En el día de ayer, el Ministerio de Salud de la Nación anunció por sus redes que no renovará los contratos de 1.400 trabajadores/as que se desempeñan en dicha dependencia, tanto en organismos descentralizados como en hospitales con dependencia de dicho ministerio nacional. Las notificaciones de despidos ya empezaron a llegar en algunos de los hospitales nacionales, como el Hospital Sommer de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, donde se anunciaron 130 despidos, y en el Bonaparte en CABA, en donde ya se anunciaron otros 200 (¡la mitad del personal de este efector!). Esta oleada de despidos en salud se suma a la de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, donde en diciembre se anunció el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y otras reparticiones junto con 2.400 despidos, y otros organismos, como Parques Nacionales, donde también hubo despidos.
El ataque que lleva adelante el gobierno nacional hacia los trabajadores estatales es un plan sistemático que se ve reflejado en los despidos masivos, en los ajustes de salario por debajo de la inflación, que hoy ya han perdido más del 35% de su poder adquisitivo, en el cierre de programas y políticas públicas, y en el mal llamado “examen de idoneidad” que estigmatiza al trabajador y que no se corresponde con las verdaderas tareas llevadas adelante en cada área de cada organismo. Se trata de medidas que apuntan a vaciar todas las dependencias estatales, sea por acción de la motosierra o por la renuncia de trabajadores cansados de no llegar a fin de mes.
En el Ministerio de Salud la excusa para estos nuevos despidos es que existen irregularidades de contratación, duplicación de funciones e incumplimiento de tareas. Pero en Salud no sobra personal sino todo lo contrario. Según la página oficial del Ministerio, hoy trabajan allí 3.400 personas. Si se incluyen los organismos descentralizados (como INCUCAI, ANMAT o el Instituto Nacional del Cáncer) y los 12 hospitales públicos nacionales, como el Garrahan o el Bonaparte, en la órbita del Ministerio se desempeñan 6.561 trabajadores. Sin embargo, la dotación óptima para el área, tal como reconoce el gobierno en la página del Ministerio, es de 7.889 agentes. Si hubiera duplicación de funciones o contrataciones irregulares, se podrían asignar a los muchos puestos sin cubrir que existen en el área.
Durante 2024, la salud pública recibió ataques constantes, como la amenaza de cierre del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte o del Centro de Salud Mental N°1 “Dr. Hugo Rosarios” en el barrio de Nuñez. Los despidos (como en el Hospital Posadas), la precarización de los contratos, el deterioro salarial, en particular en los residentes y concurrentes, y la falta de insumos, como denunciaron los trabajadores del Hospital Garrahan en el marco de su plan de lucha, dificultaron la atención en los hospitales públicos. Las políticas de salud también se vieron afectadas con el cierre del Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables, mediante Resolución 6184/2024, con la derogación del Programa de Salud en Contexto de Encierro, a través de la Resolución 2/2025 y con la eliminación de las Direcciones de TBC, hepatitis virales y lepra mediante el decreto 1138 /2024. También se avanzó en el cierre del Programa de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que alcanzó resultados sanitarios exitosos, reduciendo drásticamente los embarazos no intencionales en adolescentes.
Detrás de estos ataques se encuentran los más diversos intereses: desde el intento de vender inmuebles a los amigos (como en el caso del Centro de Salud Mental N° 1) hasta la reducción de un gasto que al gobierno no le interesa sostener. No les interesa sostener un sistema de salud pública funcionando: en la Argentina libertaria quien quiera acceder a la salud se la tendrá que pagar, y quien no pueda hacerlo, estará condenado a morir sin atención. Vienen a destruir la salud pública cuando más necesaria se hace, porque la crisis económica lleva a que muchas familias no puedan seguir pagando prepagas o dejen de tener acceso al sistema de seguridad social al quedarse sin trabajo. El sistema público de salud deberá absorber el aumento de la demanda con un presupuesto que ya no alcanza para el pago de sueldos ni para la compra de insumos, y si no frenamos los despidos, con 1.400 trabajadores menos.
