La política del gobierno nacional no resuelve nada, puesto que el ajuste sobre las provincias solo complicará las precarias condiciones sociales, incluidas las que figuran como más prósperas.
Damián Bil*
El enfrentamiento entre Presidencia y los gobernadores puso otra vez sobre la mesa la disputa por los fondos que Nación gira a las jurisdicciones. Más allá de las razones que esgrimen ambos, la situación es muestra de una crisis aguda que se vive desde hace décadas, escondida bajo la alfombra por los ingresos de los commodities y la posibilidad de endeudamiento masivo. Agotados esos recursos, el déficit reaparece y los eslabones más débiles colapsan. Por eso, es necesario pensar las condiciones del territorio, su carácter productivo y la dinámica de sus ingresos, para entender sus límites y pensar una solución progresiva.
Todas las provincias tienen estructuras productivas; algunas, con relevancia nacional, por lo que cuentan con cierta capacidad de maniobra. Cabe señalar que las jurisdicciones ejecutan su presupuesto mediante dos fuentes centrales: tributos provinciales (ingresos brutos, inmobiliario, sellos) y emisión de deuda, e impuestos nacionales que se coparticipan (bienes personales, IVA, combustibles) junto a otras transferencias federales. En determinados casos, aparece una tercera: las regalías. Provincias que cuentan con recursos mineros o hidrocarburos obtienen pagos por derecho de explotación de ese patrimonio. En algunas, las regalías son un factor determinante en su ingeniería presupuestaria.
El potencial de una provincia y su volumen de recaudación es función directa de su capacidad productiva. Contamos con un indicador de ello en el Producto Bruto Geográfico. En base a un trabajo conjunto de CEPAL y del Ministerio de Economía (2022), en promedio para el período 2003-2022 solo cinco jurisdicciones generan tres cuartas partes de la riqueza nacional: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Con Entre Ríos, Neuquén y Chubut, tenemos el 80% del valor bruto total. Es evidente que el corazón económico del país se encuentra en las provincias de la denominada Región pampeana, con el agregado de Mendoza y de las productoras de hidrocarburos.
Esto también se refleja en las exportaciones. Solo Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba representan el 70% de los envíos al exterior, más otro 13% que agregan Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Entre Ríos y San Juan. Neuquén, de pobre performance entre 2015 y 2019, se ubicó en 2022 en el cuarto lugar entre las de mayor valor de exportación, por los envíos del sector energía. A su vez, Catamarca, que concentraba el 2,3% del total nacional hasta 2012 gracias a la minería, hoy apenas es el 0,2%.
Pocas explican el grueso de la generación de riqueza nacional. Por eso atraen población y tienen mayor participación en la producción de servicios. Ergo, sus administraciones poseen considerable capacidad recaudatoria. Es el caso de Patagonia, donde los recursos provinciales y las regalías representan un 58% del presupuesto, siendo Neuquén la provincia donde el porcentaje de recursos nacionales es menor (25%) y Río Negro la de mayor (62,5%). En la Región pampeana, un 55% del gasto se cubre con recursos provinciales y regalías, con CABA y Buenos Aires como las que menor porcentaje de fondos nacionales consumen y Entre Ríos como la que más utiliza. En el resto de las regiones, la relación se invierte: Cuyo (68,3%), Noreste (74,2%) y Noroeste (81,6%) dependen con suma intensidad de los fondos federales, ocupando el podio Santiago del Estero (87,4%), Jujuy (88%) y La Rioja (89%). Esta realidad se refleja en el tipo de empleo, ya que los distritos con menor capacidad tienen una baja relación empleo privado / empleo público provincial. Su población no puede ser absorbida por actividades productivas y termina o bien sirviendo de reservorio de mano de obra para otras regiones, o bien “asistida” (y retenida clientelarmente) en forma de empleo público provincial o municipal con bajos salarios. Como muestra, el informe elaborado por la Secretaría de Política Económica sobre el Chaco en 2021 señalaba que, a pesar de contar con una desocupación de la mitad de la media, los ingresos per cápita eran 25% menores a los del promedio nacional; mientras que su tasa de pobreza estaba once puntos y la de indigencia casi nueve por encima de la media. Pero esto también ocurre en las provincias aparentemente más ricas: la misma fuente destacaba que los niveles de pobreza e indigencia en Buenos Aires y Entre Ríos eran superiores a la media nacional por más de dos puntos, mientras que la desocupación en Buenos Aires y Córdoba superaba también el promedio. A pesar de las mejoras en los indicadores de ocupación y previsionales, en el grueso del territorio se incrementó la pobreza. Evidencia de los límites de este sistema en la Argentina.
En ese marco, la política del gobierno nacional no resuelve nada, puesto que el ajuste sobre las provincias solo complicará las precarias condiciones sociales, incluidas las que figuran como más prósperas. Lejos de la tradición de sus héroes históricos, que unificaron un territorio y fundaron un país bajo la égida de una clase social (la burguesía), las medidas libertarias atentan contra la integridad nacional. Eso se observa en las respuestas a la situación: el cobro de impuestos a las mercancías que entran al territorio (Jujuy), la emisión de cuasi monedas (La Rioja), la amenaza de desabastecer al mercado interno de crudo (Chubut), entre otras. O sea, el camino hacia un resquebrajamiento de la unidad nacional. El sostenimiento “artificial” de porciones del territorio para que su población apenas sobreviva, tampoco es una solución real. Los que nos trajeron hasta aquí no tienen salidas progresivas. Es hora de pensar una Argentina que planifique la asignación de recursos y que organice la territorialidad en función de ello. Una Argentina productiva, donde cada región tenga un papel en la generación y sobre todo en el aumento de la riqueza, que posibilite elevar el nivel de vida bajo otras condiciones sociales. Es el desafío de la hora.
*Publicado en Perfil, 2/3/24