El grito de los uniformes: las condiciones laborales de los obreros de las fuerzas de seguridad

María Azul*

(Corresponsal de El Aromo)

“Dicen que la patria es un fusil y una bandera.

Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. (…)

Nos preparan a la lucha en contra de los obreros,

 un rayo me parta a mí si ataco a mi compañero

 Canción de los soldados, Chicho Sánchez Ferlosio,

cantautor español anarquista. Spanska motståndssånger

(Canciones de resistencia españolas) del sello sueco Clarté, de 1964.

El 4 de febrero de 2026, con su uniforme de servicio y su arma reglamentaria, un efectivo de la Policía Federal Argentina se esposó en las rejas de entrada la Casa Rosada, para solicitar al Gobierno nacional, que mejore las condiciones de empleo de las fuerzas de seguridad. “El salario que estoy percibiendo es de 700 mil pesos, soy cabo auxiliar de la Justicia de la Policía Federal”, afirmó. En un país en donde uno de los principales problemas que atraviesa la clase obrera, es la inseguridad, el salario de este agente se encuentra por debajo de la canasta básica. Sin embargo, algo más delicado aún, es la denuncia contra sus superiores por corrupción, algo que causa incomodidad no sólo a las autoridades políticas y policiales, sino también a cierto discurso progresista que ve en cada uniformado algo así como a un representante de Videla. De más está decir que no importa en este humilde bosquejo, a quien haya votado, ya que muchos obreros que no son policías votaron a la gestión actual.

Los problemas de un grupo particular de trabajadores

Igual que sucede con todos los empleados estatales, las fuerzas de seguridad han sufrido un brutal ajuste salarial. Como se ve en la tabla anexa, el salario de un comisario de la PFA, es decir, una de las categorías más altas, cobra un salario de bolsillo de casi un millón novecientos mil pesos. En la otra punta, un agente, un millón menos. Categorías más bajas, como los auxiliares, no llegan a setecientos mil. Un agente, entonces, no alcanza a cubrir la canasta básica total (1.360.000$ para una familia tipo) y un auxiliar, apenas supera la Canasta Básica Alimentaria (623.900$), que caracteriza a una familia indigente. Igual que sucede con el resto de la clase obrera, los problemas no se limitan a los salarios.

La corrupción

Todos advertimos los altos niveles de corrupción que atraviesan todas las fuerzas de seguridad de nuestro país. Los medios, intelectuales y militantes se cansan de señalarlo (y es lo que corresponde), pero cuando un policía de base lo denuncia, pasa a ser, para el poder, un sedicioso, y para los progres, un desclasado.

La pancarta decía “PFA corrupción superintendencia de transporte”, contundente y sin medias tintas. Es menester recordar que el efectivo en cuestión, de apellido Montiel, no sólo arriesgó su fuente de trabajo, si no que denunciar corrupción en esas esferas es peligroso, en particular, porque señaló al propio comisario general Omar Farías. “Se ve mucha corrupción de puestos fantasmas, de brigadas que no son pagadas”, ahondó Montiel. “Desde el no cumplimiento de ellas, que no tiene que ver con lo policial, nos dan unas sanciones, nos hacen expendientes”, continúo en su relato. La denuncia del agente apunta contra un entramado -armado por superiores- que cobran “adicionales fantasma, que no cubre nadie”. Al terminar el día fue trasladado a realizar la denuncia en Asuntos Internos, con resultados aún desconocidos, pero que debería ser una cuestión de interés para toda la sociedad.

Obra social, un desguace nunca visto

Las fuerzas armadas y de seguridad, atraviesan un conflicto en sus prestaciones de salud sin precedente. En el caso de la PFA, con el Churruca-Visca, el abandono es total, turnos que no se consiguen, remedios oncológicos con meses de espera, afiliados en el interior que no tienen prestación, historias clínicas perdidas por un supuesto problema con internet, etc. Esto es así a pesar de que gran parte del sueldo del afiliado (400 mil pesos en unos casos) es retenido por la obra social. A los cientos de amparos judiciales para reclamar cada prestación, que la obra social incumple, se le sumó el suicidio de un agente en pleno hospital y posterior encadenamiento de una esposa de retirado en la puerta por los mismos motivos. Es importante señalar al lector que la obra social de PFA no solo la posee el uniformado que vemos en la calle y sus familias, sino que también incluye personal, médicos y enfermeros del Churruca y bomberos federales. PFA también atiende al personal policial de la ciudad de Buenos Aires y a sus bomberos, así como a un gran caudal de empleados civiles que forman parte de la institución policial, que incluye desde personal administrativo hasta empleados de tareas de maestranza.

La salud mental

El martes de 16 de diciembre de 2025, el cabo Rodrigo Gómez se quitó la vida en la quinta de Olivos. Tenía 21 años. Esa misma tarde el gendarme Diego Kalilek, de la misma edad, se suicidó en Salta. En julio de 2025 el policía Alejandro Tejerina se suicidó en el Hospital Churruca, y según miembros del hospital dejó una carta en la denunciaba el abandono de la obra social. En octubre del 2025 un oficial de la Prefectura Cristian Roa de 37 años se quitó la vida. En noviembre, el prefecto de 32 años Brian Filliez se suicidó. Lo mismo hizo, en las afueras de Rosario, el prefecto Gastón Viassolo de 37 años. A ellos se suman soldados y suboficiales del Ejército.

