Felipe León y Damián Bil
OME – CEICS
El petróleo y el gas se caracterizan por ser recursos no renovables y, por lo tanto, bienes no reproducibles por el trabajo humano. Esta cualidad, otorga a los hidrocarburos la capacidad social de poder ser monopolizados por propietarios privados. En otras palabras, estos recursos son finitos, están distribuidos heterogéneamente y son apropiados por los afortunados que los poseen en su subsuelo a título individual, o bien de un Estado nacional. En el caso argentino, la ley de hidrocarburos impone que las riquezas líquidas o gaseosas situadas en el subsuelo del territorio (incluyendo la plataforma continental) pertenecen al patrimonio de la Nación, quien dispone la concesión a empresas explotadoras del recurso y una participación monetaria a las provincias “dentro de cuyos límites se explotaren yacimientos”.
En Argentina existe una riqueza hidrocarburífera que comenzó a aprovecharse a comienzos de siglo XX. Si bien en condiciones de dispersión geográfica, la misma permitió desde fines de los ’50 el autoabastecimiento y registró saldos exportables durante unos cuantos años, hasta que en la última década se produjo un déficit de la balanza que, entre 2011 y 2021, acumuló un rojo promedio de más de 2.800 millones de dólares por año. Sin embargo, la Argentina tiene otra riqueza en esta actividad que, por diversos motivos, está subutilizada como recurso económico. Nos referimos a los yacimientos de gas y petróleo no convencional de la formación Vaca Muerta, cuya importancia ya fue destacada en la década de 1930, aunque su potencial real recién fue confirmado a comienzos de los 2010. Según estudios de la Agencia de Información Energética de los EE.UU., con este recurso la Argentina tiene la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil. A saber, 801,5 billones de metros cúbicos de gas, un 11% de la reserva mundial de este producto; y 27 mil millones de barriles de petróleo. En un comienzo, las condiciones técnicas de la explotación solo posibilitaban una extracción rentable cuando el precio internacional del barril se ubicaba en torno a los 80 dólares. Aunque rápidamente, los avances tecnológicos en la actividad permitieron alinear los costos operativos mínimos a un barril en torno a los 40 dólares.
A pesar de ello, la Argentina tiene serios problemas en su sistema energético. Desde problemas de abastecimiento de insumos básicos como el gas, hasta el rojo que mencionamos en la balanza de combustibles. Veamos cómo esta gangrena, que afecta al conjunto de la economía nacional y contribuye al encarecimiento de los costos productivos y de los bienes de consumo, es en gran medida culpa de la clase dominante que trajo al país a esta crisis, imposibilitada de encarar el “desarrollo nacional”.
La gestión reciente
En medio de la crisis mundial, que también alcanza el plano energético, Argentina superó el récord de importación: durante el primer semestre de 2022, registró compras al exterior por 6.609 millones de dólares en combustibles y lubricantes (INDEC), cifra más alta de los últimos 30 años. Esto en un contexto de cierta recuperación de la producción de petróleo que, aunque si bien lejos de los valores de la primera década de este siglo, alcanzó en abril un techo de casi 89.500 metros cúbicos diarios, el registro más alto en un solo mes desde 2012. En el caso del gas, aunque su producción total agregada está en caída desde hace años, en el segmento de no convencional se alcanzó el máximo de la historia. Aun en estas condiciones, el país debe importar crecientes volúmenes de energía.