A los ataques recibidos en 2024 los trabajadores respondimos con un gran proceso de movilización y con el apoyo de la comunidad, gracias a lo que conseguimos por ejemplo que el Bonaparte y el Centro de Salud Mental N° 1 no se cierren. Es hora de volver a las calles, porque en esta lucha se nos va la vida.1400 despidos para desmantelar la salud pública
En el día de ayer, el Ministerio de Salud de la Nación anunció por sus redes que no renovará los contratos de 1.400 trabajadores/as que se desempeñan en dicha dependencia, tanto en organismos descentralizados como en hospitales con dependencia de dicho ministerio nacional. Las notificaciones de despidos ya empezaron a llegar en algunos de los hospitales nacionales, como el Hospital Sommer de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, donde se anunciaron 130 despidos, y en el Bonaparte en CABA, en donde ya se anunciaron otros 200 (¡la mitad del personal de este efector!). Esta oleada de despidos en salud se suma a la de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, donde en diciembre se anunció el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y otras reparticiones junto con 2.400 despidos, y otros organismos, como Parques Nacionales, donde también hubo despidos.
El ataque que lleva adelante el gobierno nacional hacia los trabajadores estatales es un plan sistemático que se ve reflejado en los despidos masivos, en los ajustes de salario por debajo de la inflación, que hoy ya han perdido más del 35% de su poder adquisitivo, en el cierre de programas y políticas públicas, y en el mal llamado “examen de idoneidad” que estigmatiza al trabajador y que no se corresponde con las verdaderas tareas llevadas adelante en cada área de cada organismo. Se trata de medidas que apuntan a vaciar todas las dependencias estatales, sea por acción de la motosierra o por la renuncia de trabajadores cansados de no llegar a fin de mes.
En el Ministerio de Salud la excusa para estos nuevos despidos es que existen irregularidades de contratación, duplicación de funciones e incumplimiento de tareas. Pero en Salud no sobra personal sino todo lo contrario. Según la página oficial del Ministerio, hoy trabajan allí 3.400 personas. Si se incluyen los organismos descentralizados (como INCUCAI, ANMAT o el Instituto Nacional del Cáncer) y los 12 hospitales públicos nacionales, como el Garrahan o el Bonaparte, en la órbita del Ministerio se desempeñan 6.561 trabajadores. Sin embargo, la dotación óptima para el área, tal como reconoce el gobierno en la página del Ministerio, es de 7.889 agentes. Si hubiera duplicación de funciones o contrataciones irregulares, se podrían asignar a los muchos puestos sin cubrir que existen en el área.
Durante 2024, la salud pública recibió ataques constantes, como la amenaza de cierre del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte o del Centro de Salud Mental N°1 “Dr. Hugo Rosarios” en el barrio de Nuñez. Los despidos (como en el Hospital Posadas), la precarización de los contratos, el deterioro salarial, en particular en los residentes y concurrentes, y la falta de insumos, como denunciaron los trabajadores del Hospital Garrahan en el marco de su plan de lucha, dificultaron la atención en los hospitales públicos. Las políticas de salud también se vieron afectadas con el cierre del Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables, mediante Resolución 6184/2024, con la derogación del Programa de Salud en Contexto de Encierro, a través de la Resolución 2/2025 y con la eliminación de las Direcciones de TBC, hepatitis virales y lepra mediante el decreto 1138 /2024. También se avanzó en el cierre del Programa de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que alcanzó resultados sanitarios exitosos, reduciendo drásticamente los embarazos no intencionales en adolescentes.
Detrás de estos ataques se encuentran los más diversos intereses: desde el intento de vender inmuebles a los amigos (como en el caso del Centro de Salud Mental N° 1) hasta la reducción de un gasto que al gobierno no le interesa sostener. No les interesa sostener un sistema de salud pública funcionando: en la Argentina libertaria quien quiera acceder a la salud se la tendrá que pagar, y quien no pueda hacerlo, estará condenado a morir sin atención. Vienen a destruir la salud pública cuando más necesaria se hace, porque la crisis económica lleva a que muchas familias no puedan seguir pagando prepagas o dejen de tener acceso al sistema de seguridad social al quedarse sin trabajo. El sistema público de salud deberá absorber el aumento de la demanda con un presupuesto que ya no alcanza para el pago de sueldos ni para la compra de insumos, y si no frenamos los despidos, con 1.400 trabajadores menos.
A los ataques recibidos en 2024 los trabajadores respondimos con un gran proceso de movilización y con el apoyo de la comunidad, gracias a lo que conseguimos por ejemplo que el Bonaparte y el Centro de Salud Mental N° 1 no se cierren. Es hora de volver a las calles, porque en esta lucha se nos va la vida.
Vía Socialista, 16 de enero de 2025