Por Romina De Luca*
Mucho se habla en educación de la incidencia del gasto a la hora de pensar distintos problemas. Que si los docentes ganan mucho o poco, el estado de las escuelas, su capacidad tecnológica, el rendimiento escolar y cómo revertir la crisis educativa. Mayor centralidad tiene hoy en la agenda la problemática del gasto en el seno de un gobierno que hizo del ajuste una bandera y ni siquiera el financiamiento educativo quedó a salvo de la motosierra. En efecto, desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el financiamiento educativo se encuentra en franco retroceso. Entre 2023 y 2025, el gasto en educación efectuado por la Nación -Administración Pública Nacional- cayó de 1,48% del PBI a 0,88%. La brutalidad del ajuste actual no debe construir pasados idílicos. Se trata de examinar qué grado de verdad hay en cada aspecto. Veamos.
Comencemos por los aniversarios. En diciembre, la Ley de Financiamiento Educativo cumplirá 20 años. Acumula en su haber más promesas que logros. Allí se propuso alcanzar, en 2010, un presupuesto para “educación, ciencia y tecnología” equivalente al 6% del PBI para, una vez logrado ese piso, seguir creciendo. Sin embargo, esa meta -según como se hagan las cuentas- se cumplió únicamente en 2013 y 2015. En aquellos años, los cálculos oficiales, subestimando la inflación, relataron un sobrecumplimiento de los objetivos entre 2006 y 2014. Pero este proceso nunca existió ni siquiera al inicio: el gasto fue menor también en 2006, 2007 y 2008. Desde 2006, las metas solo se cumplieron en tres sobre diez años. Para ser justos, también es cierto, que las mayores caídas previas al ascenso de LLA se dieron bajo la gestión macrista: en todos los años de gobierno, pero siendo mayores en 2018, 2019. La presidencia de Alberto Fernández durante su primer año de la Pandemia (2020) encaja con ese ciclo a la baja. Por eso, se calculó la “deuda educativa acumulada” originada en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento en la friolera de un 5% del PBI de 2020 equivalente a 26.000 millones de dólares. Cierto es que medir la evolución del “esfuerzo” educativo solo con esta variable nos dice poco: el mismo esfuerzo porcentual variará según la magnitud de la riqueza disponible. Y dada la ciclotimia de la economía argentina, este no es un dato menor.
Así las cosas, la Ley de Financiamiento estableció un “futurible teórico” para la educación que no solo no se cumplió, sino que dejó un vacío clave: cuánto, cómo y quién realizará los aportes. Ya en 2019 Alejandro Morduchowicz señaló “no hay reglas claras y duraderas sobre cuánto, cómo y quién debe aportar el dinero para la educación”. El resultado para un sistema educativo descentralizado no sorprende: de cada 100 pesos que se gastan en educación, 75 salen de las provincias cuando en 1980 la relación era 55 de cada 100.
La evolución del gasto educativo provincial, entre 2001 y 2023 permite complejizar este cuadro. Existe cierto consenso en que el cambio de milenio coincide con una etapa de expansión del gasto educativo. Por el momento, dejamos en suspenso contabilizar que esa bonanza no puede escindirse de la crisis que ocasionó diciembre de 2001 y los valores excepcionales de la soja durante los primeros años del gobierno de Néstor. Sobre ese crecimiento, se construye una idea con mucha mitología: esa que nos hace suponer que desde 2006 el gasto educativo crece de forma continua y el ajuste macrista vino a desandar. Como todo mito, o ideología, contiene una parte verdadera y otra ficticia.
Verdadero. Luego de la disminución del gasto educativo post 2001, medido en términos reales, a partir del 2004/2005, en todas las jurisdicciones, se inicia una fase de crecimiento del gasto educativo. También es cierto, que la mayoría de los años del macrismo desandan una parte nada menor de esa expansión: si tomamos como base 100 el año 2015, que es el punto más álgido, en nuestra serie, la caída del gasto provincial total es de un 21% a 2020. El cierre del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner dejan, en diciembre de 2023, ese gasto un 7% por debajo respecto a 2015. Tan verdadero ello, como que el ajuste de Milei entre 2024 y 2025 “empequeñece” estas caídas y refuerza la mirada que todos tenemos de nuestra “economía en el corto plazo”: todo tiempo pasado, en materia de gasto educativo, pareciera ser mejor.
No obstante, los matices o componentes ideológicos aparecen cuando miramos con mayor detalle. Corrámonos de nuestro bolsillo inmediato y veamos el asunto en clave científica. El 2015 expresa claramente la dinámica electoral: respecto del 2014, el gasto en todo el país crece 10%. Proceso que se ve facilitado por la devaluación fomentada por Axel Kicillof, en 2014, y lo que llamaríamos hoy el “plan platita” de esos años. Cuadro que también le cabe a la fabulosa recuperación que se observa para el 2023, en esta oportunidad, gracias a Sergio Massa y su propia carrera a la presidencia capitaneando, en esos tiempos, nada menos que el Ministerio de Economía. Más aún. El 2015 es un año “excepcional” dentro de su propio contexto. En rigor, el gasto educativo provincial total se expande hasta 2011 y permanece estancado, con pequeñas oscilaciones a la baja -2012 y 2014 -o la suba -2013- cuando en 2015 pica en punta. Es decir, el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la excepción del 2015, se corresponde con lo que ella misma denominó “sintonía fina”.
Ese ritmo, se observa en cada una de las 24 jurisdicciones del país. Tiene algunas variaciones, claro, pero no alteran esa dinámica general. Si consideramos que el 80% del gasto educativo se concentra en “personal”, menos del 3% en bienes y entre un 12 y 13% en transferencias al sector privado para afrontar, en su mayoría, pago de salarios, hallamos las causas de las especificidades locales. Las variaciones se ubican en la capacidad de lucha de cada sindicato docente.
Lo que queda claro, al analizar estos números, es que tenemos una deuda muy grande con educación. Podemos discutir, y sería muy correcto, que no alcanza con gastar más: hay que tener una mirada estratégica y planificar qué, dónde y cómo gastar. Una deuda que profundizó -y mucho- el gobierno libertario, pero tenía varios créditos acumulados antes. El macrismo hizo lo suyo, pero el impulso de la Ley de Financiamiento, con suerte, llegó hasta 2011. Así, la educación no le escapó nunca a los vaivenes de la economía. Y mientras nuestro país marche hacia Belindia -niveles crecientes de desigualdad- no saldará nunca esa deuda con la educación de las futuras generaciones y seguirá encontrando en la descentralización una política muy conveniente.
*Nota publicada en Deuda Prometida, 02/08/25.