Asimismo, en lo que va de este 2022 se llevan pagados más de 220 millones de dólares en sobrecostos. Solo en enero y abril se gastaron 120 millones en la compra de gasoil debido a la saturación del sistema de transporte de gas por ductos que no permitía mover fluido puertas adentro. Esto se produjo debido a que gran parte de la capacidad se utilizó para exportar a Chile. En mayo se gastaron 100 millones extra para importar tres buques de gas natural licuado (GNL). Según expertos, se podría haber adquirido gasoil, con un menor precio en mayo: el GNL costó 39,3 dólares por MMBTU, mientras que el gasoil estaba 23,4 dólares por la misma unidad. Tal vez, la construcción del mentado gasoducto Néstor Kirchner, que uniría Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires, hubiera aliviado parte de estos problemas y permitido exportar. Por desgracia, nuestros patrones tenían otros planes. La construcción del mismo está parada desde hace años, por la disputa entre burgueses locales para ver quién se queda con el negocio de la edificación de la obra. Por culpa de la lógica de privilegiar el interés mezquino del empresario individual, la Argentina no solo está en dificultades para conseguir el autoabastecimiento, sino que se pierde un negocio potencial de más de 30.000 millones de dólares al año en exportaciones. Más aún, el proyecto podría estar aún hoy detenido de no ser por la interna que se disparó en el Frente de Todos y que se resolvió mediante la expulsión de Kulfas del gobierno. Con una demora de unos cuantos años, hace solo semanas que se comenzó con el proceso de licitación. El costo del gasoducto se estima en alrededor de unos 2.500 millones de dólares. Absolutamente nada para un país cuyo PBI es 491,5 mil millones de dólares al año (o sea, apenas un 0,5%). Más aún si se tiene en cuenta lo erogado en importaciones energéticas, que en los últimos diez años acumulan 70.000 millones de dólares. Cabe señalar que se arribó a esta situación no por falta de recursos en el sector, sino luego de constantes subsidios a la actividad. El programa 73 de la Administración Pública Nacional, “Formulación y Ejecución de la Política de Hidrocarburos”, registra entre 2011 y 2021 un promedio de casi 87 mil millones de pesos en transferencias por año (en valores de 2022), intensificándose en los últimos tiempos. De 2018 a 2021, el monto fue de casi 152 mil millones de pesos anuales promedio; y a agosto de 2022 se llevan transferidos 50,6 mil millones de pesos. Solo por señalar algunos de los renglones más importantes, el Programa en cuestión sumó erogaciones para “Productores de Petróleo Crudo” (743 mil millones de pesos entre 2008 y 2014), “Plan Gas No Convencional” (317,5 mil millones entre 2018 y agosto de 2022), distintos “Plan Gas” (75 mil millones entre 2018 y 2022), “Empresas Distribuidoras de Gas” (63 mil millones en el mismo lapso), “Subsidio a consumo domiciliario de GLP” (44 mil millones en 2021 y 2022), y “Plan Petróleo Plus y Refinación Plus” (37,7 mil millones entre 2014 y 2017), entre otros. Es decir, un enorme gasto para estar cada vez peor, dando cuenta de la inoperancia de la burguesía argentina para lograr una estabilidad en el sector energético y el derroche asociado a este punto.
Nada que puedan arreglar
La culpa no es de la crisis mundial. A Argentina no le va bien ni siquiera cuando el viento pega a favor. Se supone que un aumento en el precio de los bienes de exportación se debería plasmar en un aumento del ingreso por venta al exterior y, a su vez, en una balanza de pagos positiva. Pero, en el plano de la energía, como vimos, sucede lo contrario. En lo que va del año, según INDEC, contamos con casi 4.000 millones de dólares en exportaciones de combustibles y energía contra los poco más de 6.600 millones de importaciones, un saldo negativo de casi 2.650 millones. Mucho para una economía quebrada como la argentina. La culpa tampoco es del “cortoplacismo de la política” ni de la “grieta”. Ambos fenómenos se dan, en la medida en que, en el corto plazo, a todos les estalla la crisis. En una economía que explota cada 10 años, el largo plazo no existe. El cortoplacismo político no es un fenómeno en sí, sino que encuentra su razón de ser en la estructura económica del país.