Varios factores explican el contexto de estos suicidios. La crisis salarial y de las obras sociales están entre los primeros, ciertamente. Pero hay algunos de mayor peso: la tendencia al aislamiento social que propician las instituciones de seguridad, generan un microclima en el que no es fácil encontrar interlocutor a los problemas personales. Ese mismo aislamiento se vuelve represivo, ante la falta completa de derechos sindicales y de un agente externo que pueda proteger al subordinado frente al superior y a la institución en sí misma. Se genera una situación en la que los acusados son juez y parte y los acusadores (los policías que se animan a denunciar la corrupción o a formular reclamos sindicales, por ejemplo) se encuentran indefensos. El ejemplo del policía que tiene que esposarse en una reja de Plaza de Mayo es un símbolo claro de esta situación de indefensión. Así, la tensión sicológica y el aislamiento se traducen en menor contención para la salud física y emocional de los efectivos. Ello redunda en riesgo para sí mismo, sus familias y la sociedad en su conjunto.

Una lucha en condiciones muy inferiores

Las fuerzas de seguridad tienen prohibido la sindicalización, convocar a asambleas, realizar huelgas e incluso participar en ciertas actividades de la política partidaria. Por esto cada protesta o convocatoria, puede ser interpretada por los poderes del Estado; como “sedición” “golpe de estado” “insubordinación” “abandono de servicio” etc. Tampoco pueden con uniforme y en servicio participar en alguna actividad sindical y de solidaridad con la clase obrera de manera organizada.

El efectivo que tiene una causa por el delito de “sedición”, no solo puede ser desafectado de la fuerza, sino que se le dificulta obtener trabajo formal en cualquier sitio, ya que tendría antecedentes penales. Latiguillos como “estudiá no seas policía” o “búsquense otro trabajo” esconden una realidad compleja. En el interior del país, pertenecer a una fuerza de seguridad es muchas veces una de las pocas vías de empleo estable. Por esto, vemos en ciertos operativos de las fuerzas como la gendarmería un gran número de personas provenientes de Formosa, Chaco, Salta y demás provincias del interior. Nuevamente, el famoso “estudia no seas policía” niega una realidad que atraviesa a muchas provincias, aparte de una liviandad pequeña burguesa. Más de una maestra es hija o esposa de algún policía o gendarme en alguna provincia.

Careciendo de derechos civiles elementales, repudiados por la izquierda y las fuerzas que se consideran “progresistas”, el personal de las fuerzas de seguridad lleva adelante acciones generalmente en aislamiento del resto de la clase. Eso facilita la represión y el control de la fuerza por las jerarquías corruptas. Como todos los años, sin embargo, la acción sindical existe y se hace ver. Veamos los últimos casos.

Convocatoria al acuartelamiento en Buenos Aires.

En CABA, el 13 de febrero, familias autoconvocadas de afiliados a la obra social realizaron un reclamo en Avenida Independencia y el 15, grupos de policías federales convocaron a un acuartelamiento por reclamos salariales. En la provincia de Buenos Aires, sucedió lo mismo el 16. El caso más importante, por estos días, es el de Rosario, Santa Fe, donde policías activos, muchos de civil y acompañados por familiares, se reunieron frente a la Jefatura Central para reclamar lo que consideran una recomposición salarial digna y mejoras sustanciales en sus condiciones de trabajo. Sus consignas exigen: “un haber inicial no inferior al costo de la canasta básica total, liquidaciones claras y auditables, y atención integral de su salud física y mental”. Algunos policías levantan carteles, otros conversan en voz baja, algunos con barbijos para no ser identificados.

La protesta había comenzado poco antes en distintas localidades de Santa Fe —Rosario, Vera y Reconquista— y se profundiza con la mirada fija en un gobierno que, según muchos de los presentes, ha fallado en reconocer el peso que la inflación y la precarización salarial imponen sobre quienes deberían garantizar la seguridad. El conflicto se agravó cuando muchos patrulleros se negaron a salir en servicio y fueron reprimidos por sus colegas, terminando en escupitajos y empujones contra el jefe de policía Maldonado. Como sucede siempre, los efectivos que lideraron la protesta fueron desafectados y el 11 de febrero vueltos a reincorporar. Sin embargo, continúan siendo investigados judicialmente bajo el cargo de incumplimiento de funcionario público y abuso de autoridad.

El tema se extendió a otras provincias, como Entre Ríos, donde efectivos de la policía provincial realizaron una convocatoria en la plaza ubicada frente a la casa de gobierno en Paraná. La consigna es “En memoria de los que ya no están y por condiciones dignas de trabajo para quienes siguen cuidando de todos”.

*La autora es docente bonaerense e hija de bombero retirado. Firma con seudónimo por seguridad y estar en juicio contra la PFA.

Fuentes:

  • Grupos de Facebook: Policías Unidos

      Policías Unidos. (s.f.).

  • Testimonios orales de efectivos anónimos durante la protesta (2026).

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