaron otros gobiernos, que consiste en ofrecer rebaja de aportes para quienes registren empleados. Nunca se consiguió ningún resultado positivo. Por el contrario, hace décadas que el trabajo no registrado se estancó por encima del 30% y hoy se acerca al 40%, incluso luego de que en la Ley Bases se aprobara un régimen similar.
La industria del fraude laboral
El gobierno afirma que otro elemento que atenta contra la creación de empleo es la supuesta “industria del juicio”. Es importante remarcar que esta idea fue inventada para defender el fraude laboral. La cantidad de juicios laborales es ínfima en relación a la cantidad de trabajadores no registrados o mal registrados.
Incluso los juicios por accidentes laborales son pocos en relación a los siniestros registrados. En realidad, lo que existe es una industria del “negreo” que el gobierno busca legitimar presentando a los victimarios como víctimas. Es por eso que, nuevamente sin ser originales, insisten con medidas que no alientan la creación de empleo, pero sí le bajan al empleador los costos.
En esa línea se inscribe la sensible rebaja del cálculo indemnizatorio, algo que ya hicieron gobiernos anteriores, la limitación de la posibilidad del trabajador de acceder a la justicia y eliminación de multas y sanciones, entre otras.
Como frutilla del postre, el gobierno insiste con un fondo para pagar las indemnizaciones después del fracaso del fondo de cese que incluyó en la Ley Bases. El Fondo de asistencia laboral viene a reemplazarlo, pero sin costo para los empleadores, porque se financiaría con la reducción de aportes patronales a la ANSES.
Sería curiosa la insistencia del gobierno con este tema si no fuera que se trata de expertos en crear negocios financieros. En efecto, el fondo tiene que ser gestionado por entidades financieras. Es decir, se van a desfinanciar las jubilaciones para crear un negocio financiero.
Más precarización
Otro eje importante de la reforma es la reivindicación del trabajo precario, que ya aparecía en la Ley Bases. En los hechos, hace décadas que las formas precarias de contratación ganan espacio y abarcan alrededor de un 20% del mercado de trabajo. Se trata de situaciones donde los trabajadores tienen menos derechos.
Pero en lugar de limitar su crecimiento, el gobierno lo promueve, y en vez de alentar la mejora de las condiciones laborales, las degrada aún más. Así, por ejemplo, excluye de la aplicación de la ley de contrato de trabajo a los trabajadores independientes y sus colaboradores, que fue la figura introducida por la ley Bases, y a los trabajadores de plataformas.
También limita muchas causales de reclamo cuando se utilizan contratos precarios de forma fraudulenta, por ejemplo, un contrato temporal para una tarea permanente o un contrato a tiempo parcial para una jornada completa. De la misma forma se limita la responsabilidad solidaria en los casos de tercerización.
Para los trabajadores de plataformas se crea el Régimen de servicio de movilidad de personas y/o reparto a través de plataformas tecnológicas, que busca establecer que el trabajador de plataforma es un prestador independiente. A la hora de definir el contrato de prestación de servicios, se excluye a las empresas de plataformas como interviniente, para presentarla como el medio a través del cual se conviene el servicio.
De hecho, se define a la plataforma como la persona jurídica que gestiona un código ejecutable que permite ofrecer servicios. Lo que no dice es que son las plataformas las que establecen el precio del servicio de traslado y por lo tanto la tarifa que cobrará el repartidor. No es algo que se pacte libremente como pretende la ley. Así, la ley se asegura que el repartidor queda excluido de todo derecho laboral. No es casual que sea así. Uno de los redactores de la Ley es Julián De Diego, abogado de Rappi, que también fue asesor de empresas de empleo temporal como Manpower.
Degradación y disciplina
Para quienes tienen un empleo asalariado registrado, la ley tampoco le trae ningún beneficio. Sus condiciones de trabajo van a empeorar y se va a contar con menos herramientas para reclamar. Medidas que hoy existen en muchos convenios pasarán a tener status de ley, por lo que los empleadores podrán recurrir a ellas sin necesidad de llegar a un acuerdo con el sindicato. Es el caso del banco de horas, que va a abolir las horas extras.
Además, el empleador podrá modificar las condiciones laborales de forma arbitraria, sin que el empleado tenga capacidad de impedirlo. Son muchos los artículos que degradan las condiciones de trabajo, como el que permite fraccionar más las vacaciones u otorgarlas en cualquier periodo, la derogación de estatutos profesionales, la implementación del salario dinámico o el pago en especies, entre otros.
Un tema al que se le da mucha relevancia en la reforma es la organización colectiva, a la que se ataca en muchos artículos. Lo que se busca es disminuir el poder de los obreros, ya sea atacando la negociación colectiva, por ejemplo, al privilegiar los convenios de ámbitos menores como la empresa o terminar con la ultraactividad, hasta el ataque a la organización, buscando dificultar la convocatoria a asambleas, sancionando medidas de acción directa y cercenando el derecho a huelga. Es decir, se busca reforzar el poder de las patronales y la disciplina laboral.
¿A quién beneficia?
Todo esto simplemente va a generar el efecto opuesto al que declama el gobierno, porque se facilita el despido y se reducen los riesgos de no registrar o registrar erróneamente a los empleados. Por lo tanto, es falso que quienes hoy se encuentran en el mercado de trabajo no registrado vayan a adquirir derechos. Al contrario, los pocos derechos que tenían para reclamar los van a perder.
Tampoco va a beneficiar a quienes hoy se encuentran precarizados o trabajan en una app, porque se le recortan derechos para reclamar o accionar judicialmente. Asimismo, quienes tienen un trabajo en blanco van a salir perdiendo con la reforma porque sus condiciones de trabajo van a empeorar. Y también los jubilados se van a ver perjudicados, porque se va a seguir desfinanciando la ANSES. Es decir, toda la clase obrera se verá perjudicada. Eso, sí, los empresarios saldrán ganando. Esta reforma está hecha a su medida y fue redactada por sus estudios de abogados. Beneficiará a los grandes que emplean trabajadores registrados y tercerizan, y a los chicos que emplean mayormente en negro.
Lamentablemente, los sectores con los que el gobierno negoció la reforma no parecen preocupados por el destino de los trabajadores. Los gobernadores negociaron el artículo que disminuye el impuesto a las ganancias para empresas porque afecta sus arcas.
Por su parte, la CGT concentró su esfuerzo en frenar la reducción de los aportes a las obras sociales, el tema de la cuota de los no afiliados y la ultraactividad. Con este panorama parece difícil evitar que con esta ley el gobierno arrastre a la clase obrera a un nuevo espiral de degradación.
Ianina Harari – Investigadora de Conicet e Integrante del CEICS