Una política posible
En el ámbito de la producción energética, los especialistas a nivel mundial coinciden en que el paradigma basado en los hidrocarburos va, sino a su desaparición, a un reemplazo o complementación por otras variantes más limpias en los próximos años. Por caso, la Unión Europea planteó para 2035 el fin de la venta de vehículos de combustión interna y, en EE.UU., Biden solicitó a los fabricantes que el 50% del mercado de automóviles sea de unidades eléctricas para 2030. También aparecen en el horizonte otras formas de producción de energía, como las renovables y sobre todo la nuclear, donde científicos de diversos países intentan reproducir condiciones para la fusión 1, lo que podría conseguirse en las próximas décadas. Es decir, la demanda de hidrocarburos para energía, en un futuro no muy lejano, podría reducirse sensiblemente. Ello implica que la “ventana de oportunidad” para explotar de manera rentable estos productos se angosta de forma progresiva. En la Argentina, mal que le pese a los libertarios y como explicamos aquí, tenemos un límite para aprovechar esta riqueza en el estrecho campo de la lógica capitalista, la lógica de la propiedad privada. En ese marco, el Estado solo se dedica a subsidiar parásitos. Es necesaria una política activa en el sector. Con la riqueza hidrocarburífera existente a partir del descubrimiento de Vaca Muerta, YPF podría ser un actor de peso en el mercado mundial; en cambio, a duras penas consigue modestos resultados. Es más, se calcula que para diciembre de 2021, las reservas probadas (cantidad de hidrocarburos que pueden ser extraídos en condiciones de rentabilidad), llegaba a 2,68 trillones de barriles de petróleo y casi 392 billones de metros cúbicos de gas. En términos monetarios, al precio actual del barril WTI (91 U$S al 15 de agosto), serían 244,4 trillones de dólares de crudo. En cuanto al gas, y en base al valor actual (7,67 U$S el MMBTU), equivale a 105 billones de dólares.
Entonces, la firma debe ser puesta bajo control absoluto de un Estado de nuevo cuño, con un plan de largo plazo para aumentar la escala productiva y la explotación de los recursos no convencionales, con una perspectiva netamente exportadora y sin desechar ninguna alianza estratégica con otros participantes internacionales del sector para hacer frente a las grandes inversiones que la actividad precisa. Es necesario ingresar en producciones claves, como en el gas licuado de petróleo. Cabe señalar que este es un negocio que, en 2019-2021, movió en promedio 74,1 mil millones de dólares al año en exportaciones (si se suman otros gases licuados como propano, butano, butileno, propileno, butadieno, etc., asciende a casi 148 mil millones). En términos individuales, los EE.UU. exportaron 13,2 mil millones en 2020 y 27 mil millones en 2021. Solo en 2021, Australia exportó 37,2 mil millones de dólares y Malasia 9 mil millones. Otros países también obtienen buenos dividendos de estas ventas: Nigeria vendió al exterior entre 4 y 5 mil millones anuales el último trienio, Trinidad y Tobago 500 millones y Brasil un promedio de 30 millones al año en 2020 y 2021. Hoy, el país se pierde de participar de este negocio. La Argentina contaba con una instalación en Bahía Blanca para la licuefacción y envasado del gas natural para exportación, pero los costos hacían anti económica su explotación y se discontinuó la operación. Ahora, resurgieron negociaciones con consorcios chinos y rusos para la construcción de una nueva planta procesadora. Seguramente, el volumen de inversión inicial (calculado entre 5.000 y 10.000 millones de dólares), en esta coyuntura, será un limitante para la aceleración de la concreción del proyecto.
El tiempo es finito, en vistas del reemplazo del paradigma de hidrocarburos. Dentro de algunas décadas, estos bienes comenzarán a perder parte de su valor de uso social, y posiblemente bajará su precio. Debemos repensar la matriz energética nacional y orientarla hacia el uso de energías más baratas y limpias como la nuclear. Las propuestas de extracción y procesamiento de hidrocarburos deben estar en función de este objetivo: las divisas generadas por la exportación de gas, petróleo y sus derivados, deben ser utilizadas en un plan de largo plazo para el cambio de la matriz energética, por ejemplo mediante la inversión en biogás y, principalmente en la construcción de centrales nucleares, donde la Argentina cuenta con amplia trayectoria, incluso en el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR), y capacidad también de exportación en la actividad. Para sacar a la Argentina y a su población del pantano en general, y al sector energético en particular, solo hay una vía, la Vía Socialista.
Publicado en El Aromo Nueva Época N° 5 – Agosto 2022