Por Nicolás Villanova*
La punta de un iceberg
En las últimas semanas observamos la ciudad porteña con bolsas de basura acumulada por la calle. Jorge Macri culpabilizó a los cartoneros de ensuciar y lanzó un operativo represivo de amedrentamiento y cacheo. Paralelamente, eliminó uno de los subsidios destinados al pago de transporte de cartoneros existente desde el año 2008 para evitar “privilegios”. Sin embargo, hay procesos más profundos que impactan en el cartoneo tanto en la ciudad porteña como en todo el país. Desde hace unos meses, el precio del cartón reciclado está en picada, el salario cartonero se reduce y, consecuentemente, se desalienta la actividad. La causa no sólo remite a la recesión económica, también a las facilidades de importación de productos desechables para la industria que impuso Milei. Recordemos que los cartoneros proceden de la desocupación y hallaron en el reciclaje una forma de sobrevivir en condiciones terribles: extensas jornadas laborales, riesgosas y por salarios bajísimos. En un momento de crisis en el sistema de tratamiento de residuos sólidos urbanos en todo el país, más que reprimir y ajustar a los cartoneros habría que pensar de qué modo resolver el problema de la basura y orientarla al desarrollo de la economía. Ese proceso implicaría, además, la resolución del problema laboral de los cartoneros. Se trata de planificar para avanzar en un desarrollo económico con bienestar social. Veamos.
Lo hecho y las potencialidades
Comencemos por el diagnóstico. Según datos del antiguo Ministerio de Ambiente, en Argentina se generan 45 mil toneladas de basura por día de las cuales casi un 35% va a parar a los más de 5000 basurales a cielo abierto. Potencialmente, se podría recuperar el 100% de los residuos. En países como Suiza lo hacen. Suecia y Noruega no dan abasto con lo propio, entonces importan residuos para usar en sus plantas productoras de calefacción y electricidad. En Argentina no ocurre lo mismo y transitamos una crisis de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Sin embargo, el país cuenta con la mano de obra necesaria, una parte de la infraestructura y un conjunto de demandas que ameritan la planificación para resolver el problema. En efecto, según el RENATEP habría poco más de 150 mil cartoneros, los cuales recolectarían unas 10 mil toneladas diarias de material reciclable.
Por su parte, ya existe una infraestructura para la reutilización desechos como la industria del papel y el cartón, en particular, el cartón corrugado y el papel de embalaje. Los informes del Ministerio de Economía señalan que entre 2021 y 2023 el país produjo 1,8 millones de toneladas anuales de papel y cartón, exportó 118 mil toneladas e importó 546 mil toneladas. Es decir, hay un consumo aparente mayor al producido internamente y por lo tanto una demanda. Lo que más crece es la fabricación de papeles para embalaje y sanitario (tissue) los cuales son los que requieren mayor insumo reciclado.
A su vez, la reutilización de los envases plásticos crece. Según estimaciones de la Cámara de la Industria de Reciclados Plásticos entre 2003 y 2023 se habrían reciclado en el país más de 4 millones de toneladas de plástico en las más de 140 empresas ubicadas en 19 provincias. Se trata de una cifra que representaría apenas el 15% del total de plástico. Además, el país cuenta con maquinaria de reciclado mecánico y con una planta piloto a cargo de YPF para el reciclado avanzado el cual transforma los residuos plásticos en sus componentes originales.
Ahora bien, ¿qué hacer con los residuos orgánicos? Hay avances de instalación de biodigestores a pequeña escala que podrían replicarse en todo el país, con inversiones relativamente bajas. Se trata de tecnología productora de gas para producir energía y fertilizantes orgánicos para uso agrícola. En los países que integran la Unión Europea el uso de bio-gas representa el 24% de todo el gas natural consumido. En nuestro país, la crisis energética presenta una demanda que podría ser satisfecha con el uso de residuos.
Los recursos que se invierten no son suficientes, pero permitirían iniciar un proyecto de corto y mediano plazo si se coordinara a nivel nacional. En varias provincias hay centros de reciclado gestionados por cooperativas de cartoneros u organismos que dedican mucho tiempo de trabajo por salarios bajísimos. Sin embargo, podrían reconvertirse en grandes plantas generadoras de insumos si se organizara el uso y destino de la materia prima reciclada a nivel nacional. Un ejemplo (probablemente el más avanzado) es el de la ciudad de Buenos Aires. Cuenta con un centro de reciclaje, 16 centros verdes (donde se separa, clasifica y acopian residuos reciclables), 3 centros de compostaje y una planta de Tratamiento Mecánico Biológico.
Además, en la ciudad operan 12 cooperativas con más de 6500 cartoneros asociados los cuales realizan tareas en la calle y en los centros verdes. Sólo en el año 2024, el gobierno de la ciudad ejecutó un presupuesto equivalente a 74.835 millones de pesos dirigido a la “operación del reciclado de residuos urbanos”, de los cuales unos 32.555 mil millones fueron destinados al pago de “incentivos”, es decir, salario cartonero. Se trata de unos 393 mil pesos mensuales por persona. Es un salario de miseria y sin coberturas básicas. Sin embargo, la mayoría de los cartoneros que recogen en las calles porteñas no están asociados en cooperativas y no obtienen ningún subsidio del Estado. La potencialidad del reciclado podría dar lugar al empleo del conjunto de los cartoneros. Con una economía del reciclado planificada se elevaría el salario y se daría estabilidad laboral en blanco.
Los límites
¿Por qué teniendo a mano casi todo lo necesario para avanzar con proyectos de reciclado de productos inorgánicos como insumo para la industria y la posibilidad de fabricar energía y fertilizantes a través de biodigestores con basura orgánica no se hace? ¿Por qué pudiendo resolver el problema del empleo y la pobreza para el conjunto de los cartoneros, con blanqueo y estabilidad laboral, no se avanza? Evidentemente, hay un problema de clase. El mundo empresarial no ve más allá de la rentabilidad individual, por ello no le interesa avanzar con soluciones de largo plazo que no generen una ganancia inmediata.
Por su parte, las soluciones del Estado han sido basadas en el cortoplacismo, poniendo parches con medidas transitorias. Después del 2001, el cooperativismo fue el intento frustrado por resolver un conjunto de problemas sociales, pero sobre todo fue un intento de contener la rebelión de los desocupados a bajo costo. Además, la descentralización del reciclado en el cooperativismo no ha hecho más que profundizar la desvinculación del Estado en asuntos importantes como el problema del desempleo y el desarrollo del potencial económico con el reciclado. La historia reciente muestra que ni el cooperativismo ni la eliminación del Estado, con represión mediante, resuelven los problemas. Sólo un Estado fuerte que organice la economía puede resolver el problema de la basura, en qué actividades invertir, con cuántos recursos, con empleo estable para el conjunto de los cartoneros y mejores salarios. Todo esto implicaría desarrollo económico y bienestar social. Su viabilidad radica en la planificación estatal.
*Nota publicada en Deuda Prometida, 16/08/25.