Por Ianina Harari*
En un discurso reciente, el presidente Javier Milei volvió a insistir en la necesidad de avanzar con una nueva reforma laboral. Una vez más, repitió la creencia liberal de que una mayor desregulación favorecería la creación de empleo registrado, lo cual contradice toda evidencia histórica. La idea de que los problemas del empleo en la Argentina tienen su origen en la excesiva legislación laboral, se ha instalado hace décadas como fundamento de las reformas laborales que atacan los derechos conquistados por los trabajadores. Responde al interés de los empresarios de reducir sus costos laborales, alegando que eso los haría más competitivos, y les permitiría tomar más personal en blanco, en especial a las pymes. No obstante, la realidad ha demostrado que,tras décadas de desregulación laboral, la degradación del empleo avanzó, los salarios reales mantuvieron una tendencia histórica decreciente y el trabajo no registrado se mantuvo por encima del 30%.
Desde el inicio de su gestión, la reforma laboral fue un tema central para Javier Milei. Tras la suspensión del capítulo laboral del DNU n° 70 por parte de la justicia, incluyó varios de los artículos que lo componían en la ley Bases. Uno de ellos fue la eliminación de penalidades por el no registro o el registro fraudulento de trabajadores. Se supone que este tipo de medidas combaten el trabajo en negro, uno de los mayores flagelos que enfrenta el mercado laboral, porque se reducirían los riesgos de juicios laborales y ello alentaría a las pymes a contratar en blanco. Con este mismo objetivo se aprobó un régimen de promoción del empleo registrado que consiste en la condonación de cualquier multa o sanción que les corresponde a los empleadores por tener trabajadores en negro si los registran. También se creó un sistema que suplanta los aportes patronales por un importe único para empresas de hasta 12 empleados. Estas medidas replican las que se aplicaron en gobiernos anteriores y cuyos efectos sobre el nivel de informalidad laboral fue nulo.
Con un sentido similar, se pretende eliminar la indemnización por despido. Se supone que se trata de una distorsión que dificulta la contratación de trabajadores. Hace décadas que su cálculo es modificado para disminuir los montos. Ahora, el gobierno logró que se apruebe la posibilidad de pactar por convenio colectivo el fondo de cese laboral. Se trata de una figura que ya existe en la industria de la construcción, gracias a un decreto de Onganía, y consiste en que mensualmente se le descuenta al trabajador un porcentaje de su salario, que se acumula y se cobra al extinguirse la relación laboral. El fondo de cese implica un ahorro en indemnizaciones, porque se paga menos que lo que corresponde por indemnización en caso de despido.También en el Estado se facilitaron los despidos con un régimen especial de disponibilidad que permite ya no solo cesantear trabajadores con contratos precarios,sino también de planta permanente.
Otra batería de medidas destinadasa promover la creación de empleo, van en realidad a favorecer una mayor precariedad. Por ejemplo, la extensión del período de prueba o la restricción de la responsabilidad solidaria, que afecta a los trabajadores tercerizados, van a fomentar este tipo de contrataciones. También se promueven los contratos a término y el monotributo, que son reconocidas formas de fraude laboral. Para ello, se excluyó los contratos de obra, servicios y agencia del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y se eliminó la presunción de la existencia de un contrato laboral cuando se contraten servicios profesionales donde se emitan facturas. Finalmente, la creación de la figura de “trabajador independiente”, que puede contratar hasta otros tres “trabajadores independientes”, desliga de toda responsabilidad como empleador a los dueños de las empresas más pequeñas.
A pesar de haber conseguido buena parte de las reformas, Milei quiere completar el plan original y embestir nuevamente después de las elecciones de octubre. Aún le quedan pendientes puntos importantes como la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Con ello se anularía la vigencia de los convenios colectivos que no se renegocian en su totalidad desde la década del 70, aunque en gran medida los acuerdos paritarios ya han modificado buena parte de ellos.
Hay dos elementos fundantes del derecho laboral que Milei busca desterrar. El primero es in dubio pro operario, que establece que, ante la duda, se debe aplicar la ley más favorable al trabajador. El segundo es la irrenunciabilidad, que prohíbe que el trabajador renuncie a derechos adquiridos en las leyes o convenios mediante un acuerdo individual. Ninguna de estas modificaciones fue incluida en la Ley Bases que se aprobó. El gobierno también buscó reducir más las indemnizaciones por despido, mediante la disminución del piso del cómputo al 67% del salario mensual y la eliminación del aguinaldo y otros conceptos de pago semestral o anual del cálculo.
La mayor flexibilidad de la jornada de trabajo es otro ítem de la agenda laboral libertaria. La incorporación del banco de horas en la Ley de Contrato de Trabajo no fue posible hasta ahora, si bien en la práctica estos acuerdos ya existen. El banco de horas permite que la patronal pague horas extras con horas de descanso, así puede acomodar de forma más barata las jornadas laborales a los ciclos productivos. O, por el contrario, que en momentos que suspende trabajadores les pague la totalidad del salario y luego esas horas sean devueltas con trabajo en hora extra, sin pagar el extra que corresponde. Ello, junto con los francos compensatorios, permite eliminas las horas extras, lo que constituye un gran ahorro salarial para las patronales, y un recorte a quienes las utilizaban como complemento salarial.
Las últimas décadas se caracterizaron por un deterioro acelerado del empleo de la mano del crecimiento de la informalidad y la precarización. Las reformas laborales, más que detener o revertir este proceso, lo aceleraron. Hoy en día solo una porción minoritaria del mercado laboral se encuentra bajo una relación de dependencia formal con contrato por tiempo indeterminado. Para la gran mayoría de los trabajadores, la desregulación laboral existe de hecho. Quienes trabajan en negro no gozan de mejores salarios ni mejores condiciones laborales. Se trata del modelo laboral que pretende imponer el liberalismo. Sin regulaciones ni negociación colectiva, el trabajador queda a merced del empleador, porque a diferencia de lo que supone el liberalismo, la relación laboral no es entre iguales que negocian libremente, sino entre dos sujetos con un poder dispar, donde el trabajador se ve obligado a subordinarse para poder comer. Aunque se presenten como formas de modernizar las relaciones laborales, las reformas laborales en realidad buscan volver a una época en que no existía la legislación laboral y los trabajadores sufrían condiciones paupérrimas. Lo que pretenden es revertir la historia para liberar a los empresarios de todo límite a la explotación.
*Nota publicada en Deuda Prometida, 18/10/2025.